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El próximo lunes, dos mujeres podrían hacer historia y pasar a la posteridad como dos colombianas que dieron la talla de su compromiso con la verdad, la justicia y la responsabilidad con los relatos y lecciones para las generaciones venideras. Se trata de Sandra Liliana Heredia, juez de la República, y Marlenne Orjuela, fiscal. La primera debe decidir sobre la culpabilidad o inocencia de Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal. La segunda ya emitió un concepto y acusó al expresidente de haber cometido esos delitos, con lo cual consideró que debe ser condenado.
Luego de seguir todo el caso, en particular su fase final, con la presentación de testigos de la Fiscalía y de la defensa, cabe arriesgarse a pensar en que Uribe va a ser hallado culpable. En tal caso, se trataría del fallo más trascendental en siglo y medio en Colombia, no solo por el hecho de ser el primer expresidente en ser condenado penalmente, sino por tratarse del hombre más poderoso en los últimos 50 años, un absoluto intocable que en últimas termina vencido con todos los rigores de la ley, con absolutas garantías y en medio de un proceso de total transparencia e independencia de la rama judicial. Así él y su grupo afirmen lo contrario.
Justo, la primera lección que debería arrojar este largo episodio es que esa estrategia sucia de hacer afirmaciones y acusaciones sin fundamento ni pruebas, esparcir rumores, y sembrar verdades a medias, algo que su administración y su grupo político llevaron a niveles de horror, y que el actual gobierno, el “del cambio”, terminó calcando, puede tener consecuencias. Es que todo este episodio lo originó el propio Uribe cuando denunció ante la Corte Suprema que el senador Iván Cepeda estaba comprando testigos paramilitares con el objetivo de enlodar el nombre del expresidente y de Santiago, su hermano. La Corte investigó y tiempo después concluyó la inocencia de Cepeda, pero en las pesquisas hizo hallazgos de que las cosas más bien podrían haber sido al contrario. Y se devolvió el bumerán.
Por esa misma vía, otra lección a aprender es que no se puede mentir impunemente y socavar la credibilidad de unas instituciones sin que haya ningún llamado a responsabilidades. Desde su primera presidencia Uribe se dedicó a espiar a los altos tribunales, a minar la reputación de varios magistrados, a acosar y poner en tela de juicio la rama judicial colombiana. Inclusive hace cinco años, cuando aún la Corte llevaba su caso y pidió su detención preventiva, activó toda una estrategia de desprestigio con afirmaciones tan inverosímiles como que la Corte estaba al servicio “de Cepeda, senador de la Far”. En toda esa estrategia, además de su grupo político, le ayudaron varios medios, con la revista Semana, de Vicky Dávila, a la cabeza. Para la historia debe quedar aquella entrevista pedida por el mismo Uribe a las periodistas Dávila y María Isabel Rueda, en la que no hubo la más mínima confrontación a sus afirmaciones. Sólo micrófono abierto. Para la historia deben quedar también las portadas de Semana haciéndole el juego a su causa, sobre todo aquella con la foto de Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella contra Uribe, totalmente drogado y con la nariz y el mentón cubiertos de cocaína.
Ahora esa rama judicial que él intentó socavar, con el alto precio de desinstitucionalizar uno de los poderes públicos, le ha demostrado que tuvo todas las garantías, y más. La propia Corte fue marginada cuando él decidió renunciar a su investidura como senador, con lo cual su proceso podía pasar a la Fiscalía, en cabeza de Francisco Barbosa, un fiscal de bolsillo del uribismo. Jurisprudencias anteriores mostraban que la Corte podría haber continuado como su juez e investigador, pero aceptó transferir el caso a la Fiscalía. Allí le pusieron a dedo un fiscal (Jaimes) que de antemano sabíamos iba a pedir el archivo de su expediente. Así fue. Entonces vino otro (Javier Cárdenas) que también conceptuó lo mismo. Y siempre hubo mujeres, jueces de Conocimiento, que consideraron que había méritos para continuar y que no se debía precluir. Es tan clara la actuación capital de ellas en todo este litigio histórico que, mientras el procurador, Bladimir Cuadro, que lleva el caso de Uribe para el Ministerio Público, pidió que lo absolvieran, su colega, la procuradora Adalgiza Neira, encargada del proceso de Diego Cadena, conceptuó que la Fiscalía sí logró demostrar que este abogado, apoderado de Uribe en toda la trama contra Iván Cepeda, sobornó testigos para favorecer al expresidente e incriminar a Cepeda. Las mujeres mostrando el valor que no tuvieron los hombres, otro mensaje que debería calarnos, consciente o inconscientemente.
Al propio Uribe le debería quedar la lección de con quien se junta. ¿Por qué contratar a un abogado oscuro, defensor de narcos y mal reputado como Diego Cadena, cuando tiene el dinero y poder para allegar sólo a los más prestigiosos? Y no es la única mala compañía comprobada en todos estos años de su vida pública.
Este juicio y su probable condena son directamente por unos delitos que en realidad no se consideran demasiado graves frente a los otros por los que se investiga hoy al expresidente que sí son inclusive de lesa humanidad, como la masacre del Aro o los falsos positivos. Interesante ver qué sucederá con esos procesos si la valiente juez Heredia se atreve a tocar a este eterno intocable. Medio país o más está esperando esta condena con la sensación de que, al menos, en un caso relativamente menor se haga justicia. Ahora bien, es muy probable que nos quedemos con la simple constancia y el efecto simbólico de un expresidente juzgado y condenado. Todo el caso debe precluir a mediados de octubre, con lo cual así lo condenen, entre los trámites, por la más que segura apelación, y un fallo de segunda instancia, se irán muchos meses. Uribe nunca pisará una cárcel.
Lección final: a pesar de mujeres (y hombres) valientes, de instituciones que tambalean, pero cumplen, aquí nunca pasará nada que modifique el subdesarrollo medular y la condena a reciclar perpetuamente nuestras miserias y desesperanzas.
