Me disculpo por hablar de un caso personal en una columna de opinión, pero este episodio con el Estado colombiano, y en particular con el departamento de Cundinamarca, le puede haber sucedido a otros y me dejó un vago sentimiento de falta de transparencia y de vulneración a mi derecho a la información.
El 1° de marzo del año pasado venía por la vía que de Sopó conduce a La Calera. Era la una de la tarde y me detuvo la policía en un retén a la entrada de la Planta Wiesner, del Acueducto de Bogotá. Me solicitaron la revisión técnico- mecánica y no la tenía pues mi automóvil fue comprado, cero kilómetros, en junio de 2014, con lo cual pensé que tendría que hacer ese trámite antes de terminar mayo. Un error de mi parte pues según la tarjeta de propiedad debería haberlo realizado a mediados de febrero. No soy muy dado a discutir con los agentes y mucho menos si tienen la razón, como en este caso. Yo estaba incumpliendo con un mandato de ley. Inmovilizaron el carro y me impusieron el comparendo número 99999999000004303612. Me tocó tomar un taxi a Bogotá y regresar al día siguiente pues el vehículo quedó en los patios de La Calera. Cancelé casi $360.000 porque el infractor debe responder por la grúa que inmoviliza el auto y que luego lo libera, así como por el estacionamiento en los patios, que aumenta cada 24 horas. Eso lo entiendo y hace parte del castigo al infractor. Pensé que, luego de pagar, podía salir manejando mi auto, pero el procedimiento exigía que lo sacara la grúa. Es obvio, pensé, me tienen que dejar en un sitio donde me hagan de inmediato la revisión técnico-mecánica. No fue así; la grúa avanzó una cuadra y media y lo descolgó para devolvérmelo. Por ese ínfimo viaje, sin sentido, tuve que pagar $150.900 al concesionario, pues en casi todos los municipios es una empresa privada la que se encarga de las multas, inmovilizaciones, grúas.
En los tres días siguientes no pude hacer el curso para conseguir el descuento del 50 % de la multa porque mi madre estaba en clínica, muy grave. Y falleció el 5 de marzo. Quince días después comenzó la cuarentena y todo entró en receso, con todas las incertidumbres incluidas, entre ellas la económica.
El 26 de julio los medios de comunicación anunciaron que el Gobierno había sancionado la Ley 2027 que les concedía a los infractores de tránsito el 50 % de rebaja por multas impuestas antes del 31 de mayo de 2020, y perdonaba los intereses de mora. Gran noticia. Los liberales la anotaban como un triunfo de su bancada. Horacio José Serpa, creo que el ponente, la colgó en su Facebook como uno de sus logros. La gente lo felicitaba por trabajar en bien de la comunidad. Mi caso cumplía con todos los requerimientos para aspirar a la rebaja. De inmediato comencé a llamar al tránsito de Cundinamarca, teléfono 3162540, para saber cómo proceder. Llamé un total de 21 veces a lo largo de agosto y septiembre, siempre con el mismo y fallido protocolo: una máquina que repetía “Bienvenido a la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, para información de multas y comparendos, marque 1”. Luego de una espera: “Nuestros agentes se encuentran ocupados, por favor espere en la línea y uno de nuestros agentes lo atenderá en un momento”. Después, casi 10 minutos aguardando antes de que me desconectaran en las 21 ocasiones. Me metí a la página del Simit para comprobar si la multa aparecía rebajada al 50% o si había alguna información, pero nada. Siempre aparecía el ciento por ciento del comparendo a pagar.
En septiembre, ya con la cuarentena mucho más relajada, fui hasta el tránsito de La Calera. Esperé más de una hora afuera y finalmente una funcionaria, que salía a organizar a la gente en la fila, me escuchó, me solicitó el comparendo, entró a averiguar y salió unos minutos después. “Eso rige para multas posteriores a marzo”, fue todo lo que me dijo. Mi alegato se perdió entre la muchedumbre de manos alzadas y voces preguntando cien papeleos distintos.
Algo no funcionaba con la ley, entonces. Como reportero convencido que fui, apelé a mis contactos con la Gobernación de Cundinamarca, y amablemente la Secretaría de Prensa me contactó con el secretario de Tránsito, Jorge Godoy. No esperaba un funcionario de tanto nivel pues yo solo buscaba claridad sobre cómo hacer el trámite y poder pagar con el descuento, o al menos una explicación de por qué no. El 3 de diciembre, vía celular, Godoy me pidió foto del comparendo y mi número de cédula y se limitó a enviarme una factura de pago, no solo por el 100 % sino con los intereses incluidos. El 15 de diciembre volví a insistir y le pregunté también por WhatsApp si era que en Cundinamarca no aplicaba la Ley 2027. “No, señor, no aplica”, me respondió. Ante mi asombro, procedió a enviarme una resolución del concesionario en la que se dice que lo mío se sancionó el 2 de septiembre, o sea seis meses después de que me impusieron la multa y me inmovilizaron. Gran sorpresa porque parece que ese es el curso que sigue todo comparendo seis meses después, pero a nadie lo notifican de eso. “Son dos momentos procesales diferentes”, escribió Godoy. Volví a preguntar cómo era eso y me dijo que fuera el 22 de diciembre a su oficina en la calle 26, a las 8:30 a.m., y mirábamos el caso.
Llegué puntual, pero la Gobernación estaba con acceso restringido por pico y cédula, y solo podía entrar gente con la autorización previa de cada funcionario. Luego de media hora de escribirle, me respondió que su despacho estaba cerrado por tres casos de COVID detectados; que lo esperara en un Juan Valdez a cinco cuadras de allí. “Llego en media hora y lo atiendo”. Esperé dos horas, y nada. Me fui para mi casa entonces, con una sensación de ciudadano maltratado, pero sobre todo con la impotencia ante la certeza de un Estado ineficaz que expide leyes, no permite cumplirlas y, sobre todo, no explica por qué. Repasando la ley otra vez, constaté que hablaba de multas “impuestas” antes del 31 de mayo, sin incluir para nada el concepto de “sancionadas”, que viene seis meses después. ¿Es la Ley 2027 un simple globo, inflado para mostrar ayudas a los ciudadanos en tiempos de crisis sanitaria? Se lo pregunto aquí al senador Serpa. ¿Puede un concesionario de Cundinamarca pasar por encima de una ley?, se lo pregunto al señor gobernador, Nicolás García.
Finalmente, ante la inminencia del fin de año, pagué la multa completa con todos sus intereses, el mismo 22 de diciembre.
Me disculpo por hablar de un caso personal en una columna de opinión, pero este episodio con el Estado colombiano, y en particular con el departamento de Cundinamarca, le puede haber sucedido a otros y me dejó un vago sentimiento de falta de transparencia y de vulneración a mi derecho a la información.
El 1° de marzo del año pasado venía por la vía que de Sopó conduce a La Calera. Era la una de la tarde y me detuvo la policía en un retén a la entrada de la Planta Wiesner, del Acueducto de Bogotá. Me solicitaron la revisión técnico- mecánica y no la tenía pues mi automóvil fue comprado, cero kilómetros, en junio de 2014, con lo cual pensé que tendría que hacer ese trámite antes de terminar mayo. Un error de mi parte pues según la tarjeta de propiedad debería haberlo realizado a mediados de febrero. No soy muy dado a discutir con los agentes y mucho menos si tienen la razón, como en este caso. Yo estaba incumpliendo con un mandato de ley. Inmovilizaron el carro y me impusieron el comparendo número 99999999000004303612. Me tocó tomar un taxi a Bogotá y regresar al día siguiente pues el vehículo quedó en los patios de La Calera. Cancelé casi $360.000 porque el infractor debe responder por la grúa que inmoviliza el auto y que luego lo libera, así como por el estacionamiento en los patios, que aumenta cada 24 horas. Eso lo entiendo y hace parte del castigo al infractor. Pensé que, luego de pagar, podía salir manejando mi auto, pero el procedimiento exigía que lo sacara la grúa. Es obvio, pensé, me tienen que dejar en un sitio donde me hagan de inmediato la revisión técnico-mecánica. No fue así; la grúa avanzó una cuadra y media y lo descolgó para devolvérmelo. Por ese ínfimo viaje, sin sentido, tuve que pagar $150.900 al concesionario, pues en casi todos los municipios es una empresa privada la que se encarga de las multas, inmovilizaciones, grúas.
En los tres días siguientes no pude hacer el curso para conseguir el descuento del 50 % de la multa porque mi madre estaba en clínica, muy grave. Y falleció el 5 de marzo. Quince días después comenzó la cuarentena y todo entró en receso, con todas las incertidumbres incluidas, entre ellas la económica.
El 26 de julio los medios de comunicación anunciaron que el Gobierno había sancionado la Ley 2027 que les concedía a los infractores de tránsito el 50 % de rebaja por multas impuestas antes del 31 de mayo de 2020, y perdonaba los intereses de mora. Gran noticia. Los liberales la anotaban como un triunfo de su bancada. Horacio José Serpa, creo que el ponente, la colgó en su Facebook como uno de sus logros. La gente lo felicitaba por trabajar en bien de la comunidad. Mi caso cumplía con todos los requerimientos para aspirar a la rebaja. De inmediato comencé a llamar al tránsito de Cundinamarca, teléfono 3162540, para saber cómo proceder. Llamé un total de 21 veces a lo largo de agosto y septiembre, siempre con el mismo y fallido protocolo: una máquina que repetía “Bienvenido a la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, para información de multas y comparendos, marque 1”. Luego de una espera: “Nuestros agentes se encuentran ocupados, por favor espere en la línea y uno de nuestros agentes lo atenderá en un momento”. Después, casi 10 minutos aguardando antes de que me desconectaran en las 21 ocasiones. Me metí a la página del Simit para comprobar si la multa aparecía rebajada al 50% o si había alguna información, pero nada. Siempre aparecía el ciento por ciento del comparendo a pagar.
En septiembre, ya con la cuarentena mucho más relajada, fui hasta el tránsito de La Calera. Esperé más de una hora afuera y finalmente una funcionaria, que salía a organizar a la gente en la fila, me escuchó, me solicitó el comparendo, entró a averiguar y salió unos minutos después. “Eso rige para multas posteriores a marzo”, fue todo lo que me dijo. Mi alegato se perdió entre la muchedumbre de manos alzadas y voces preguntando cien papeleos distintos.
Algo no funcionaba con la ley, entonces. Como reportero convencido que fui, apelé a mis contactos con la Gobernación de Cundinamarca, y amablemente la Secretaría de Prensa me contactó con el secretario de Tránsito, Jorge Godoy. No esperaba un funcionario de tanto nivel pues yo solo buscaba claridad sobre cómo hacer el trámite y poder pagar con el descuento, o al menos una explicación de por qué no. El 3 de diciembre, vía celular, Godoy me pidió foto del comparendo y mi número de cédula y se limitó a enviarme una factura de pago, no solo por el 100 % sino con los intereses incluidos. El 15 de diciembre volví a insistir y le pregunté también por WhatsApp si era que en Cundinamarca no aplicaba la Ley 2027. “No, señor, no aplica”, me respondió. Ante mi asombro, procedió a enviarme una resolución del concesionario en la que se dice que lo mío se sancionó el 2 de septiembre, o sea seis meses después de que me impusieron la multa y me inmovilizaron. Gran sorpresa porque parece que ese es el curso que sigue todo comparendo seis meses después, pero a nadie lo notifican de eso. “Son dos momentos procesales diferentes”, escribió Godoy. Volví a preguntar cómo era eso y me dijo que fuera el 22 de diciembre a su oficina en la calle 26, a las 8:30 a.m., y mirábamos el caso.
Llegué puntual, pero la Gobernación estaba con acceso restringido por pico y cédula, y solo podía entrar gente con la autorización previa de cada funcionario. Luego de media hora de escribirle, me respondió que su despacho estaba cerrado por tres casos de COVID detectados; que lo esperara en un Juan Valdez a cinco cuadras de allí. “Llego en media hora y lo atiendo”. Esperé dos horas, y nada. Me fui para mi casa entonces, con una sensación de ciudadano maltratado, pero sobre todo con la impotencia ante la certeza de un Estado ineficaz que expide leyes, no permite cumplirlas y, sobre todo, no explica por qué. Repasando la ley otra vez, constaté que hablaba de multas “impuestas” antes del 31 de mayo, sin incluir para nada el concepto de “sancionadas”, que viene seis meses después. ¿Es la Ley 2027 un simple globo, inflado para mostrar ayudas a los ciudadanos en tiempos de crisis sanitaria? Se lo pregunto aquí al senador Serpa. ¿Puede un concesionario de Cundinamarca pasar por encima de una ley?, se lo pregunto al señor gobernador, Nicolás García.
Finalmente, ante la inminencia del fin de año, pagué la multa completa con todos sus intereses, el mismo 22 de diciembre.