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Suena premonitorio: el 2022 podría parecerse a 1970, es decir, cuando Pastrana padre resultó presidente, por arte de un fraude electoral que impidió el ascenso al poder del exgeneral Gustavo Rojas Pinilla.
Pero no se trata de eso. Es algo más inmediato: Uribe tiene un 19% de popularidad, según la última encuesta de Invamer, y a Duque, el obediente ahijado político del expresidente y exsenador, no lo quiere el 70%, según el mismo sondeo. Y Petro ganaría en cualquier variante, si se enfrenta a Fajardo, Galán, Gaviria o Hernández.
El uribismo durante casi veinte años pudo vender con eficacia la idea de que su propuesta era la mejor para contener a la guerrilla y pacificar al país. En lo primero, la acción contrainsurgente fue un gran baño de sangre, mezcla de falsos positivos, auge paramilitar incrustado, además, en los corredores del Congreso, y ofensivas militares a gran escala, con el alto costo de desplazamiento y masacres. Pero la percepción era que Uribe había logrado “salvar” a Colombia de una inminente victoria militar de las Farc, y que, como consecuencia, se había incrementado la inversión extranjera y profundizado la confianza del sector productivo.
Y la pacificación. Nada más lejos de la paz que la era del Centro Democrático, con el paréntesis de los gobiernos de Santos, en los que se pudo llegar a un acuerdo con las Farc en medio de una hostilidad profunda del uribismo, no sólo porque consideró que el exministro de defensa había traicionado los “postulados” del jefe supremo, sino porque el carácter del uribismo era básicamente antisubversivo con la misma mentalidad del paramilitarismo: guerra frontal contra todo lo que oliera a bandidos comunistas, y en ese paquete, como ya hay evidencia de sobra, cupieron lideres populares, sindicalistas, periodistas, profesores universitarios, senadores, representantes, concejales, defensores de derechos humanos.
No es gratuito, por lo tanto, que Uribe esté enredado, como lo documentó Daniel Coronell en su serie Uribe Acorralado, en actos criminales cometidos, durante varios años, por los paramilitares, y que esté implicado en 216 casos penales. Y no es gratuito que líderes regionales del uribismo tengan un entronque profundo con narcos y autodefensas.
La popularidad de Uribe y su prestigio pueden estar por el suelo, pero el proyecto narcoparamilitar, en alianza con sectores políticos regionales, y con la complicidad de sectores económicos poderosos, es algo que sigue vigente. Es aquí, precisamente, donde la lucha por un cambio fundamental en lo social y político puede experimentar en las próximas semanas una escalada de violencia.
Estos factores armados, incrustados a fondo en el tejido social de Colombia no existen en Chile, Perú, Honduras, Brasil, Argentina, Bolivia, o incluso México, a pesar de su agudo enfrentamiento entre carteles. En esos países han ganado la presidencia movimientos progresistas, de centro izquierda, y a pesar de las dificultades, han podido gobernar, o están listos para ejercer el poder, como ese el caso de Honduras y Chile.
Por lo tanto, cualquier propuesta que busque remover los cimientos de la guerra sucia, y de los múltiples intereses económicos y políticos que se alimentan de la violencia, ha tenido que soportar el embate combinado de asesinatos, masacres, corrupción del voto y, en el medio, intentos claros de fraude electoral, antes, durante, y después de la jornada electoral.
La pregunta de fondo es si el establecimiento colombiano, en el ámbito regional y nacional, podría aceptar en 2022 el triunfo de un movimiento y de un líder que no son la continuación de la política tradicional. Y si las familias y caciques que han gobernado regiones enteras, por años y décadas, aceptarán un relevo político en sus propios predios. Es indudable que moverán cielo y tierra, y también -hay que decirlo- ejércitos regulares e irregulares, para evitar perder las mayorías en el Congreso nacional.
Esos mismos que apoyaron, financiaron o permitieron el aniquilamiento de un movimiento político (la Unión Patriótica, para quienes lo hayan olvidado) son los que aún manejan los hilos del poder. Puede ser que Uribe tenga el 19% de aprobación y su ahijado el 70% de desaprobación. Pero ahí no termina la historia. La incertidumbre es total.
