También el servicio de ambulancias se volvió un negocio en el país. Y un negocio desalmado.
Las denuncias de algunas entidades y de los medios de comunicación sobre abusos y corrupción en la red de prestación de este servicio y sus consecuencias fatales, han activado el interés por el tema y, ojalá, por entender las causas de la situación, para trascender las emociones y buscar soluciones.
Sin duda muchos operadores y empresas prestan adecuada y correctamente este servicio. Y las ambulancias también han sido víctimas de la guerra que padecemos, en actos de violación del Derecho Internacional Humanitario. Pero los hechos denunciados, y muchos otros que se quedan en el silencio y el anonimato, permiten identificar las siguientes cuatro modalidades de corrupción y violación de derechos y normas en el funcionamiento del servicio de ambulancias en el país.
1. Aprovechamiento de la asignación de los contratos con las empresas que prestan el servicio para favorecer amigos o padrinos políticos y para el enriquecimiento ilícito personal y de algunos allegados. El caso más emblemático, pero no el único, es el contrato 1229 de 2009 entre la secretaria distrital de salud de Bogotá y una unión temporal de transporte ambulatorio por más de 63 mil millones de pesos, 9% de los cuales se desvió para el pago de complicidades, silencios y “comisiones”. Algunos funcionarios y contratistas pagan ahora cárcel por estos delitos.
2. Ofrecimiento y pago ilegal e indebido por parte de hospitales, clínicas y demás Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, de diferentes sumas de dinero a propietarios, conductores y personal paramédico de las ambulancias, por llevarles prioritaria y selectivamente lesionados en Accidentes de Tránsito, AT. La razón para semejante despropósito es que la atención de dichos pacientes la paga rápido y sin mayores controles el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, mientras que la atención de otro tipo de emergencias, como infartos o accidentes domésticos, está sujeta a mayor control y los pagos los hacen las EPS varios meses después.
Esta práctica nefasta de selección adversa ha llevado a que, en ocasiones, las víctimas de AT en lugar de ser conducidas por las ambulancias a la IPS más próxima, tengan que recorrer en ellas largos trayectos, exponiendo sus vidas, hasta llegar a la IPS que ofrece la mejor “propina”(hasta de $600.000). Ha llevado también a que se desatienda o posponga la prestación del servicio de transporte a las emergencias no cubiertas por el SOAT. Y a que se establezca una especie de “guerra del centavo” entre empresas y ambulancias por apropiarse de las víctimas de AT.
3. Utilización indebida por parte de algunos operadores de la línea telefónica única de emergencia -123- para informar primero de los AT a las empresas o a los conductores de las ambulancias privadas que hayan ofrecido pagar dinero por esta preferencia ilícita.
4. En ocasiones se utilizan indebidamente ambulancias para prestar servicios personales muy bien remunerados, pero ajenos a su objetivo social y legal, tales como transportar ejecutivos y funcionarios o llevar pasajeros retrasados a los aeropuertos en horas de alta congestión vehicular, abusando de la buena fe de todos.
Como parte del sistema de salud, todos debemos disponer de un servicio adecuado y oportuno de transporte en caso de urgencias, desastres y AT. Pero cuando la sociedad prioriza el lucro personal o grupal a cualquier valor o derecho, y el Estado descuida su deber de garantizar los derechos básicos y regular y vigilar su cumplimiento (como pasa en Colombia), servicios como el de ambulancias se convierten en un negocio sin control y en terreno propicio para la corrupción generalizada. Mientras persistan esos valores y prácticas sociales y el actual modelo de salud, seguirán presentándose conductas como las aquí tipificadas y seguirá muriendo gente esperando una ambulancia o recorriendo en ella el paseo de la muerte.
También el servicio de ambulancias se volvió un negocio en el país. Y un negocio desalmado.
Las denuncias de algunas entidades y de los medios de comunicación sobre abusos y corrupción en la red de prestación de este servicio y sus consecuencias fatales, han activado el interés por el tema y, ojalá, por entender las causas de la situación, para trascender las emociones y buscar soluciones.
Sin duda muchos operadores y empresas prestan adecuada y correctamente este servicio. Y las ambulancias también han sido víctimas de la guerra que padecemos, en actos de violación del Derecho Internacional Humanitario. Pero los hechos denunciados, y muchos otros que se quedan en el silencio y el anonimato, permiten identificar las siguientes cuatro modalidades de corrupción y violación de derechos y normas en el funcionamiento del servicio de ambulancias en el país.
1. Aprovechamiento de la asignación de los contratos con las empresas que prestan el servicio para favorecer amigos o padrinos políticos y para el enriquecimiento ilícito personal y de algunos allegados. El caso más emblemático, pero no el único, es el contrato 1229 de 2009 entre la secretaria distrital de salud de Bogotá y una unión temporal de transporte ambulatorio por más de 63 mil millones de pesos, 9% de los cuales se desvió para el pago de complicidades, silencios y “comisiones”. Algunos funcionarios y contratistas pagan ahora cárcel por estos delitos.
2. Ofrecimiento y pago ilegal e indebido por parte de hospitales, clínicas y demás Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, de diferentes sumas de dinero a propietarios, conductores y personal paramédico de las ambulancias, por llevarles prioritaria y selectivamente lesionados en Accidentes de Tránsito, AT. La razón para semejante despropósito es que la atención de dichos pacientes la paga rápido y sin mayores controles el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, mientras que la atención de otro tipo de emergencias, como infartos o accidentes domésticos, está sujeta a mayor control y los pagos los hacen las EPS varios meses después.
Esta práctica nefasta de selección adversa ha llevado a que, en ocasiones, las víctimas de AT en lugar de ser conducidas por las ambulancias a la IPS más próxima, tengan que recorrer en ellas largos trayectos, exponiendo sus vidas, hasta llegar a la IPS que ofrece la mejor “propina”(hasta de $600.000). Ha llevado también a que se desatienda o posponga la prestación del servicio de transporte a las emergencias no cubiertas por el SOAT. Y a que se establezca una especie de “guerra del centavo” entre empresas y ambulancias por apropiarse de las víctimas de AT.
3. Utilización indebida por parte de algunos operadores de la línea telefónica única de emergencia -123- para informar primero de los AT a las empresas o a los conductores de las ambulancias privadas que hayan ofrecido pagar dinero por esta preferencia ilícita.
4. En ocasiones se utilizan indebidamente ambulancias para prestar servicios personales muy bien remunerados, pero ajenos a su objetivo social y legal, tales como transportar ejecutivos y funcionarios o llevar pasajeros retrasados a los aeropuertos en horas de alta congestión vehicular, abusando de la buena fe de todos.
Como parte del sistema de salud, todos debemos disponer de un servicio adecuado y oportuno de transporte en caso de urgencias, desastres y AT. Pero cuando la sociedad prioriza el lucro personal o grupal a cualquier valor o derecho, y el Estado descuida su deber de garantizar los derechos básicos y regular y vigilar su cumplimiento (como pasa en Colombia), servicios como el de ambulancias se convierten en un negocio sin control y en terreno propicio para la corrupción generalizada. Mientras persistan esos valores y prácticas sociales y el actual modelo de salud, seguirán presentándose conductas como las aquí tipificadas y seguirá muriendo gente esperando una ambulancia o recorriendo en ella el paseo de la muerte.