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“Nunca podremos estar satisfechos mientras los negros sean las victimas de inenarrables horrores de brutalidad policiaca”. Martin Luther King, Manifestación en Washington, 1963.
MIAMI. El dueño de una gasolinera, en la Pequeña Habana, llamó a la policía porque en la tiendita adyacente a la bomba, donde el hombre atendía a su clientela, de repente entró una mujer joven, latina, de unos 28 años, y empezó a cortarse las venas. Cuando llegó la patrulla, uno de los agentes se dirigió de inmediato hacia donde estaba la suicida. Ella no obedecía órdenes, sólo amenazaba con seguir en su tarea de quitarse la vida.
Cuando el oficial, ya desesperado ante el comportamiento errático de la mujer, iba a pasar a una acción más agresiva, de repente tuvo que abandonar sus planes porque apareció un agente que tomó de inmediato las riendas de la situación. Era el miembro de un grupo especial de la policía de la ciudad de Miami, especializado en manejo de crisis psiquiátricas y en desactivar situaciones que pueden terminar en tragedia. ¿Qué habría pasado en esa estación de gasolina, si el primer uniformado que llegó al llamado de urgencia se deja llevar por la actitud de la joven, e interviene de una manera violenta?
Al final, después de más de una hora de paciente diálogo, la mujer salió esposada, para que no se hiciera más daño, la recogió una ambulancia y fue llevada al Jackson Memorial Hospital (una institución pública), donde le hicieron una evaluación psicológica y la mantuvieron en observación durante 48 horas, como lo ordena la ley.
Esta no es una escena común en otras ciudades, o protagonizada por miembros de los 18.000 departamentos de policía que existen en Estados Unidos.
En un artículo publicado en la revista The New Yorker, William Finnegan da una cifra impactante: la policía en este país mata a más de mil personas al año; la mayoría afroamericanas y desarmadas. Muy pocos de esos oficiales enfrentan acusaciones, si es que llegan a ser investigados por la Fiscalía, y un porcentaje muy alto de esos casos queda en la impunidad absoluta.
¿La razón? Una parte muy importante de responsabilidad por esa inacción, según Finnegan, se debe a los sindicatos de la policía. Por lo general, logran para sus afiliados enormes beneficios, y negociaciones muy favorables con las autoridades civiles de los condados o ciudades, pero son organizaciones ultrarreaccionarias, que mantienen un sólido espíritu de cuerpo y logran abortar cualquier investigación de abuso policial. A veces, mientras se desarrollan algunas pesquisas, los agentes salen de circulación. “En muchos casos, los oficiales suspendidos —escribe Finnegan— tienen su sueldo garantizado, y son ignoradas las recomendaciones disciplinarias de los comités de supervisión. Las quejas son remitidas muy tarde a las autoridades competentes y, por lo tanto, son descartadas. Los documentos sobre mala conducta se mantienen en secreto, y se destruyen a los seis días”.
Como bien lo dijo el presidente Joe Biden, “fue una rareza” el conjunto de circunstancias que llevaron al jurado a hallar culpable de los tres cargos que se le imputaron a Derek Chauvin, el policía que asesinó, en absoluto estado de indefensión, a George Floyd. Los más optimistas pensaron que sería condenado por la acusación más débil, es decir, homicidio involuntario. Y la mayoría escéptica estaba casi segura de que no habría castigo alguno para el agresor.
Mientras discurría el juicio a Chauvin, una mujer policía, con 25 años de experiencia, mató a un joven afroamericano, desarmado, de 20 años, en Minnesota. Al parecer, la uniformada desenfundó el arma equivocada, y en lugar de disparar un taser (una pistola que lanza una descarga eléctrica supuestamente inofensiva) le disparó un tiro mortal a Daunte Wright, que así se llamaba la víctima.
Y el mismo martes del fallo, una jovencita de 16 años, afroamericana, perdía la vida en un incidente con la policía, en Columbus, Ohio. Los oficiales habían respondido a un llamado de urgencia por una riña. Cuando llegaron los agentes, la victima al parecer tenía un cuchillo con el que trató de agredir a otra joven. En ese momento, un oficial le disparó tres tiros. ¿No había más alternativa? Y la pregunta de siempre: ¿Habría actuado de la misma manera el uniformado si la atacante hubiera sido una mujer blanca? La investigación está en curso, el video grabado por la cámara que llevaba el agente pegada a su uniforme, muestra una secuencia de hechos que se sucedieron en cuestión de segundos. Es como si la patrulla hubiera llegado en el momento climático de la reyerta, y las decisiones se hubieran tomado en caliente, sin la posibilidad, ni el debido entrenamiento, para desactivar el conflicto y evitar una tragedia.
El juicio a Chauvin demostró que era posible que, en ciertas circunstancias, se rompiera el férreo espíritu de cuerpo que hay en la policía. Pero esa no ha sido la norma. Es todo lo contrario: es casi un asunto de honor mantener la solidaridad con el compañero caído en desgracia. Cualquier acción contra él o ella es entendida como un ataque contra la institución. Y el poder civil lo sabe. Por eso, los alcaldes y los administradores de las ciudades o condados (ellos son los funcionarios que nombran a los jefes de policía) se cuidan de los sindicatos, tratan de congraciarse con ellos porque, al final, son los líderes de esas organizaciones los que dan su apoyo político a uno u otro candidato cuando llegan las elecciones.
En 2016, el sindicato nacional de la policía, con 350.000 afiliados, apoyó la candidatura de Donald Trump. En 1968, respaldó la de otro racista y populista: George Wallace.
Está en tránsito en el Congreso, hoy, una ley, que lleva el nombre de George Floyd, que busca una reforma importante de la policía. No hay duda de que pasará en la Cámara, pero el gran interrogante es si habrá en el Senado diez republicanos que se unan a los demócratas para aprobar esa ley.
Es sepulcral el silencio que han guardado los republicanos con respecto al fallo en contra de Chauvin. Ellos saben que en sus distritos electorales no es de buen recibo quitarles el respaldo a los uniformados. También conocen el poder de sus sindicatos. Además, en este momento la base del partido de Trump es racista, supremacista blanca. Y no me cabe la menor duda de que esos extremistas estarán pensando lo mismo que dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en una entrevista en Fox News: que el jurado condenó a Chauvin por miedo a la reacción de los negros.
Por lo menos, en la Casa Blanca creen que en Estados Unidos hay un racismo sistémico, y el Congreso hará el esfuerzo por extirpar ese racismo que no se limita a una especie de desviación de las siempre mentadas “manzanas podridas”.
