No logro definir con claridad mi posición acerca del tema de la paz total de este Gobierno. La paz en abstracto siempre será una ilusión y en la práctica una desilusión continuada en el tiempo; una que en últimas termina produciendo un escepticismo crónico y una desesperanza aprendida, ese concepto de la psicología clínica que se traduce en una carencia de iniciativa para resolver problemas por considerarlos insolubles, y una reconfirmación inconsciente de que se está condenado a vivir, y morir, en circunstancias que nunca van a variar.
En lo personal, me declaro defensor activo y entusiasta de un proceso de paz con el Eln. A pesar de sus múltiples errores políticos, sigo creyendo que subsiste algo de esa doctrina cristiana que les dio origen, y que aún conservan rastros del proyecto ideológico que difundieron en su manifiesto de Simacota, tras la toma armada de ese pueblo en 1965. Conseguir integrarlos conllevaría la desarticulación de un foco de inestabilidad y violencia, recuperación de territorios en los que el Estado no tiene dominio y donde se han tejido siniestras alianzas con el narcotráfico; pero sobre todo, tendría un valor simbólico inmenso como cierre formal de una violencia muy vieja, histórica, con una deuda estatal cierta, y como mensaje de unos nuevos tiempos sobre la política de recursos naturales y de hidrocarburos, clave en la agenda del nuevo gobierno y eterna en el discurso del Eln.
Con las disidencias de las Farc, en cambio, no me queda tan clara la bondad de un segundo intento. Desde antes de la firma del acuerdo ellos fueron siempre la piedra en el zapato, el obstáculo, el freno; desde el daño del “quizá quizá, quizá” de Santrich como banalización al dolor de las víctimas, hasta la confirmación de que no estaban dispuestos a romper con el narcotráfico, pasando por la persistencia en continuar con el nombre Farc, misma sigla con otras palabras, que no facilitaba ningún borrón y cuenta nueva. Es innegable que hubo una celada del sinuoso fiscal Martínez contra Jesús Santrich, pero también lo es que había una predisposición favorable de este último o al menos no una negativa tajante frente a la presencia del narcotráfico en las Farc. Adicional, un nuevo proceso le resta seriedad al de La Habana, y abre las puertas para que los que han cumplido hasta hoy, aunque nos sigan debiendo verdades y reparaciones concretas, queden con la sensación de que la exigencia con ellos tampoco es tan absoluta.
El segundo pilar de esa paz total es el verdaderamente problemático porque, aunque en el papel aparezca separado, en la práctica se termina equiparando el hampa más criminal y ramplona, con la subversión por motivos políticos. De alguna manera es una validación del discurso uribista de que aquí nunca hubo conflicto y sí una simple caterva de forajidos que no eran más que delincuencia común. Además, el término de “acogimiento”, eufemístico para evitar el de sometimiento a la justicia, es muy inquietante y la escasa claridad que aún arroja la iniciativa la acerca a una peligrosa ley de punto final. O de la amnistía general, que dejó propuesta entre líneas el expresidente Uribe.
Sobre la alternatividad penal para pequeños cultivadores y sobre los diálogos regionales es poco lo que cabría decir. Suenan bien, pintan auspiciosos, pero seguimos teniendo más interrogantes que certezas.
Ahora bien, si el objetivo es la búsqueda bienintencionada de una paz total, ambiciosa, de largo alcance, creo que falta un quinto pilar, el de nuestra violencia cotidiana, omnipresente, desde la doméstica hasta la política. No es un asunto menor y se hunde en unas raíces culturales e históricas que no terminamos de abarcar, sin duda con una enorme responsabilidad de las élites, aunque también de otras esferas e instituciones de la vida nacional –partidos, iglesias y sindicatos– que fomentaron violencias, y si no fomentaron tampoco se ocuparon de contener, evitar o prevenir. Todo en el confuso y fatal caldo de cultivo de una realidad mafiosa, con el narcotráfico como gran catalizador social. Eso es rastreable en numerosos ensayos desde Luis López de Mesa, en su “De cómo se ha formado la nación colombiana”, hasta la “Historia de Colombia y sus oligarquías” de Antonio Caballero; sin excluir las conclusiones de “La violencia en Colombia” de los violentólogos de la Universidad Nacional en los años 90; el “Colombia hoy” de Cobo Borda, Bejarano, Kalmanovitz, Melo, Arrubla, Tirado; las crónicas de Alfredo Molano; los intentos de Arturo Alape, por mostrar las otras verdades; el compendio de reflexiones de “En qué momento se jodió Colombia” de La oveja negra; la excepcional investigación sobre la familia, de Virginia Gutiérrez de Pineda, ese otro estudio monumental del padre Fernán González y el Cinep, e incluso textos recientes como “El país de las emociones tristes” de García Villegas.
En todos esos libros excepcionales una conclusión ha ido quedando a un lado, sin que nos ocupemos de ella, sin que la abordemos a fondo, para dejarla eternamente pospuesta: la violencia colombiana no es exclusiva ni primordialmente política, sino que surge en el modo en que nos acostumbramos a relacionarnos, a dialogar, a vincularnos, a gestionar nuestras discrepancias, y cómo fuimos construyendo un tejido social que nunca cerró del todo el camino a la ilegalidad, a la salida de la iniciativa privada, personal, para ejercer la fuerza como opción legítima.
Una verdadera paz total, además de silenciar fusiles, desarticular organizaciones ilegales, reinsertar, reparar, restituir, dar opciones, construir verdades, hacer justicia, ampliar y cualificar la presencia del Estado en el territorio, debería intervenir en la construcción de una nueva cultura, de unos nuevos imaginarios, de una renovada iconografía inclusive, de unos nuevos espacios para dialogar, disentir, arriesgar consensos. Es un proyecto totalizador de la paz, colosal, que va mucho, pero mucho más allá de la simple pedagogía, aunque puede empezar por allí. El quinto pilar de la paz total debería ser una profunda pedagogía hacia la paz que contenga y vivifique muchos de los esfuerzos que providencialmente están confluyendo en este tiempo justo, como los resultados que empezamos a conocer de la JEP y las conclusiones de la Comisión de la Verdad, el aparente comienzo de una regeneración política.
Si Petro en realidad quiere pasar a la historia, ahí tiene su oportunidad.
