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19 May 2022 - 5:00 a. m.

Separación de poderes

El poder de la Procuraduría General de la Nación para suspender o destituir a alcaldes y gobernadores descansa sobre el respeto a la separación de poderes y la independencia de la rama judicial. Ha sido importante en casos como el de Juan Francisco Gómez Cerchar, alias Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira condenado por homicidio.

Es la instancia que permite interrumpir los casos en los que un poder local se apropia del aparato de gobierno para impulsar desde ahí la corrupción y la mafia.

Es más expedita en comparación con las exigencias y trámites de una orden de captura impulsada por la Fiscalía General de la Nación. Es una sanción administrativa exprés para impedir que un gobernante local gobierne.

Precisamente también por ello es fácil abusar del poder de la Procuraduría dentro de la legalidad. Es su competencia constitucional suspender provisionalmente a un servidor público elegido por voto popular, solo porque se abrió una investigación.

La Procuraduría General, que por su poder sobre los funcionarios de todo el abanico político debería ser el órgano menos politizado, por ese mismo motivo suele ser el más politizado.

Margarita Cabello tiene una hoja de vida estelar, pero ha sido cercana al uribismo. Su paso del Ministerio de Justicia del gobierno actual a Procuradora General de la Nación suscita preguntas sobre cuánto tiempo debería transcurrir antes que un funcionario del gobierno pueda aspirar a un alto cargo del Ministerio Público o de la rama judicial. Quizás, al menos, debería acabar el gobierno en el que esta persona participó.

Vivimos en el gobierno que ha tenido el nivel más bajo de separación de poderes desde, probablemente, la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, o los gobiernos del estado de excepción de los años 80. No es solo la procuradora Cabello, sino el fiscal Barbosa quienes han pasado del gobierno directamente a cargos que deberían ser independientes de la rama ejecutiva.

La presunta participación en política del alcalde Daniel Quintero puede investigarse y puede sancionarse, pero este proceso disciplinario no puede usarse como un ataque político de desestabilización a dos semanas de las elecciones presidenciales.

Es entendible que se utilice la figura de la suspensión para evitar que un funcionario que está participando en política a pocas semanas de las elecciones lo siga haciendo. Sin embargo, debería haber una instancia que confirme o niegue la solicitud de suspensión de la Procuraduría. No debería ser una decisión que dependa de un solo funcionario, siendo que, como hemos visto, es posible que este funcionario tenga no solo preferencias políticas, sino que venga de trabajar en el gobierno de turno.

Si bien es cierto que la Procuradora Cabello, quizás queriendo dar una muestra de ecuanimidad, también suspendió al alcalde de Ibagué, la maniobra ha desestabilizado las instituciones. El problema no es simplemente de la persona que ocupa el cargo en ese momento, sino de la doble fisura estructural que supone poder nombrar a un Procurador que venga del gobierno de turno, y que las suspensiones o inhabilidades que se lancen desde la Procuraduría no deban ser confirmadas por ninguna otra institución antes de ser efectivas. Es un poder desmedido.

Así que el problema no es simplemente la procuradora Cabello o sus decisiones. El problema es una estructura fallida que debilita la separación de poderes.

En el caso de Quintero, por una laguna jurídica, el exjefe de la procuradora Cabello, Iván Duque, pudo nombrar al nuevo alcalde de Medellín; y, oh sorpresa, al igual que el fiscal general y la procuradora, el nuevo alcalde encargado de Medellín viene de su gabinete.

El miedo de muchos es que Gustavo Petro acapare el poder si llega a ser presidente. Sin embargo, durante los primeros tres años de su gobierno, la persona que tendrá el poder de suspender o destituir a sus funcionarios será la Procuradora Cabello. Si Petro llega a la presidencia, más que acaparar las instituciones, estará acorralado por las instituciones (incluso por altos oficiales de las fuerzas armadas, que ya han dicho públicamente que no quieren que sea presidente).

La separación de poderes no debería ocurrir porque el Procurador o Fiscal General de un gobierno hayan sido funcionarios del gobierno anterior, que era un partido de oposición. Eso no es separación de poderes, sino polarización de poderes.

Así que no solo debería haber varios años de inhabilidad para que funcionarios gubernamentales ocupen estos cargos (por lo menos no debería seguir en ejercicio el presidente para el que trabajaron), sino instancias que confirmen sus decisiones más poderosas. Estamos pasados de que la Procuraduría General deba acudir, por ejemplo, a una suerte de juez de control de garantías antes de suspender o destituir a los funcionarios.

Twitter: @santiagovillach

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