Hoy martes las víctimas del Cesar inician una manifestación popular pacífica para exigir el cumplimiento de las sentencias que ordenan la restitución de sus tierras.
Las víctimas del conflicto armado en el departamento del Cesar inician hoy, martes 3 de diciembre, una manifestación popular pacífica para exigir el cumplimiento de las sentencias que ordenan la restitución de sus tierras, de las que fueron desplazadas por paramilitares.
Algunas de estas tierras están en poder de Prodeco, subsidiaria en Colombia de Glencore Xstrata, la cuarta minera más grande del mundo y la principal comercializadora de commodities. Se trata de las parcelas número 32, 33, 34, 35 y 36, de la parcelación El Prado, en el municipio de La Jagua (según registros de junio de 2012). El resto de las parcelas de El Prado están a nombre del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER).
Las instituciones gubernamentales, y en especial el INCODER, han desestimado e ignorado las sentencias judiciales que ordenan la restitución de estas parcelas a 48 familias, que son las propietarias originales de 1.280 hectáreas que hoy se utilizan para la minería de carbón.
La sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que se dictó el 19 de junio del 2012, ordenaba que la restitución debía realizarse en el plazo de quince días hábiles. Ha pasado un año y medio y la sentencia no ha sido acatada.
El INCODER tiene la mayor parte de estas tierras y, según la sentencia, le corresponde a esta institución devolverlas o pagar su valor a los propietarios legítimos.
A las víctimas no les ha quedado otro recurso que salir a las calles a exigir pacíficamente el cumplimiento de sus derechos.
Desde el año pasado el INCODER ha pretendido renegociar sus obligaciones con las víctimas del conflicto armado colombiano, para restituir a menos familias que las afectadas un valor menor al que merecen.
Hay dos avalúos de estas tierras. El avalúo comercial, realizado por La Lonja de Propiedad Raíz del Cesar, y un avalúo gubernamental, realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El segundo es, por supuesto, mucho menor que el primero. Sin embargo, si las tierras no se van a restituir propiamente, las víctimas tienen derecho a que se les pague el valor que costarían en el mercado. Si no, el Estado estaría haciendo negocio sobre la base de una historia de violaciones a los derechos humanos.
Como si no fueran suficientes los once años de dolor y trashumancia que han debido soportar luego de la masacre y el desplazamiento que se cometió en la parcelación El Prado, ubicado en el municipio de La Jagua, las víctimas ahora deben soportar una ofensa más: que el Estado pretenda estafarlas.
En solidaridad con este reclamo, a la manifestación se unen las víctimas de Becerril, Codazzi, Mechoacán, Villacruz, Santafé, Chiriguana, Curumaní y Pailitas. Todas del departamento del Cesar, uno de los más golpeados por el horror de la guerra.
Es una manifestación colectiva, popular, que no tiene colores de uno u otro partido ni ideologías políticas. La manifestación está cobijada por el manto de legitimidad que otorga una sentencia en última instancia de la Corte Suprema de Justicia.
Y al tiempo que estas víctimas y sus representantes se la juegan toda por hacer cumplir la ley, sus esquemas de seguridad se ven reducidos a pesar del peligro y las amenazas que sobrellevan por aportar un grano de arena para cerrar las heridas del conflicto armado.
Ya he tratado en estas columnas el caso de Ludys Pedraza, representante de las víctimas de esta parcelación de El Prado y defensora de derechos humanos. En septiembre 28 de este año, a la doctora Pedraza le fue retirado un vehículo blindado y un guardaespaldas a causa de acusaciones hechas por un miembro de su equipo de seguridad, pero cuya veracidad jamás fue corroborada mediante una investigación formal.
He contactado a otras víctimas y me han manifestado el mismo reclamo: sus esquemas de seguridad se ven recortados luego de que un miembro del esquema las acusa de infracciones como cambiar vales de gasolina por dinero. Manifiestan, todas, que las acusaciones son falsas y que no hay investigaciones, sino que se asumen como ciertas. El tema es grave, porque querría decir que habría una reducción sistemática a esquemas de seguridad de víctimas y representantes de víctimas con base en acusaciones espurias.
Hoy marchan las víctimas del Cesar y piden el acompañamiento de la opinión pública colombiana.
Twitter: @santiagovillach
Hoy martes las víctimas del Cesar inician una manifestación popular pacífica para exigir el cumplimiento de las sentencias que ordenan la restitución de sus tierras.
Las víctimas del conflicto armado en el departamento del Cesar inician hoy, martes 3 de diciembre, una manifestación popular pacífica para exigir el cumplimiento de las sentencias que ordenan la restitución de sus tierras, de las que fueron desplazadas por paramilitares.
Algunas de estas tierras están en poder de Prodeco, subsidiaria en Colombia de Glencore Xstrata, la cuarta minera más grande del mundo y la principal comercializadora de commodities. Se trata de las parcelas número 32, 33, 34, 35 y 36, de la parcelación El Prado, en el municipio de La Jagua (según registros de junio de 2012). El resto de las parcelas de El Prado están a nombre del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER).
Las instituciones gubernamentales, y en especial el INCODER, han desestimado e ignorado las sentencias judiciales que ordenan la restitución de estas parcelas a 48 familias, que son las propietarias originales de 1.280 hectáreas que hoy se utilizan para la minería de carbón.
La sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que se dictó el 19 de junio del 2012, ordenaba que la restitución debía realizarse en el plazo de quince días hábiles. Ha pasado un año y medio y la sentencia no ha sido acatada.
El INCODER tiene la mayor parte de estas tierras y, según la sentencia, le corresponde a esta institución devolverlas o pagar su valor a los propietarios legítimos.
A las víctimas no les ha quedado otro recurso que salir a las calles a exigir pacíficamente el cumplimiento de sus derechos.
Desde el año pasado el INCODER ha pretendido renegociar sus obligaciones con las víctimas del conflicto armado colombiano, para restituir a menos familias que las afectadas un valor menor al que merecen.
Hay dos avalúos de estas tierras. El avalúo comercial, realizado por La Lonja de Propiedad Raíz del Cesar, y un avalúo gubernamental, realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El segundo es, por supuesto, mucho menor que el primero. Sin embargo, si las tierras no se van a restituir propiamente, las víctimas tienen derecho a que se les pague el valor que costarían en el mercado. Si no, el Estado estaría haciendo negocio sobre la base de una historia de violaciones a los derechos humanos.
Como si no fueran suficientes los once años de dolor y trashumancia que han debido soportar luego de la masacre y el desplazamiento que se cometió en la parcelación El Prado, ubicado en el municipio de La Jagua, las víctimas ahora deben soportar una ofensa más: que el Estado pretenda estafarlas.
En solidaridad con este reclamo, a la manifestación se unen las víctimas de Becerril, Codazzi, Mechoacán, Villacruz, Santafé, Chiriguana, Curumaní y Pailitas. Todas del departamento del Cesar, uno de los más golpeados por el horror de la guerra.
Es una manifestación colectiva, popular, que no tiene colores de uno u otro partido ni ideologías políticas. La manifestación está cobijada por el manto de legitimidad que otorga una sentencia en última instancia de la Corte Suprema de Justicia.
Y al tiempo que estas víctimas y sus representantes se la juegan toda por hacer cumplir la ley, sus esquemas de seguridad se ven reducidos a pesar del peligro y las amenazas que sobrellevan por aportar un grano de arena para cerrar las heridas del conflicto armado.
Ya he tratado en estas columnas el caso de Ludys Pedraza, representante de las víctimas de esta parcelación de El Prado y defensora de derechos humanos. En septiembre 28 de este año, a la doctora Pedraza le fue retirado un vehículo blindado y un guardaespaldas a causa de acusaciones hechas por un miembro de su equipo de seguridad, pero cuya veracidad jamás fue corroborada mediante una investigación formal.
He contactado a otras víctimas y me han manifestado el mismo reclamo: sus esquemas de seguridad se ven recortados luego de que un miembro del esquema las acusa de infracciones como cambiar vales de gasolina por dinero. Manifiestan, todas, que las acusaciones son falsas y que no hay investigaciones, sino que se asumen como ciertas. El tema es grave, porque querría decir que habría una reducción sistemática a esquemas de seguridad de víctimas y representantes de víctimas con base en acusaciones espurias.
Hoy marchan las víctimas del Cesar y piden el acompañamiento de la opinión pública colombiana.
Twitter: @santiagovillach