Nuevamente se encienden las alarmas ante las persistentes deficiencias, los manejos ilegales y abusivos, y la crisis sin fondo del Sistema de Salud Colombiano —SSC—. Una alerta ciudadana interpuesta por un grupo de organizaciones gremiales, académicas y sindicales ante la Corte Constitucional —CC— y una iniciativa para promover una consulta ciudadana para modificar las EPS son algunas de las más recientes expresiones de insatisfacción y rechazo al SSC.
Los hechos son incontestables. En lo que va del año se han incrementado, en relación con los años anteriores, las tutelas y los incidentes de desacato —sanciones penales por no atender las tutelas falladas a favor de los pacientes—. Las deudas del sistema, en especial de las EPS, a los hospitales y clínicas del país ascienden ya a 7,3 billones de pesos. Sólo en Antioquia las EPS le deben un billón de pesos a la red pública hospitalaria y 1,8 billones a la red privada. Mientras tanto, avanza sigilosamente el nuevo y turbio capítulo de reventa de Cafesalud-Saludcoop-Prestasalud-Medimás, con el consiguiente lucro económico y político para algunos y nefastas consecuencias para pacientes, proveedores y personal de salud. Y se supo hace poco que otra de las grandes empresas de salud —Coomeva EPS— abandonará a sus afiliados en 223 municipios del país a partir del próximo 1° de septiembre, con la autorización cómplice de la Superintendencia Nacional de Salud.
La alerta ciudadana por la salud ante la CC hace parte de una estrategia para tratar de lograr, por la vía jurídica, que se frenen y reviertan normas y prácticas contrarias al derecho a la salud y favorables a los intereses privados. Es el caso de la laxitud en los plazos dados a las EPS para demostrar su solvencia y disponer del capital, el patrimonio y las inversiones suficientes. En el 2007 —decreto 574— se les fijó un plazo de siete años. En el 2014 —decreto 2702— el plazo se amplió hasta diez años más.
Y al tiempo que les amplían los plazos, les reducen responsabilidades y les dan más gabelas —decreto 2117 de 2016—. Ya no tienen que responder por la atención integral, como ordena la Ley Estatutaria, sino sólo por la “mitigación del riesgo”. Y podrán deducir de sus cálculos financieros las pérdidas anuales, ajustándolos a sus intereses. De esta manera, pierden veracidad sus informes y transparencia sus operaciones. El saldo final es la apropiación privada de márgenes cada vez mayores de los recursos púbicos de la salud, la incertidumbre creciente en la garantía de los servicios y la pérdida progresiva de confianza en todas las instituciones del sector.
Ojalá la Corte Constitucional acoja pronto esta alerta ciudadana, totalmente coherente con la jurisprudencia que ha sentado en sus sentencias. Esto pondría un freno, parcial pero necesario, al imperio deshumanizado y descarado del lucro de las EPS. Y a la burla constante e insidiosa a las conquistas legales en salud por parte de las instituciones que deberían garantizarlas.
La iniciativa de promover una consulta popular para modificar las EPS, surgida de un grupo de ciudadanos en Cali, si bien expresa la insatisfacción generalizada y busca algunos ajustes parciales, merece —en mi opinión— mayor discusión para mejorar su contenido, ampliar su base social y ponderar su pertinencia. Quitarle algunas funciones y atribuciones a las EPS puede evitar abusos y mejorar algunos servicios, pero no resuelve el problema de fondo del SSC.
Para emprender la gigantesca tarea de una consulta popular de nivel nacional debe contarse con una sólida fundamentación de motivos, alcances y propuestas, que se traduzca en unas pocas preguntas muy precisas, y con un amplio respaldo regional y multisectorial. No contar con ellos puede llevar tanto a un desgaste de este valioso mecanismo de participación ciudadana consagrado en la Constitución, como a perder otra oportunidad para concretar el cambio estructural requerido por el sistema de salud.
* Médico social.
Nuevamente se encienden las alarmas ante las persistentes deficiencias, los manejos ilegales y abusivos, y la crisis sin fondo del Sistema de Salud Colombiano —SSC—. Una alerta ciudadana interpuesta por un grupo de organizaciones gremiales, académicas y sindicales ante la Corte Constitucional —CC— y una iniciativa para promover una consulta ciudadana para modificar las EPS son algunas de las más recientes expresiones de insatisfacción y rechazo al SSC.
Los hechos son incontestables. En lo que va del año se han incrementado, en relación con los años anteriores, las tutelas y los incidentes de desacato —sanciones penales por no atender las tutelas falladas a favor de los pacientes—. Las deudas del sistema, en especial de las EPS, a los hospitales y clínicas del país ascienden ya a 7,3 billones de pesos. Sólo en Antioquia las EPS le deben un billón de pesos a la red pública hospitalaria y 1,8 billones a la red privada. Mientras tanto, avanza sigilosamente el nuevo y turbio capítulo de reventa de Cafesalud-Saludcoop-Prestasalud-Medimás, con el consiguiente lucro económico y político para algunos y nefastas consecuencias para pacientes, proveedores y personal de salud. Y se supo hace poco que otra de las grandes empresas de salud —Coomeva EPS— abandonará a sus afiliados en 223 municipios del país a partir del próximo 1° de septiembre, con la autorización cómplice de la Superintendencia Nacional de Salud.
La alerta ciudadana por la salud ante la CC hace parte de una estrategia para tratar de lograr, por la vía jurídica, que se frenen y reviertan normas y prácticas contrarias al derecho a la salud y favorables a los intereses privados. Es el caso de la laxitud en los plazos dados a las EPS para demostrar su solvencia y disponer del capital, el patrimonio y las inversiones suficientes. En el 2007 —decreto 574— se les fijó un plazo de siete años. En el 2014 —decreto 2702— el plazo se amplió hasta diez años más.
Y al tiempo que les amplían los plazos, les reducen responsabilidades y les dan más gabelas —decreto 2117 de 2016—. Ya no tienen que responder por la atención integral, como ordena la Ley Estatutaria, sino sólo por la “mitigación del riesgo”. Y podrán deducir de sus cálculos financieros las pérdidas anuales, ajustándolos a sus intereses. De esta manera, pierden veracidad sus informes y transparencia sus operaciones. El saldo final es la apropiación privada de márgenes cada vez mayores de los recursos púbicos de la salud, la incertidumbre creciente en la garantía de los servicios y la pérdida progresiva de confianza en todas las instituciones del sector.
Ojalá la Corte Constitucional acoja pronto esta alerta ciudadana, totalmente coherente con la jurisprudencia que ha sentado en sus sentencias. Esto pondría un freno, parcial pero necesario, al imperio deshumanizado y descarado del lucro de las EPS. Y a la burla constante e insidiosa a las conquistas legales en salud por parte de las instituciones que deberían garantizarlas.
La iniciativa de promover una consulta popular para modificar las EPS, surgida de un grupo de ciudadanos en Cali, si bien expresa la insatisfacción generalizada y busca algunos ajustes parciales, merece —en mi opinión— mayor discusión para mejorar su contenido, ampliar su base social y ponderar su pertinencia. Quitarle algunas funciones y atribuciones a las EPS puede evitar abusos y mejorar algunos servicios, pero no resuelve el problema de fondo del SSC.
Para emprender la gigantesca tarea de una consulta popular de nivel nacional debe contarse con una sólida fundamentación de motivos, alcances y propuestas, que se traduzca en unas pocas preguntas muy precisas, y con un amplio respaldo regional y multisectorial. No contar con ellos puede llevar tanto a un desgaste de este valioso mecanismo de participación ciudadana consagrado en la Constitución, como a perder otra oportunidad para concretar el cambio estructural requerido por el sistema de salud.
* Médico social.