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El viernes, menos de 24 horas antes del funeral de Francisco, el primer papa jesuita en toda la historia, en el colegio san Bartolomé Mayor, en Bogotá, varios sacerdotes de esta misma orden presidieron un acto que intentaba ser histórico: pidieron perdón público a Luis Fernando Llano Narváez, exalumno de ese plantel quien en los años setenta, siendo un niño, fue violado por el padre Darío Chavarriaga. Se intentó presentar todo esto como el epílogo de un largo proceso, para esta familia, de reconstrucción de la historia luego de que muchos años después se arriesgaron a hablar del pasado, de su infancia, hasta descubrir que Chavarriaga había abusado también de las siete hermanas Llano Narváez. Así lo denunciaron en 2014 ante el provincial jesuita de entonces, padre Francisco de Roux.
El actual provincial, Hermann Rodríguez, quien presidió la ceremonia del viernes, dijo: “Me presento ante ustedes víctimas del abuso sexual perpetuado por este hermano nuestro, quien debió ser guardián de la fe y la moral y no el victimario de toda una familia. La Compañía de Jesús acepta sus fallos en su deber de protección y cuidado de los más vulnerables, los más pequeños”.
Y quedó una foto para la historia del abrazo de De Roux con Luis Fernando Llano.
Decir que la historia termina ahí en realidad es bastante impreciso. Primero, porque la actuación de De Roux, sin duda una de las conciencias y reservas morales de este país, ha sido muy cuestionada en varios sentidos: no se investigó más a fondo, la Compañía se quedó solo con la versión de Chavarriaga, quien admitió los delitos, pero juró que nunca había habido más episodios, se destituyó al pedófilo de su cargo de la Javeriana, e intentó mostrarse que había quedado recluido en un lugar en Bogotá atendiendo curas enfermos y terminales, cuando solo la autoridad constituida puede “recluir” a alguien; tampoco se evitó un homenaje que le hicieron en la Javeriana, luego de haber sido removido de allí y sancionado, y para el que salió de su “reclusión”. Por eso, De Roux está siendo indagado por la Fiscalía.
Pero decir que la historia termina no es solo impreciso sino injusto, pues las secuelas y las cicatrices mentales y emocionales para todos los hermanos Llano, como individuos, como colectivo familiar, e inclusive como católicos, nunca van a prescribir. Fue muy dramático en el acto del viernes escuchar la conmoción que sentía Luis Fernando de recibir la comunión en misa del mismo hombre que lo había violado el día anterior. Una imagen que aún lo persigue más de 50 años después.
Pero la historia tampoco termina ahí porque, como registró El Espectador del sábado, luego de los abrazos, las fotos y los perdones, los cuatro abogados de las víctimas escucharon al sacerdote Antonio Sarmiento, quien minutos antes había oficiado como maestro de ceremonias en el acto de culpa y perdón, asegurar que “Luis Fernando, su familia y sus abogados son unos delincuentes” y que pensaba demandarlos. La abogada Paola Giraldo salió descompuesta. “No es posible; es una falta de respeto”, dijo. Hoy está citada una reunión en la oficina del provincial para aclarar esos hechos.
Pero sobre todo la historia no termina aquí porque después del acto público, la prensa le preguntó al provincial Rodríguez si estaría dispuesto a entregar toda la información, así la Corte Constitucional determinara que no está obligado. La pregunta surgió porque, luego de elevar 137 derechos de petición en los últimos años a la iglesia colombiana, incluidos los jesuitas, los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Estupiñán solo han recibido diecinueve respuestas de obispos o cabezas de congregaciones religiosas. Y la mayoría de esas respuestas solo se dio luego de sentencias judiciales a su favor en casos con nombres específicos. Ahora hay una tercera demanda ante la Corte que busca una jurisprudencia amplia sobre el derecho a la información y documentos secretos de la iglesia. Un poco azarado, el provincial respondió que no, que no está dispuesto a suministrar información. “Yo hago caso a lo que diga la Corte”, y se retiró. Entonces se escucharon voces de víctimas gritándole “encubridor”, “pederastas”. Muy grave, si se tiene en cuenta que otras personas se han declarado víctimas de Chavarriaga, como Luis Fandiño, exalumno de San Bartolomé La Merced, y que existen denuncias al menos contra otros seis jesuitas. Y que en el último libro de Barrientos y Estupiñán se incluye la lista de alrededor de 600 curas, diocesanos y de órdenes religiosas denunciados ante la iglesia; la mayoría no llegó a una instancia judicial.
Lo cierto es que, aun sin que hubieran sucedido los episodios posteriores con la prensa y con el padre Sarmiento, queda una muy triste sensación de que la contrición de la iglesia por sus delitos y pecados sexuales contra menores, su arrepentimiento y propósito de enmienda, están lejos de ser sinceros, y que actos como el del viernes se quedan en puestas en escena sin consecuencias reales.
Mucho más en este caso, cuando la familia Llano hace diez años le envió una carta sobre Chavarriaga al papa Francisco, e inclusive hablaron con un asesor papal, Hans Söllner, que vino en 2017 a Colombia; nunca hubo de parte del Vaticano una respuesta a su terrible denuncia. Algo similar le ocurrió a Juan Cuatrecasas, un español abusado en un colegio del Opus Dei en Bilbao, que sí recibió carta de puño y letra de Francisco, pero cuyo proceso canónico nunca terminó en nada. O el de Miguel Hurtado, abusado por un benedictino, que en 2019 encaró al papa difunto en la cumbre de Roma sobre pederastia, cuyo documento final se diluyó como el humo.
Repito pues la pregunta: ¿descansa Francisco en paz?
