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Para el 7 de agosto de 2022, cuando Gustavo Petro asumió el poder, Kevin Arley Acosta tenía tres años. Ya llevaba dos lidiando contra la hemofilia, que se le manifestó antes del primer año de vida, pero pudo sobrevivirla y entró en la infancia con ciertas limitaciones, pero llevando una vida relativamente normal gracias a que los medicamentos le llegaban con regularidad.
Pero todo cambió para diciembre del año pasado, cuando doña Katherine Pico, la madre de Kevin, fue notificada por la Nueva EPS, intervenida y estatizada hace casi dos años, de que a partir de enero del 2026 se acababa el contrato con la IPS que suministraba la droga a Kevin. El muchacho quedaba entonces sin tratamiento ni atención. El 8 de febrero, Kevin sufrió un accidente en bicicleta. Hacía más de un mes no recibía la droga y estuvo 24 horas con atención básica hasta que fue enviado al hospital de Pitalito, Huila, donde la única alternativa que vieron para salvarle la vida fue una cirugía de urgencia. Eso sí, le advirtieron a Katherine que existía un altísimo riesgo de hemorragia y muerte por la falta del medicamento, con lo cual ella no autorizó la operación. Se determinó enviarlo a Bogotá, pero el visto bueno de la Nueva EPS se demoró tres días, y cuando finalmente el chico llegó a la capital era muy tarde. El 13 de febrero Kevin Arley falleció. Tenía siete años.
Un muerto más de este gobierno; uno para demostrar que además de los Brayan, o sea esos “muchachos perdidos en la vida”, esos “que hay en todos los barrios populares…”, también hay unos Kevin, que mueren en otros barrios periféricos porque no les llega un medicamento a tiempo. Según Sergio Robledo, presidente de la liga Colombiana de Hemofílicos, desde hace más de 20 años no moría nadie que padeciera esta enfermedad por falta de acceso a tratamientos.
En realidad, lo triste, dramático, es que los Kevin mueren por el desastre practicado por este gobierno en el sistema de salud desde hace tres años, una crisis financiera que ha llevado al cierre temporal o definitivo de miles de unidades de urgencias, atención básica, clínicas, en todo el país, con una cartera morosa que ya superó los 24 billones, según datos de la Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Unips), con un efecto muy grave en el abastecimiento y distribución de medicamentos. De 2023 a hoy la Procuraduría ha lanzado varias alertas e iniciado más de 20 investigaciones disciplinarias por los suministros de drogas y otros problemas, sobre todo en las EPS intervenidas, que eran nueve a junio de 2025.
Pero hay mucho más en este intento fallido del Gobierno de cambiar un sistema de salud que no era perfecto, que cojeaba, que tenía muchos frentes en los que cabían mejoras: según la Secretaría de Salud de Bogotá, las unidades de urgencia alcanzaron hasta 130 % de sobreocupación de marzo del 2023 a febrero del 2024, algo ni siquiera visto en los tiempos críticos del Covid. De acuerdo con el Dane, en términos absolutos durante 2025 los hogares destinaron 10,5 billones de pesos más a gastos en salud frente a lo registrado al inicio de este Gobierno, en 2022.
Con todo, lo más aberrante mientras asistimos a la destrucción de un modelo y a la incompetencia para rearmarlo y hacerlo operar es la indolencia, la banalidad, e inclusive la insensibilidad flagrante con que han enfrentado Petro y su ministro Guillermo Alfonso Jaramillo los momentos críticos, los cuestionamientos, los cierres de hospitales y clínicas, e inclusive las muertes de pacientes como Kevin.
Como olvidar el famoso “chu chu chu” con el que el propio presidente describió el efecto dominó que se podría venir con la muerte una a una de las distintas EPS, y el forzoso y obligado aterrizaje de los usuarios en las que fueran quedando. O las declaraciones de Jaramillo, siempre en actitud picapleitos, en esa audiencia pública cuando afirmó que el Gobierno mantenía a las EPS en cuidados intensivos para que saliera la reforma, una aceptación de que se estaba presionando de modo indebido y con amenazas a las EPS para sacar adelante un proyecto de ley que finalmente el Congreso le hundió. O la respuesta de este mismo personaje, cuando el director del hospital de Itagüi lloró en público al contar que no tenía con qué pagar la nómina a sus empleados desde hacía seis meses pues la deuda de las EPS con los hospitales de Antioquia ya superaba los ocho billones. “Los ricos también lloran”, fue lo que se le ocurrió contestar al ministro.
Las reacciones del Gobierno ante la muerte de Kevin Arley ya sobrepasaron cualquier umbral de insensibilidad y cinismo. En una primera declaración, ministro y presidente culparon a la madre por dejar al chico montar en bicicleta. Petro aseguró inclusive que los esquemas de prevención de enfermedades están a cargo de varias instituciones, entre ellas la familia, antes que nada. Un par de días después, y sin el menor indicio de exigir respuestas ni responsabilidades, Petro la volvió a culpar por no haberle autorizado la intervención quirúrgica, desconociendo o pretendiendo desconocer que el riesgo de muerte para el niño era altísimo. La madre, esa mujer pobre cabeza de hogar, empleada de un Fruver, con otros tres hijos menores de edad, era la culpable según el presidente del amor, de la potencia de la vida y del vivir sabroso. Fue tan escandalosa la actitud oficial que asociaciones médicas, ligas de enfermos, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Procuraduría le llamaron la atención. Inclusive esta última consideró que Petro y su ministro indignaron y ofendieron a los colombianos e instó al presidente a que actúe “con un sentido de sensibilidad, consideración y respeto por el dolor ajeno”.
Una vez más, como casi siempre con este Gobierno, la culpa la tienen los otros. Hasta Kevin debió tener culpa por querer montar en bicicleta, jugar, ejercer su niñez.
