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29 Nov 2021 - 5:00 a. m.

La paz… ahí va, ahí va

Cumplimos cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, probablemente el hito más grande en la historia política del país. En ese lapso, van casi 300 excombatientes asesinados, según la ONU; unos 2.600 disidentes se devolvieron a la selva, se rearmaron y hoy están en 138 municipios, de acuerdo con informes del Ejército; cerca de 900 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos han muerto, muchos de ellos vinculados con el programa de restitución de tierras.

Sabíamos que no iba a ser fácil, que bastante sangre faltaba por correr, que muchas de las metas en el papel eran muy complicadas, algunas hasta ilusorias, pero, mirado a la luz de las cifras, sin duda el panorama es dramático, e invita a la desesperanza total. Sin embargo, un proceso tan ambicioso y complejo, pensado en realidad para reconstruir un país a largo plazo, articulado en tantos frentes, no puede analizarse solo con la frialdad y pragmatismo de unos números.

Hay demasiados factores para involucrar en un balance completo del proceso de paz, que incluyen los obstáculos que ha debido salvar, los enemigos que ha neutralizado, los procesos institucionales sorteados, las pruebas superadas, los desafíos, los cambios sobre la marcha y hasta los aprendizajes.

Y tiene que haber quedado muy bien armado y blindado para seguir adelante, a pesar de que en 2018 entró un gobierno que arrancó con un mandato interno que buscaba acabarlo, dejarlo en la mínima expresión, incumplirlo. De ese modo, armó unas mayorías en el Congreso que tumbaron las curules para las víctimas e intentaron defenestrar la Justicia Especial para la Paz (JEP), la columna vertebral de todo el proyecto. El poder legislativo le caminó al presidente en lo de borrar las curules de paz, pero no en el palo en la rueda a la JEP.

Para ese momento, además, se habían destapado todas las cartas, y la paz no solo tuvo que contener a un presidente y su grupo como enemigos, sino al fiscal general, al siempre oscuro y mañoso Néstor Humberto Martínez, en sus maniobras para desprestigiar a la JEP y provocar a las Farc. Fue un pulso magistral entre la Fiscalía y las altas cortes. Así, primero fue el Consejo de Estado el que ordenó respetar la curul de Jesús Santrich, quien no se pudo posesionar el 20 de julio tras haber sido detenido por la Fiscalía en un episodio de envío de drogas a USA. El fallo determinó que Santrich no se posesionó por razones de fuerza mayor. Luego vino la propia JEP, cuando decidió que no podía ser extraditado pues las pruebas en su contra no dejaban claro que el eventual tráfico de narcóticos se hubiera dado después de la firma del acuerdo de paz.

Finalmente, fue la Corte Suprema la que ordenó liberar a Santrich con un argumento de ley: si él era parlamentario, como había determinado el Consejo de Estado, entonces no era la Fiscalía quien lo debía detener ni investigar. Santrich quedó libre, casi de inmediato se fugó, y obviamente la ultraderecha aprovechó todo el episodio para deslegitimar al poder judicial cuando, además, tres de los antiguos jefes de las Farc, incluido el propio Santrich, se alzaron en armas de nuevo. Fue un punto de quiebre excepcional para el proceso por varias cosas: el partido de las Farc tuvo una demostración fehaciente de que se les respetaron sus garantías y de que la rama judicial es autónoma e independiente del Ejecutivo; adicional, logró deshacerse del ala que seguía con el negocio del narcotráfico, ahora proclamada en disidencia, pero en su justa dimensión de delincuentes comunes. De carambola, Martínez aprovechó el episodio para renunciar, en pretendido gesto de dignidad, a un cargo en el que tenía muchos señalamientos por choques de intereses. El proceso de paz se libró de uno de sus peores enemigos. Y, de fondo, volvimos a constatar que a pesar de todo lo que ha logrado el uribismo en minar la imagen de la justicia, y también de lo que ha hecho la propia justicia para deslegitimarse, las altas cortes son una gran reserva institucional y moral de este país.

En cuanto a las curules de paz, gracias a la obstinación del senador Roy Barreras, y también por fallo judicial, a partir del otro año la Cámara contará con 16 víctimas sentadas en el Congreso, algo histórico, y una cifra a tener en cuenta para todas las coaliciones, alianzas y decisiones de un nuevo gobierno.

Lo conseguido hasta hoy por la JEP genera enormes expectativas y avanza en todos los macrocasos bajo su responsabilidad. Así, ya llamó a responsabilidades a las Farc por crímenes de lesa humanidad y delitos atroces vinculados con el secuestro. Quedan pendiente el desenlace en otros macrocasos de tanto calado como los de narcotráfico, violencia sexual, reclutamiento forzado, exterminio de la UP y falsos positivos.

De la Comisión de la Verdad hay algo muy valioso y es el espacio de escucha que ha generado para las víctimas del conflicto en un país donde nunca se les oyó. Y la sociedad ha podido conocer de primera mano que efectivamente aquella guerra que veía por los noticieros produjo enorme sufrimiento a miles de compatriotas.

De modo mayoritario, las Farc siguen ahí, como partido Comunes, apostándole a lo que firmaron. Y están cumpliendo, a pesar de las eventuales salidas en falso, como los brindis a la salud de Jojoy, las declaraciones sobre las camas donde dormían sus secuestrados y los trabajos que ofrecían a estos para que no se aburrieran. Los antiguos combatientes han podido comprobar que el país es más complejo de lo que ellos suponían en cuanto a juegos de intereses, a entramado institucional; y han aprendido a hacer política más allá de la opción castrense y la lógica de la fuerza.

Con todas las cifras duras de muertes y disidencias, y el evidente déficit de resultados de implementación, el proceso de paz sobrevive. A pesar de los sabotajes sistemáticos en su contra, mantiene casi intacto el diseño con el que fue concebido y sigue generando la expectativa en sectores enormes de la población de que algo bueno puede derivar de él.

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