Después del anuncio que hizo el presidente Uribe de llevar al congreso un proyecto de ley para meter en cintura la “persecución jurídica que busca frenar a la Fuerza Pública”, ¿cómo no sospechar que todos estos años de guerra sucia, interpretada como actos aislados de manzanas podridas dentro de las Fuerzas Armadas, es una fría y precisa estrategia contrainsurgente desarrollada desde las altas esferas del Estado, con el aval político de la Casa de Nariño?
A los ojos del gobierno, las decisiones de los tribunales producen “inseguridad jurídica” que se proyecta en la psicología de “los soldados de la Patria” cuando deben actuar en el campo de batalla. Se genera la duda de si cualquier conducta “riesgosa” para aniquilar o neutralizar al enemigo, pueda tener, en el inmediato futuro, devastadores efectos legales.
En otras palabras: ante el desafío de ganar una guerra compleja, hay que blindar a los combatientes de la legalidad contra los embates de la justicia ordinaria que vulneran la moral de las tropas y entorpecen las acciones contra el terrorismo. La jurisprudencia de palacio es contundente: “cuando hay buena fe y cuando hay patriotismo, no hay espacio para el dolo. Se excluye totalmente el delito”.
Ante semejante doctrina, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, los hostigamientos, las complicidades con los escuadrones de la muerte, son conductas que no pueden ser tipificadas como delitos, cuando son inspiradas por el amor a la bandera de quienes las ejecutan en el supuesto cumplimiento de su deber. Bajo las anteriores premisas, restablecer el fuero militar es abrir las puertas, de par en par, a la impunidad frente a los abusos de los uniformados. Es ahondar en el espíritu de cuerpo castrense, que anula de raíz cualquier asomo de imparcialidad en el momento de sentenciar a un militar por delitos cometidos contra los civiles e incluso contra “el enemigo”.
Después de la cerrada defensa del honor militar, cómo creerle al presidente Uribe cuando afirma que la labor de la Fuerza Pública debe ser transparente y plenamente enmarcada en el respeto a los derechos humanos. Suena a frase hueca, insuficiente para calmar la profunda inquietud que en el ámbito nacional e internacional genera el deliberado acoso del Ejecutivo contra el poder judicial. ¿Por qué el actual gobierno ha llegado tan lejos en su desprecio de la justicia?
Porque los jueces y los altos tribunales, en su tarea de administrar justicia y velar por la Constitución, se están apartando de la lógica de la guerra, esa que durante todo el frente nacional determinó que las instituciones del Estado debían actuar como un solo haz en la causa común de derrotar el peligro comunista, al que hoy llaman terrorismo. En el presente, para el uribismo en pleno, para el establecimiento, la rama judicial se ha extralimitado. O peor: es la punta de lanza de una guerra jurídica que busca colmar de obstáculos la meta de hacerle morder el polvo a la guerrilla.
Es claro, pues, que están dejando la casa en orden para que, a partir del próximo 7 de Agosto, se inicie la consolidación de un nuevo frente nacional con la impunidad como bandera, en caso de que Juan Manuel Santos se lleve el premio mayor. Los jueces están en la mira, no sólo de los asesinos, sino del uribismo que, mediante la combinación de métodos legales (reformas en el congreso) e ilegales (las escuchas del DAS, por ejemplo) quiere reducir al máximo cualquier ruido que entorpezca el camino hacia la victoria final contra la subversión.
