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“Vandalismo”. Así titularon casi todos los noticieros el jueves pasado al presentar las imágenes de las mujeres encapuchadas destruyendo puertas, rompiendo vidrios, pintando consignas en las estaciones y los buses de Transmilenio. Sí, hubo vandalismo, hubo destrucción, caos, colapso, pero un titular periodístico de más profundidad, que anudara todos los elementos en cuestión, debería decir algo como “todos pagamos por lo que le hicieron a Hilary”.
Hilary Castro, una menor de edad, fue abusada el pasado 31 de octubre cuando se bajó en la estación de La Castellana, por un hombre que la forzó con un cuchillo. Un hecho repudiable y criminal, que no terminó allí pues los maltratos y abusos contra esta adolescente continuaron al intentar una denuncia por las vías legales y los procedimientos regulares: llamó a la línea policial de Transmilenio, pero se hallaba fuera de servicio, acudió a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda, pero no fue atendida por ser menor de edad; la remitieron al Ricaurte, pero tampoco fue atendida porque el abusador era mayor de 18; entonces decidió hacer un video desgarrado contando su caso, colgarlo en redes y acudir a la ciudadanía. Colectivos feministas convocaron a una protesta para el jueves y todo terminó en dos estaciones de Transmilenio destrozadas, varios buses rojos pintados con aerosol y miles de personas que debieron caminar para llegar a sus casas ante el infarto en el sistema masivo de transporte.
A primera vista, hay una cierta equivalencia entre quemar el sofá o la cama donde se produjo un acto sexual indeseado, y la destrucción de las instalaciones de Transmilenio donde una chica fue abusada. Hay bastante de absurdo en el daño a bienes públicos, en particular a un sistema de transporte que, mal que bien, le mejoró la calidad de vida y les solucionó la movilidad a millones de personas, un sistema sin el cual la ciudad colapsaría, pero también hay una profunda y violenta alegoría de que ese es el precio a pagar, todos, por la indiferencia y el desinterés de tanto tiempo ante el dolor, ante la arbitrariedad y la injusticia y por la apatía ante nuestros problemas más apremiantes como sociedad.
Esta nueva realidad de la ira como sinónimo directo de protesta es un fenómeno muy complejo y profundo frente al que las autoridades lucen inmóviles, perplejas, sin claridades sobre cómo intervenir, y sobre todo sin la lucidez para intuir que entre el empleado público y su desidia para atender a Hilary, o su desconocimiento de las rutas a seguir, o entre el funcionario que tomó la decisión de desactivar la línea telefónica de Transmilenio, o del que no la puso a operar, hay unos vasos comunicantes, un hilo conductor, con los vidrios rotos y los esqueletos de las estaciones de la Castellana y El Polo y los buses vandalizados. Y con los miles de ciudadanos que regresaron a sus casas en la noche, luego de largas caminatas. Y con Camilo, el hijo mío, que no pudo ir a su clase en la Javeriana, de 6 a 8 de la noche, porque no había forma de llegar. Es la metáfora de que todos debemos pagar algo por el abuso y atropello que le arruina la vida a una persona, una que legalmente es todavía una niña, pero también por el acostumbramiento a que eso haga parte del panorama cotidiano, y por la inacción de un Estado proclive a mostrarnos un rostro hostil o uno burlón ante nuestros reclamos y aspiraciones. Es de perogrullo decir que si a Hilary no la hubieran abusado, las estaciones, los buses, los usuarios hubieran tenido un jueves como cualquier otro, pero debería ser más evidente que si, posterior a su tragedia, a Hilary la escuchan unas instituciones, la acogen, la protegen, es menos probable que se hubieran desatado los disturbios.
Es la saturación ante la indolencia e inoperancia de las instituciones públicas, una reacción por un país como de caricatura, de grotesca caricatura, pero también es el cansancio ante la dejadez y mediocridad de una ciudadanía poco demandante y escasamente dada a exigir dignidad, trato respetuoso y eficacia de los agentes y entidades oficiales. Más preocupante, es la triste certidumbre sobre la inocuidad de la protesta pacífica y sobre el desdén de las clases dirigentes hacia las marchas y congregaciones que no afectan la normalidad del día a día.
La furia está desatada y es como una espiral que va a seguir ensanchándose y ampliándose; es en realidad una guerra ciega de todos contra todos en la que terminan fundiéndose además fenómenos diversos como el de unos indígenas que comienzan derribando monumentos y terminan asesinando a un conductor de un camión de basura, tan cansado e ignorado como ellos, o linchando a una patrullera de la Policía; el de un feminismo rabioso cuyo reclamo justo por deudas históricas termina intentando quemar catedrales, o el de varios integrantes de la llamada primera línea que consideran justo torturar a un hombre inerme. Espeluznante la declaración de Alias 19 sobre la supuesta heroicidad de sus acciones frente a un juez al que amenazó de frente hace apenas cinco días cuando lo condenó a 14 años por el delito de tortura, pero aún más espeluznante la voz de su mamá proclamando el profundo orgullo por su “valiente guerrero”. Algo se trastocó gravemente entre nosotros.
Hay una cierta ironía en que este fenómeno llegue a su máxima ebullición justo cuando le corresponde estar en la presidencia a un hombre que llegó allí por la sumatoria de todos esos malestares y que encarna en sí mismo la queja por todos los desgreños, exclusiones, inoperancias de un Estado, corrupto por demás, y las desidias de una sociedad muy indolente.
Inclusive, la abogada de Alias 19 reclamó, al concluir el juicio, que su cliente “defendió la idea de cambio de Petro pero no ha recibido apoyo”.
Y entonces, presidente, qué viene en todo esto…
