Probablemente tendremos que hacer un proceso de paz adicional en el futuro -o más de uno- para desmovilizar a los ejércitos narcotraficantes rurales que proliferan en Colombia. Dado que el propósito de este proceso sería reducir la cantidad de estos grupos y su poder, y no necesariamente el de hacer cambios en el sistema político y social, sería más parecido al proceso de Justicia y Paz que al Acuerdo Final para una Paz Sostenible y Duradera.
Esta es una columna de preguntas, más que de opiniones. Va la primera: ¿se debería considerar al narcotráfico como un delito que, por su propia naturaleza, sea merecedor de reducciones de penas y procesos de dejación de armas?
Sería equiparar, de cierta manera, al crimen organizado con la guerrilla y los paramilitares. Esto no es descabellado. Las organizaciones guerrilleras y paramilitares eran en la práctica grandes estructuras de crimen organizado. Lo que las distinguía de los carteles era la concha de lo político.
La lucha política, o antisubversiva, era lo que permitía hacer un proceso de paz y dejación de armas que tuviera un cierto sentido ético con guerrilleros y paramilitares. La guerrilla quería cambios a estructuras sociales, económicas y políticas que eran injustas. Las autodefensas, por su parte, se protegían de las agresiones guerrilleras. Pero esta es una visión romantizada de lo que en realidad estuvo sucediendo durante los últimos 20 años de conflicto. El control de territorios y el narcotráfico eran fines en sí mismos para buena parte de las estructuras. Es uno de los motivos más poderoso por los que hay procesos de paz y dejaciones de armas, pero las estructuras armadas ilegales se mantienen.
La solución estructural esencial es la legalización del comercio internacional de cocaína, pero eso no va a suceder en el mediano plazo, y quizás tampoco el largo. ¿Qué hacer entonces con las estructuras de crimen organizado que hacen metástasis? En la práctica el Acuerdo de Paz de 2016 presenta unas soluciones a largo plazo que son correctas pero insuficientes. Si se profundizan, seguramente mejorarán las condiciones de seguridad y los tejidos sociales de algunas regiones, pero no van a eliminar el narcotráfico.
Hasta ahora, en los procesos de paz se ha intentado dejar por fuera al narcotraficante puro, pero no al paramilitar o guerrillero que hace narcotráfico. Se asume que el narcotraficante, por tener como fin el lucro propio, y no el cambio social o la autoprotección, no es sujeto digno de una mesa de negociaciones.
¿Qué sucede si le damos la vuelta a este argumento? Dado que el narcotraficante tiene como fin el lucro propio, y no el cambio social, es más fácil adelantar un proceso de negociación. Lo que quiere es más sencillo de dar, y en ese caso, para la contraparte la dejación de armas no implicaría sacrificar toda una vida de lucha, sino una opción práctica deseable. ¿Qué podrían ganar la sociedad y el Estado en esta dinámica?
Exceptuando el caso de familias adineradas y privilegiadas que entran al negocio del narcotráfico para acumular todavía más capital, lo cual es muy común, el narcotráfico y las actividades económicas que lo rodean (siembra de coca, procesamiento en laboratorios, tráfico de insumos, etc.), son unos de los motores más poderosos de movilidad social en Colombia. Los motivos por los que alguien se hace raspachín, o entra a producir cocaína en un laboratorio, no son tan distintos a los motivos que tuvieron muchos de quienes entraron a las Farc.
El narcotráfico en sí, en el fondo, es prácticamente una modalidad del contrabando. Lo complejo de esa actividad es la cantidad de delitos adicionales que se cometen como parte del negocio, siendo los más graves el asesinato, el desplazamiento, el reclutamiento forzado de niños y adultos, y el control armado sobre comunidades. Compartiendo otros altos lugares en esa misma lista, el tráfico de armas, y la corrupción de fuerza pública y funcionarios.
Así que hago otra pregunta: ¿habría alguna manera de usar la experiencia de tres procesos de paz para lograr contener los efectos más negativos del narcotráfico sobre las comunidades rurales y urbanas? ¿Se puede negociar con el crimen organizado para resguardar la tranquilidad de estas zonas y la vida de los habitantes?
En la práctica cosas peores se han hecho varias veces. El Estado se ha aliado con uno u otro bando en esta guerra para eliminar al otro. Si va a haber componendas y acuerdos, lo mejor en democracia sería hacerlo abiertamente. Así al menos puede haber cierta veeduría y no sucede todo por debajo de la mesa, incluyendo los pagos y sobornos.
Son preguntas incómodas, nebulosas y quizás inapropiadas, pero se lanzan en el espíritu de explorar mediante ejercicios mentales nuevas rutas y estrategias. Esta, que hemos aplicado desde 1978, aún no parece estar funcionando tan bien como quisiéramos, y no estoy convencido de que sea porque no hemos insistido lo suficiente en ella.
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