Todavía estamos en una etapa muy temprana y la vacunación obligatoria contra el COVID-19 no es posible. Sin embargo, tan pronto haya vacunas disponibles para toda la población (algo optimista teniendo en cuenta que vienen las terceras dosis), las instituciones públicas y privadas que puedan hacerlo sin violar el principio de la “dignidad humana” deberían presionar a quienes no quieren vacunarse, para lograr lo más parecido que la Constitución permita a una vacunación obligatoria.
Más que la vacunación obligatoria, prefiero la paciente persuasión. Sin embargo, hace poco me convencieron de esta posición varios casos de personas que se negaban a vacunarse mientras el Gobierno no dijera que era necesario, que se negaban tajantemente a mantener la discusión en el nivel de la argumentación racional (algo necesario para un ejercicio de persuasión) u otros que parecían necesitar una motivación más tangible que el miedo al contagio o la responsabilidad social.
La primera solución debe ser la escucha activa a quien tiene dudas sobre la vacuna y apaciguar sus temores con información y guía. Una vez haya vacunas disponibles para todos y la no vacunación no sea un tema de suministro sino de elección (no sé si el Tercer Mundo algún día llegue a eso), se deben a la vez implementar medidas para presionar la vacunación. Hay un abanico de restricciones que pueden aplicarse para quienes rechazan el paso más importante en el camino a superar esta pandemia.
Sin quebrar el derecho a que la gente decida qué deja entrar a su cuerpo y qué no, hay ciertas consecuencias que se podrían aplicar: por ejemplo, no ingresar a eventos masivos o bares, no trabajar en centros educativos ni asistir presencialmente, no trabajar en lugares donde haya atención a clientes, en fin.
Seguramente las líneas definitivas entre limitaciones legales o violatorias del derecho a decidir sobre el propio cuerpo las determinen los tribunales y la Corte Suprema de Justicia, porque habrá una ola de tutelas. Tengamos en cuenta, sin embargo, que la vacunación obligatoria ya existe para los niños.
Nuestras sociedades han sido comprensiblemente tímidas en tomar este paso. Despierta dilemas éticos que no tienen una feliz solución. La libertad del individuo queda limitada por la necesidad de proteger al colectivo, pues se ha demostrado que la vacunación es la forma más efectiva para reducir contagios y por ende nuevas cepas. Es un tema complejo y el peligro de que esta solución rígida se disemine hacia otros ámbitos no debe desestimarse. Escribo esta propuesta sin gusto.
Además, no puede implementarse antes de que haya vacunas libremente disponibles para cualquiera que quiera tenerlas, sin importar su lugar de residencia. En un país quebradizo y de comunicaciones difíciles como Colombia, donde la salud no llega a todas partes, puede que esta discusión sea sencillamente absurda. Es posible que nunca lleguemos al punto de tener suficientes vacunas o medios para hacerlas llegar a toda la población. Si es así, imponer restricciones a quienes no se vacunan no es posible. Una estrategia para promover la vacunación no puede convertirse en una medida para generar divisiones clasistas o regionalistas.
Lo digo de otra manera: toda medida de presión debe hacerse desde la base de que la vacuna está libremente disponible para el 100% de la población y que no vacunarse sea exclusivamente resultado de una elección personal.
Me parece más altruista la posición de quien insiste en no dejar de usar la razón y la paciencia hasta donde sea necesario, pero también un poco ingenua. Yo tenía esta posición hasta hace poco. Quizás la cambie de nuevo. No hay suficientes vacunas disponibles para implementar presiones, entonces aún hay tiempo para discutirlo. Por ahora nos podemos dar el lujo de dar este debate: aprovechémoslo.
Twitter: @santiagovillach
Todavía estamos en una etapa muy temprana y la vacunación obligatoria contra el COVID-19 no es posible. Sin embargo, tan pronto haya vacunas disponibles para toda la población (algo optimista teniendo en cuenta que vienen las terceras dosis), las instituciones públicas y privadas que puedan hacerlo sin violar el principio de la “dignidad humana” deberían presionar a quienes no quieren vacunarse, para lograr lo más parecido que la Constitución permita a una vacunación obligatoria.
Más que la vacunación obligatoria, prefiero la paciente persuasión. Sin embargo, hace poco me convencieron de esta posición varios casos de personas que se negaban a vacunarse mientras el Gobierno no dijera que era necesario, que se negaban tajantemente a mantener la discusión en el nivel de la argumentación racional (algo necesario para un ejercicio de persuasión) u otros que parecían necesitar una motivación más tangible que el miedo al contagio o la responsabilidad social.
La primera solución debe ser la escucha activa a quien tiene dudas sobre la vacuna y apaciguar sus temores con información y guía. Una vez haya vacunas disponibles para todos y la no vacunación no sea un tema de suministro sino de elección (no sé si el Tercer Mundo algún día llegue a eso), se deben a la vez implementar medidas para presionar la vacunación. Hay un abanico de restricciones que pueden aplicarse para quienes rechazan el paso más importante en el camino a superar esta pandemia.
Sin quebrar el derecho a que la gente decida qué deja entrar a su cuerpo y qué no, hay ciertas consecuencias que se podrían aplicar: por ejemplo, no ingresar a eventos masivos o bares, no trabajar en centros educativos ni asistir presencialmente, no trabajar en lugares donde haya atención a clientes, en fin.
Seguramente las líneas definitivas entre limitaciones legales o violatorias del derecho a decidir sobre el propio cuerpo las determinen los tribunales y la Corte Suprema de Justicia, porque habrá una ola de tutelas. Tengamos en cuenta, sin embargo, que la vacunación obligatoria ya existe para los niños.
Nuestras sociedades han sido comprensiblemente tímidas en tomar este paso. Despierta dilemas éticos que no tienen una feliz solución. La libertad del individuo queda limitada por la necesidad de proteger al colectivo, pues se ha demostrado que la vacunación es la forma más efectiva para reducir contagios y por ende nuevas cepas. Es un tema complejo y el peligro de que esta solución rígida se disemine hacia otros ámbitos no debe desestimarse. Escribo esta propuesta sin gusto.
Además, no puede implementarse antes de que haya vacunas libremente disponibles para cualquiera que quiera tenerlas, sin importar su lugar de residencia. En un país quebradizo y de comunicaciones difíciles como Colombia, donde la salud no llega a todas partes, puede que esta discusión sea sencillamente absurda. Es posible que nunca lleguemos al punto de tener suficientes vacunas o medios para hacerlas llegar a toda la población. Si es así, imponer restricciones a quienes no se vacunan no es posible. Una estrategia para promover la vacunación no puede convertirse en una medida para generar divisiones clasistas o regionalistas.
Lo digo de otra manera: toda medida de presión debe hacerse desde la base de que la vacuna está libremente disponible para el 100% de la población y que no vacunarse sea exclusivamente resultado de una elección personal.
Me parece más altruista la posición de quien insiste en no dejar de usar la razón y la paciencia hasta donde sea necesario, pero también un poco ingenua. Yo tenía esta posición hasta hace poco. Quizás la cambie de nuevo. No hay suficientes vacunas disponibles para implementar presiones, entonces aún hay tiempo para discutirlo. Por ahora nos podemos dar el lujo de dar este debate: aprovechémoslo.
Twitter: @santiagovillach