MIAMI. El pronóstico es muy reservado para este 3 de noviembre, día de la elección presidencial en Estados Unidos. Joe Biden —al que sólo le falta que sea ungido en la convención demócrata como candidato oficial de su partido— advirtió que si Trump no acepta su derrota y se niega a abandonar la oficina oval, “los generales lo van a retirar de manera expedita de la Casa Blanca”.
Hay analistas que creen que si Biden gana por una mínima diferencia, de inmediato Trump, con el apoyo de sus aliados y el canal Fox, podría no aceptar los resultados con lo que generaría una crisis institucional sin precedentes. Lawrence Douglas, profesor de derecho en Amherst College, autor del libro ¿Se irá él? Trump y el inminente colapso electoral en 2020, cree que ese escenario es muy probable debido a que el actual presidente ha dejado en claro —sobre todo cuando las encuestas no le son favorables, como en este momento— que el sistema electoral es corrupto y que un triunfo de los demócratas sería fruto del fraude en las votaciones.
En una entrevista para el medio digital VOX, este académico advierte que las instituciones norteamericanas no tienen ningún mecanismo legal para resolver una situación en la que el perdedor no acepte su derrota y, por lo tanto, no reconozca el triunfo de su adversario. Además, señala que los congresistas del Partido Republicano serían los únicos que le podrían poner coto a los ataques de Trump al sistema electoral, pero ya es claro que ellos no han tenido la valentía, ni la grandeza histórica, para llamar a cuentas a este mandatario venal.
De acuerdo con la Constitución, el 20 de enero de 2021 es el último día del gobierno del binomio Trump-Pence. Si para entonces no hay humo blanco, la presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, se convertiría en una mandataria provisional mientras se resuelve el conflicto. Pero dado el agudo enfrentamiento entre ella y Trump, lo más probable es que el antiguo supuesto magnate inmobiliario de Nueva York no acepte esa fórmula constitucional. E insista en su victoria. Douglas plantea un escenario muy parecido al de Venezuela: “Qué tal si ese día Trump hace su propia ceremonia, y Clarence Thomas [magistrado de tendencia conservadora de la Corte Suprema] le toma el juramento al supuesto presidente reelecto. Entonces, tendríamos a Nancy Pelosi y a Trump alegando que los dos son los comandantes en jefe”.
En el año 2000, el demócrata Al Gore perdió por 537 votos ante el republicano George W. Bush, después de una intensa batalla legal en la que la Corte Suprema decidió suspender un reconteo de votos en la Florida. Gore acató el fallo —a pesar de que siempre ha considerado que él ganó esa elección— y aceptó su derrota. Si ese mismo escenario sucediera en noviembre, el profesor de Amherst College ve muy probable que Trump, por sus antecedentes, no aceptaría nada distinto a la confirmación de su dudosa victoria.
Por lo tanto, aquí queda al descubierto un vacío institucional que nunca se había hecho evidente en Estados Unidos, porque siempre el traspaso del mando de un partido al otro o el reconocimiento de las derrotas, con o sin disputas legales, se habían realizado con el respeto a la norma no escrita del acato de la voluntad popular o de los jueces. Pero esta vez es muy distinto, pues a la Casa Blanca llegó un hombre con mentalidad mafiosa y personalidad narcisista, que siente que él y su investidura presidencial están por encima de cualquier formalidad escrita en los códigos o en la tradición.
Desde 2015 —cuando lanzó su campaña presidencial en esa ya cómica escena de él, en compañía de su esposa, bajando por una escalera eléctrica de la Torre Trump— inició un asalto exitoso contra la forma y el fondo de hacer política en la patria del Tío Sam.
Como bien lo indicó en un documental el estratega republicano Roger Stone (cerebro de la estrategia trumpista y famoso por sus tácticas sucias, está a punto de entrar a la cárcel por mentir e intimidar testigos durante la investigación del fiscal Mueller sobre la intromisión rusa en las elecciones de 2016), el discurso de Trump es contra las élites y las instituciones, pero en realidad gobierna para la plutocracia: por una parte, se erige en paladín de la lucha contra los acuerdos de libre comercio, y, por otro lado, desmonta todas las regulaciones en la industria energética, en el sector financiero y aprueba exenciones de impuestos para los más ricos. Además, nombra jueces y magistrados conservadores comprometidos con causas que, en un momento dado, van en contra de los mismos intereses de esa clase obrera obnubilada por el discurso fascista de su gran timonel.
Esa fórmula le ha permitido al actual presidente crear una base dispuesta a seguir a su líder hasta sus últimas consecuencias. Cada vez que se siente acorralado, recurre al tema antiinmigrante y lanza mensajes racistas. Y en medio de toda la pirotecnia, ha creado una larga estela de mentiras —20.000, según la cuenta que le lleva The Washington Post desde el 20 de enero de 2017, su primer día de mandato— y de absoluto irrespeto por todos los rituales del poder, de los cuales se sentían muy orgullosos los mismos republicanos que hoy miran para otro lado cuando su jefe rompe una porcelana más de la cristalería a la que entró este peligroso ejemplar con la misma genética de los dictadores tropicales.
El COVID-19 y las masivas protestas contra la injusticia racial y el sistemático uso excesivo de la fuerza por parte de la policía han sido crisis ante las cuales Trump no tiene ni la preparación intelectual, ni la inteligencia, ni el temperamento para enfrentarlas con éxito. Por eso, su popularidad se ha desplomado sin atenuantes, a juzgar por las últimas encuestas.
En cuestión de semanas, el país cambió. El movimiento Black Lives Matter tiene ahora un nivel de aprobación del 52%; republicanos y demócratas, en diferentes tonos y acentos, aceptan la discriminación racial y el atropello consuetudinario de la policía contra la población afroestadounidense. En un gesto sin precedentes, y que refleja una fractura entre el presidente y el estamento militar, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Mark Milley, se disculpó públicamente por haber participado, en traje de fatiga, en ese deplorable desfile de altos funcionarios que acompañaron a Trump desde la Casa Blanca, pasando por el parque Lafayette, hasta llegar a las afueras de una iglesia histórica en la que el presidente exhibió, sin vergüenza alguna, una Biblia prestada. Para que la comparsa pudiera tener el camino despejado, el fiscal general ordenó dispersar a punta de balas de goma, gases lacrimógenos y bolillo a los manifestantes pacíficos que se encontraban en el área.
Y como si fuera poco, en 25 estados hay un rebrote del coronavirus y por esa razón, en el momento de escribir esta columna, se desplomó la bolsa de Nueva York. Trump no quiere saber nada de pandemias, ya está listo para armar multitudinarias manifestaciones en los lugares donde se ha intensificado la infección. Cree que la formula con la que ganó en 2016 le funcionará en este cruce de calamidades y hechos históricos.
Si sigue el repunte del COVID-19, se puede complicar el día de la elección presidencial. El voto por correo postal es una opción que tienen los electores —Trump la ha utilizado— pero él y sus aliados buscan por todos los medios obstaculizarla, con el argumento de que se presta para un fraude masivo. Como es obvio, no hay ninguna evidencia que sustente semejante afirmación.
Por primera vez en la historia contemporánea de Estados Unidos, su democracia se encuentra en cuidados intensivos. El profesor Douglas ve que la única manera para evitar una crisis institucional de impredecibles consecuencias es que Trump pierda de manera categórica, sin ninguna sombra de duda. Estos cinco meses que faltan para la hora de la verdad serán de gran zozobra.
