Una pregunta de fondo: ¿La estrambótica campaña de Andrés Pastrana es la antesala de lo que se nos viene encima el 30 de mayo, y de ahí en adelante, si las urnas le dan la ventaja o el triunfo a Gustavo Petro?
Desde hace más de dos meses, el hijo de Misael – quien fuera elegido presidente, en 1970, por arte de fraude – insiste, sin pruebas contundentes, que hay una especie de manguala entre la empresa española Indra (la proveedora del software electoral que procesó las caóticas votaciones del pasado 13 de marzo, y hará lo propio para las presidenciales) Alexander Vega (Registrador Nacional) y el candidato del Pacto Histórico, con el propósito turbio de robarse las elecciones presidenciales. Lo preocupante aquí no es la frivolidad de Andrés en su fantasiosa batalla, sino lo que representan sus palabras como el síntoma de que una parte poderosa y extremista de la clase dirigente colombiana estaría preparando el terreno para desconocer los resultados que no le sean favorables a su candidato, Federico Gutiérrez.
Más preocupante todavía es la decisión tomada por la Procuradora General, Margarita Cabello, de suspender al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y de esa manera no sólo mostrar su sesgo político (por supuesto, suspendió también al alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, como para guardar en algo las apariencias) sino ofrecer pruebas, a plena luz del día, de que está alineada con el presidente Duque: mantener sepulcral silencio ante la sistemática intervención en política del mandatario que, sin pudor alguno, se pasa por la faja la Constitución.
Y de nuevo, a plena luz del día, sin que se les mueva un músculo de la cara, cometen otra flagrante ilegalidad: el reemplazo de Quintero no es de su mismo movimiento político. Como bien lo recordó el exmagistrado José Gregorio Hernández en su cuenta en Twitter, la ley es clara: “En todos los casos en que corresponda al Presidente de la República designar el reemplazo del alcalde, deberá escoger a un ciudadano que pertenezca al mismo partido o movimiento político del titular”.
¿Por qué Duque y también Cabello, deciden desconocer los códigos e incluso sentencias internacionales, en sus palabras y acciones? La respuesta más fácil es que están moviendo cielo y tierra para interferir en la campaña política, pero hay algo más deprimente: si actúan de manera tan descarada, es porque se sienten muy seguros de que sus métodos corruptos tendrán una solución de continuidad. Que su candidato ganará sea como sea y al precio que haya que pagar.
Por eso ni siquiera le llaman la atención al general Zapateiro y, por el contrario, justifican su desembozada participación en política electoral. Petro no es un adversario con el derecho legítimo a gobernar -si vence en las elecciones - sino un enemigo al que hay que aplastar “como sea”, según lo dijo alguna vez, sin ambages, Pachito Santos.
El paro armado del Clan del Golfo, la pasividad deliberada del gobierno (Duque se fue de viaje a Costa Rica) la indiferencia del Ejército y la Policía ante la arremetida violenta de ese grupo armado, narcotraficante y paramilitar, y la casi nula respuesta por parte de los gremios a la paralización y sabotaje económico en 11 de los 32 departamentos de Colombia, son también evidencia clara de que esas llamadas “estructuras armadas” podrían funcionar como factor de intimidación y sabotaje durante las elecciones del próximo 29 de mayo. Todo eso, por supuesto, bajo la mirada cómplice del gobierno.
No hay duda de que la élite, a través de los años, ha sabido mantener una fachada democrática y de legalidad, en medio de la barbarie. El mundo ha cambiado, los procesos de paz exitosos en Colombia se hicieron con la promesa de que era posible buscar las reformas sociales por la vía democrática, electoral. Ha sido un esfuerzo enorme, muchas veces heroico, para sacar la violencia y las armas de la lucha por el poder.
En Estados Unidos, el Departamento de Estado y los asesores de Biden para América Latina han dejado en claro que apoyan los acuerdos de paz respaldados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y unas elecciones democráticas y transparentes. Como tantas veces se ha dicho, Colombia es país estratégico para el Tío Sam. Los senadores y representantes republicanos de la Florida en Washington son todos, con la excepción de Rick Scott, de origen cubano y dados a ver el mundo con las antiparras de la guerra fría. Con respecto al paro de 2021, tomaron la clásica posición de interpretar la protesta social apenas como una intensa interferencia de agentes del castrochavismo, promotores del caos y la violencia. Los demócratas, por el contrario, fueron muy receptivos a las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública.
Por lo tanto, no son claros los cálculos que están haciendo los que buscarían conspirar contra la débil democracia colombiana, con respecto a la reacción que habría en Washington y en la Casa Blanca ante el desconocimiento de un resultado electoral.
El uribismo quiso hacer trizas los acuerdos de La Habana y del Teatro Colón, y en parte lo ha logrado, pero el pueblo más golpeado por la zozobra le está pasando una amplia y contundente cuenta de cobro. Queda entonces la duda: ¿Pastrana es el heraldo negro que presagia el desmonte de esa fachada de “imperio de la ley”, o es apenas un expresidente irrelevante que busca protagonismo a través de las redes sociales?
Una pregunta de fondo: ¿La estrambótica campaña de Andrés Pastrana es la antesala de lo que se nos viene encima el 30 de mayo, y de ahí en adelante, si las urnas le dan la ventaja o el triunfo a Gustavo Petro?
Desde hace más de dos meses, el hijo de Misael – quien fuera elegido presidente, en 1970, por arte de fraude – insiste, sin pruebas contundentes, que hay una especie de manguala entre la empresa española Indra (la proveedora del software electoral que procesó las caóticas votaciones del pasado 13 de marzo, y hará lo propio para las presidenciales) Alexander Vega (Registrador Nacional) y el candidato del Pacto Histórico, con el propósito turbio de robarse las elecciones presidenciales. Lo preocupante aquí no es la frivolidad de Andrés en su fantasiosa batalla, sino lo que representan sus palabras como el síntoma de que una parte poderosa y extremista de la clase dirigente colombiana estaría preparando el terreno para desconocer los resultados que no le sean favorables a su candidato, Federico Gutiérrez.
Más preocupante todavía es la decisión tomada por la Procuradora General, Margarita Cabello, de suspender al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y de esa manera no sólo mostrar su sesgo político (por supuesto, suspendió también al alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, como para guardar en algo las apariencias) sino ofrecer pruebas, a plena luz del día, de que está alineada con el presidente Duque: mantener sepulcral silencio ante la sistemática intervención en política del mandatario que, sin pudor alguno, se pasa por la faja la Constitución.
Y de nuevo, a plena luz del día, sin que se les mueva un músculo de la cara, cometen otra flagrante ilegalidad: el reemplazo de Quintero no es de su mismo movimiento político. Como bien lo recordó el exmagistrado José Gregorio Hernández en su cuenta en Twitter, la ley es clara: “En todos los casos en que corresponda al Presidente de la República designar el reemplazo del alcalde, deberá escoger a un ciudadano que pertenezca al mismo partido o movimiento político del titular”.
¿Por qué Duque y también Cabello, deciden desconocer los códigos e incluso sentencias internacionales, en sus palabras y acciones? La respuesta más fácil es que están moviendo cielo y tierra para interferir en la campaña política, pero hay algo más deprimente: si actúan de manera tan descarada, es porque se sienten muy seguros de que sus métodos corruptos tendrán una solución de continuidad. Que su candidato ganará sea como sea y al precio que haya que pagar.
Por eso ni siquiera le llaman la atención al general Zapateiro y, por el contrario, justifican su desembozada participación en política electoral. Petro no es un adversario con el derecho legítimo a gobernar -si vence en las elecciones - sino un enemigo al que hay que aplastar “como sea”, según lo dijo alguna vez, sin ambages, Pachito Santos.
El paro armado del Clan del Golfo, la pasividad deliberada del gobierno (Duque se fue de viaje a Costa Rica) la indiferencia del Ejército y la Policía ante la arremetida violenta de ese grupo armado, narcotraficante y paramilitar, y la casi nula respuesta por parte de los gremios a la paralización y sabotaje económico en 11 de los 32 departamentos de Colombia, son también evidencia clara de que esas llamadas “estructuras armadas” podrían funcionar como factor de intimidación y sabotaje durante las elecciones del próximo 29 de mayo. Todo eso, por supuesto, bajo la mirada cómplice del gobierno.
No hay duda de que la élite, a través de los años, ha sabido mantener una fachada democrática y de legalidad, en medio de la barbarie. El mundo ha cambiado, los procesos de paz exitosos en Colombia se hicieron con la promesa de que era posible buscar las reformas sociales por la vía democrática, electoral. Ha sido un esfuerzo enorme, muchas veces heroico, para sacar la violencia y las armas de la lucha por el poder.
En Estados Unidos, el Departamento de Estado y los asesores de Biden para América Latina han dejado en claro que apoyan los acuerdos de paz respaldados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y unas elecciones democráticas y transparentes. Como tantas veces se ha dicho, Colombia es país estratégico para el Tío Sam. Los senadores y representantes republicanos de la Florida en Washington son todos, con la excepción de Rick Scott, de origen cubano y dados a ver el mundo con las antiparras de la guerra fría. Con respecto al paro de 2021, tomaron la clásica posición de interpretar la protesta social apenas como una intensa interferencia de agentes del castrochavismo, promotores del caos y la violencia. Los demócratas, por el contrario, fueron muy receptivos a las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública.
Por lo tanto, no son claros los cálculos que están haciendo los que buscarían conspirar contra la débil democracia colombiana, con respecto a la reacción que habría en Washington y en la Casa Blanca ante el desconocimiento de un resultado electoral.
El uribismo quiso hacer trizas los acuerdos de La Habana y del Teatro Colón, y en parte lo ha logrado, pero el pueblo más golpeado por la zozobra le está pasando una amplia y contundente cuenta de cobro. Queda entonces la duda: ¿Pastrana es el heraldo negro que presagia el desmonte de esa fachada de “imperio de la ley”, o es apenas un expresidente irrelevante que busca protagonismo a través de las redes sociales?