La política de drogas en Colombia da un paso para adelante y dos para atrás. Si bien durante la primera mitad de la década de 2010 llegó a vislumbrarse la posibilidad de una lenta transformación hacia la reducción de la violencia rural relacionada al narcotráfico, estamos regresando a lo que nos era familiar en las décadas de 1990 y el 2000: luchas entre organizaciones criminales por el control de las rutas de narcotráfico y criminalización del cultivo de coca.
No es solo por la victoria del Centro Democrático en el 2018. La del Partido Republicano en el 2016 reivindicó el prohibicionismo, una política infame que eterniza la criminalidad, pues la única forma de acabar con el narcotráfico es legalizar la cocaína. Admito que durante los últimos años me ha ilusionado que la legalización de la marihuana acelere la de la cocaína, pero es probable que una reducción sustancial de la violencia en Colombia gracias a esta reforma esté a décadas de distancia.
La lucha contra el narcotráfico se apoya sobre la falsa premisa de que es posible ganarla, o al menos es la premisa que se le vende al público. Seguramente, a quienes desde las instituciones promueven la lucha contra el narcotráfico les da igual si se acaba o no, e incluso preferirían que no se acabara, porque es una actividad que genera miles de millones de dólares en contratos y compras, todas pagadas por el erario público, es decir, nuestros impuestos. Además, la mayoría de estos gastos son reservados, así que impera la corrupción. ¿Por qué iban a matar a la gallinita de los huevos de oro?
Aunque no debíamos hablar de gallinita, sino de vampiro, pues el narcotráfico es un chupasangre inmortal. No hay un solo elemento del negocio que pueda eliminarse con políticas estatales.
Vamos por cada eslabón de la cadena. Ni siquiera las políticas más draconianas, como las de China, logran acabar el consumo. No hay institución de supervisión o vigilancia bancaria que pueda detener el flujo del lavado de dinero. Matar narcotraficantes o meterlos a la cárcel no hace sino despejarles el camino a los que están listos para ascender. Eliminar rutas clandestinas simplemente las trasladará. Los laboratorios son tan ubicuos y fáciles de montar que incluso los instalan en la finca del embajador de Colombia en Uruguay, a unos pocos kilómetros de Bogotá. La planta brota fácilmente de la tierra y madura en unos pocos meses, dando varias cosechas al año. El clima de Colombia permitiría que se sembrara en casi toda la extensión del territorio.
La derecha colombiana, y la del mundo, vive bajo la delirante noción de que es posible eliminar los cultivos de coca si se fumiga con el suficiente glifosato. No me cabe en la cabeza que quienes diseñan estas políticas de verdad sean tan tontos como para creérselo. Más bien se aprovechan de la candidez y bienintencionada ignorancia de sus seguidores, y sacan beneficios de los gastos que genera esta política. Estos beneficios no necesariamente son por "serruchos" o por corrupción, aunque mucho de esto debe haber. También lo es tener una cifra tangible y fácil de controlar, que dé cuenta del "éxito" de la lucha contra las drogas.
Toda burocracia necesita medir su gestión. El éxito en la captura de narcotraficantes, incautación de cocaína y destrucción de laboratorios es más incierto que fumigar cultivos de coca. Si se deben presentar cifras de éxito en la lucha contra las drogas, pues la cifra más fácil de inflar es la de aspersión de cultivos. Se necesita menos inteligencia policial y se corren menos riesgos. La fumigación es también más fácil en la práctica que la erradicación manual.
El más afectado con esta práctica es el campesino, pues el narco puede conseguir la pasta de varias fuentes. Pero eso es irrelevante para quienes diseñan la política. Lo importante es que los Estados Unidos puedan vendernos sus químicos y a la vez reciban cifras de hectáreas erradicadas, para a su vez presentarlas como resultado de sus propias políticas antidrogas en el mundo.
La erradicación manual y la entrada lenta, paulatina, del Estado a las zonas donde había cultivos, en especial mediante la construcción de vías terciarias, es la única estrategia que genera ciertos avances en mantener zonas rurales libres de coca, si bien no es una solución en sentido estricto. Como vemos hoy, es una estrategia muy frágil, que depende de la ideología del gobernante de turno, que será siempre variable, y de que los erradicadores manuales puedan acceder a esas zonas sin que los maten.
A menudo recibo críticas porque mi posición no da lugar a buscar soluciones. Tienen razón. Yo no veo otra solución que legalizar. Entretanto, sin embargo, al menos es menos grave trabajar con las comunidades cocaleras, darles ciertas salidas o al menos comprender sus dificultades. El Programa Integral para la Sustitución de Cultivos Utilizados con Fines Ilícitos no iba a lograr sus más grandes ambiciones, pero era un paliativo mientras llegaba la solución de fondo. Echarles glifosato encima a los campesinos para darle contentillo al Partido Republicano me parece llanamente cruel.
Twitter: @santiagovillach
La política de drogas en Colombia da un paso para adelante y dos para atrás. Si bien durante la primera mitad de la década de 2010 llegó a vislumbrarse la posibilidad de una lenta transformación hacia la reducción de la violencia rural relacionada al narcotráfico, estamos regresando a lo que nos era familiar en las décadas de 1990 y el 2000: luchas entre organizaciones criminales por el control de las rutas de narcotráfico y criminalización del cultivo de coca.
No es solo por la victoria del Centro Democrático en el 2018. La del Partido Republicano en el 2016 reivindicó el prohibicionismo, una política infame que eterniza la criminalidad, pues la única forma de acabar con el narcotráfico es legalizar la cocaína. Admito que durante los últimos años me ha ilusionado que la legalización de la marihuana acelere la de la cocaína, pero es probable que una reducción sustancial de la violencia en Colombia gracias a esta reforma esté a décadas de distancia.
La lucha contra el narcotráfico se apoya sobre la falsa premisa de que es posible ganarla, o al menos es la premisa que se le vende al público. Seguramente, a quienes desde las instituciones promueven la lucha contra el narcotráfico les da igual si se acaba o no, e incluso preferirían que no se acabara, porque es una actividad que genera miles de millones de dólares en contratos y compras, todas pagadas por el erario público, es decir, nuestros impuestos. Además, la mayoría de estos gastos son reservados, así que impera la corrupción. ¿Por qué iban a matar a la gallinita de los huevos de oro?
Aunque no debíamos hablar de gallinita, sino de vampiro, pues el narcotráfico es un chupasangre inmortal. No hay un solo elemento del negocio que pueda eliminarse con políticas estatales.
Vamos por cada eslabón de la cadena. Ni siquiera las políticas más draconianas, como las de China, logran acabar el consumo. No hay institución de supervisión o vigilancia bancaria que pueda detener el flujo del lavado de dinero. Matar narcotraficantes o meterlos a la cárcel no hace sino despejarles el camino a los que están listos para ascender. Eliminar rutas clandestinas simplemente las trasladará. Los laboratorios son tan ubicuos y fáciles de montar que incluso los instalan en la finca del embajador de Colombia en Uruguay, a unos pocos kilómetros de Bogotá. La planta brota fácilmente de la tierra y madura en unos pocos meses, dando varias cosechas al año. El clima de Colombia permitiría que se sembrara en casi toda la extensión del territorio.
La derecha colombiana, y la del mundo, vive bajo la delirante noción de que es posible eliminar los cultivos de coca si se fumiga con el suficiente glifosato. No me cabe en la cabeza que quienes diseñan estas políticas de verdad sean tan tontos como para creérselo. Más bien se aprovechan de la candidez y bienintencionada ignorancia de sus seguidores, y sacan beneficios de los gastos que genera esta política. Estos beneficios no necesariamente son por "serruchos" o por corrupción, aunque mucho de esto debe haber. También lo es tener una cifra tangible y fácil de controlar, que dé cuenta del "éxito" de la lucha contra las drogas.
Toda burocracia necesita medir su gestión. El éxito en la captura de narcotraficantes, incautación de cocaína y destrucción de laboratorios es más incierto que fumigar cultivos de coca. Si se deben presentar cifras de éxito en la lucha contra las drogas, pues la cifra más fácil de inflar es la de aspersión de cultivos. Se necesita menos inteligencia policial y se corren menos riesgos. La fumigación es también más fácil en la práctica que la erradicación manual.
El más afectado con esta práctica es el campesino, pues el narco puede conseguir la pasta de varias fuentes. Pero eso es irrelevante para quienes diseñan la política. Lo importante es que los Estados Unidos puedan vendernos sus químicos y a la vez reciban cifras de hectáreas erradicadas, para a su vez presentarlas como resultado de sus propias políticas antidrogas en el mundo.
La erradicación manual y la entrada lenta, paulatina, del Estado a las zonas donde había cultivos, en especial mediante la construcción de vías terciarias, es la única estrategia que genera ciertos avances en mantener zonas rurales libres de coca, si bien no es una solución en sentido estricto. Como vemos hoy, es una estrategia muy frágil, que depende de la ideología del gobernante de turno, que será siempre variable, y de que los erradicadores manuales puedan acceder a esas zonas sin que los maten.
A menudo recibo críticas porque mi posición no da lugar a buscar soluciones. Tienen razón. Yo no veo otra solución que legalizar. Entretanto, sin embargo, al menos es menos grave trabajar con las comunidades cocaleras, darles ciertas salidas o al menos comprender sus dificultades. El Programa Integral para la Sustitución de Cultivos Utilizados con Fines Ilícitos no iba a lograr sus más grandes ambiciones, pero era un paliativo mientras llegaba la solución de fondo. Echarles glifosato encima a los campesinos para darle contentillo al Partido Republicano me parece llanamente cruel.
Twitter: @santiagovillach