En lo que va de este milenio, las motos se han convertido en uno de los vehículos más populares, usados y riesgosos. Se utilizan para suplir las deficiencias o reducir los costos en el transporte, para trabajar y hacer deporte, para experimentar riesgos extremos y hasta para cometer delitos. Desafortunadamente, están produciendo una cantidad alarmante de muertos y lesionados y un aumento considerable de los niveles de contaminación ambiental. Sus usos y abusos y su regulación constituyen una creciente preocupación social, un reto a las políticas y normas de tránsito, y un problema importante de salud pública.
Su progresiva invención se remonta apenas a las últimas décadas del siglo XIX. En 1885 alcanzaron una velocidad de 18 kilómetros por hora. Un siglo después se dieron las condiciones tecnológicas, culturales y de mercado que permitieron su crecimiento exponencial. Un estudio confiable encontró que, sólo en América Latina, había 30 millones de motos registradas a finales de 2015. Brasil pasó de tener 5,7 millones en 2002 a más de 20 millones en 2013. En Argentina su crecimiento fue del 329 % entre 1997 y 2009. En el mismo período, las motos registradas en Colombia se incrementaron a un ritmo anual del 400 %, y en 2016 había en el país 7.223.288 motos, que representaban el 53 % del parque automotor. En Venezuela sus ventas crecieron un 448 % entre 2007 y 2013.
Hoy las motocicletas se consiguen fácilmente en cualquier lugar y a precios asequibles para todos los presupuestos. Una AKT sencilla vale en Colombia menos de 1.000 dólares. Pero hay Harley-Davidson hasta de 22.500 dólares y BMW de 33.000 dólares. La moto más veloz actualmente —365 km/hora— tiene un costo desproporcionado: 150.000 dólares.
La Organización Mundial de la Salud —OMS— estima que en el mundo mueren cada año 1.250.000 personas en accidentes de tránsito. La regional americana de la OMS ha observado un crecimiento permanente de las tasas de mortalidad por accidentes de motocicletas desde 1998, y calcula que el 20 % del total de muertes en el tránsito se deben a accidentes de motos, cuyas víctimas son principalmente hombres jóvenes de estratos económicos medio y medio-bajo. En el Caribe de habla hispana tal porcentaje llega al 44 %. En Nicaragua, la probabilidad de sufrir un accidente mortal es 15 veces mayor en una motocicleta que en un automóvil. En Colombia los accidentes de motos dejan 3.000 muertos y 20.000 lesionados anualmente.
Además de la accidentalidad, como se dijo, preocupa también a la salud pública el alto grado de contaminación ambiental producida por las motos, en especial las de bajo costo por su consiguiente carencia de filtros y válvulas que reduzcan las emisiones de gases tóxicos.
Tres contextos contribuyen a explicar los problemas producidos por las motos. El contexto cultural incluye la existencia o no, la asimilación, aplicación y sanción de normas específicas para su uso, tales como límites de velocidad, uso de equipos de protección y prohibición del consumo de alcohol para los usuarios. El contexto económico comprende desde su uso laboral y las enormes ganancias de la cadena de su producción, comercialización y mantenimiento, hasta la facilidad de los créditos y el no cobro de peajes. Y el contexto político plantea la falta o insuficiencia de políticas públicas de transporte, las consiguientes deficiencias en infraestructura vial, y las frecuentes alianzas entre los poderes económicos y políticos. Los tres contextos señalan, al mismo tiempo, los posibles campos de acción para lograr convivir con este medio de transporte.
Pero hay que tener siempre claro que los intereses en juego son muy fuertes y diversos. Sólo un ejemplo. El año pasado, cuando se insinuó el control de la venta de motos como parte de las acciones para enfrentar el problema, la directora de la Cámara Automotriz de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia dijo categóricamente: “Ninguna medida que busque proteger a un actor vial debe afectar el marco económico del sector”. Con esta lógica, no creo que podamos sobrevivir a las motos.
* Médico social.
En lo que va de este milenio, las motos se han convertido en uno de los vehículos más populares, usados y riesgosos. Se utilizan para suplir las deficiencias o reducir los costos en el transporte, para trabajar y hacer deporte, para experimentar riesgos extremos y hasta para cometer delitos. Desafortunadamente, están produciendo una cantidad alarmante de muertos y lesionados y un aumento considerable de los niveles de contaminación ambiental. Sus usos y abusos y su regulación constituyen una creciente preocupación social, un reto a las políticas y normas de tránsito, y un problema importante de salud pública.
Su progresiva invención se remonta apenas a las últimas décadas del siglo XIX. En 1885 alcanzaron una velocidad de 18 kilómetros por hora. Un siglo después se dieron las condiciones tecnológicas, culturales y de mercado que permitieron su crecimiento exponencial. Un estudio confiable encontró que, sólo en América Latina, había 30 millones de motos registradas a finales de 2015. Brasil pasó de tener 5,7 millones en 2002 a más de 20 millones en 2013. En Argentina su crecimiento fue del 329 % entre 1997 y 2009. En el mismo período, las motos registradas en Colombia se incrementaron a un ritmo anual del 400 %, y en 2016 había en el país 7.223.288 motos, que representaban el 53 % del parque automotor. En Venezuela sus ventas crecieron un 448 % entre 2007 y 2013.
Hoy las motocicletas se consiguen fácilmente en cualquier lugar y a precios asequibles para todos los presupuestos. Una AKT sencilla vale en Colombia menos de 1.000 dólares. Pero hay Harley-Davidson hasta de 22.500 dólares y BMW de 33.000 dólares. La moto más veloz actualmente —365 km/hora— tiene un costo desproporcionado: 150.000 dólares.
La Organización Mundial de la Salud —OMS— estima que en el mundo mueren cada año 1.250.000 personas en accidentes de tránsito. La regional americana de la OMS ha observado un crecimiento permanente de las tasas de mortalidad por accidentes de motocicletas desde 1998, y calcula que el 20 % del total de muertes en el tránsito se deben a accidentes de motos, cuyas víctimas son principalmente hombres jóvenes de estratos económicos medio y medio-bajo. En el Caribe de habla hispana tal porcentaje llega al 44 %. En Nicaragua, la probabilidad de sufrir un accidente mortal es 15 veces mayor en una motocicleta que en un automóvil. En Colombia los accidentes de motos dejan 3.000 muertos y 20.000 lesionados anualmente.
Además de la accidentalidad, como se dijo, preocupa también a la salud pública el alto grado de contaminación ambiental producida por las motos, en especial las de bajo costo por su consiguiente carencia de filtros y válvulas que reduzcan las emisiones de gases tóxicos.
Tres contextos contribuyen a explicar los problemas producidos por las motos. El contexto cultural incluye la existencia o no, la asimilación, aplicación y sanción de normas específicas para su uso, tales como límites de velocidad, uso de equipos de protección y prohibición del consumo de alcohol para los usuarios. El contexto económico comprende desde su uso laboral y las enormes ganancias de la cadena de su producción, comercialización y mantenimiento, hasta la facilidad de los créditos y el no cobro de peajes. Y el contexto político plantea la falta o insuficiencia de políticas públicas de transporte, las consiguientes deficiencias en infraestructura vial, y las frecuentes alianzas entre los poderes económicos y políticos. Los tres contextos señalan, al mismo tiempo, los posibles campos de acción para lograr convivir con este medio de transporte.
Pero hay que tener siempre claro que los intereses en juego son muy fuertes y diversos. Sólo un ejemplo. El año pasado, cuando se insinuó el control de la venta de motos como parte de las acciones para enfrentar el problema, la directora de la Cámara Automotriz de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia dijo categóricamente: “Ninguna medida que busque proteger a un actor vial debe afectar el marco económico del sector”. Con esta lógica, no creo que podamos sobrevivir a las motos.
* Médico social.