¿Hasta dónde puede llegar la voluntad de negociación de Duque con las diferentes fuerzas políticas y con los organizadores del paro?
A juzgar por la manera como han manejado esta crisis, que ya es histórica por sus consecuencias nacionales e internacionales, y por el altísimo costo humano en pérdida de valiosas vidas jóvenes, el presidente y sus ministros no parecen tener el músculo político para proponer una fórmula novedosa de negociación, a doce meses de las elecciones presidenciales.
Para el mundo entero, y para un amplio sector de la población en Colombia, la respuesta del gobierno ha sido represión y oídos sordos. Ya es casi un canto a la bandera el que hubiera retirado la reforma tributaria y pedido la renuncia del ministro Alberto Carrasquilla. Lo que se despertó, a partir del 28 de abril, fue una inmensa protesta postergada por la COVID19, y estimulada por el desespero, el hambre, la violencia desatada, y la indolencia de un sector de la clase dirigente entregado al objetivo de instigar y aupar la guerra.
Con el agua al cuello, y con Uribe suelto sin el más mínimo interés de bajarle la intensidad a sus ideas autoritarias, el gobierno de la “paz con legalidad” y del show de variedades “Prevención y Acción” navega sin destino claro, apenas con la idea de evitar, a toda costa, el naufragio. No hay duda: la acción represiva del Estado, el grotesco espectáculo de abrir fuego contra una multitud desarmada, de lanzar cohetes contra la gente, y la victoria popular de lograr que el gobierno se olvidara de una loca propuesta impositiva, son incentivos para unir a las fuerzas alternativas -incluyendo al oportunista de Fajardo – a pesar de que una líder clave como la alcaldesa Claudia López lanzó dardos venenosos contra Petro, al acusarlo de incitar a la revuelta, mientras se quedaba guardado en su casa, y ponía a los jóvenes de carne de cañón.
Sin embargo, el maestro de la mentira, el señor resucitado de El Ubérrimo, ya está en la tarea de profundizar en la polarización de la mano de la periodista Vicky Dávila, quien en una arenga, a manera de editorial, insinuó sin llamarlo por su nombre, que el máximo dirigente de la Colombia Humana tendría el poder de suspender los saqueos, los bloqueos de vías y el vandalismo. Y Uribe, que sabe muy bien de lo que habla, trajo a colación el concepto de un chileno neonazi -la revolución molecular disipada- que no es más que la teoría del enemigo interno (aplicada en las dictaduras del Cono Sur), que juega a varias bandas y, al final, es el mismo. “En Colombia el vándalo-terrorismo, animado por políticos, avanza en la destrucción empresarial”, trinó el expresidente, y en esas pocas palabras recoge lo que se dice al otro lado del río: Petro, con la ayuda de Maduro (versión Miami), es el cerebro de los desórdenes y de la violencia, todo maquillado con la mampara de los “jóvenes pacíficos” que salen a marchar y a protestar pero que, en realidad, forman parte de un plan mucho más grande y “macabro”. Según el desprestigiado expresidente y líder del Centro Democrático, la violencia es “una etapa del camino al socialismo”.
La verdad es que la gran mayoría de movilizaciones ciudadanas fue pacífica. La acción violenta de la policía exacerbó el ánimo de un sector de los manifestantes que optó por las vías de hecho, como incendiar un CAI con policías en su interior, o confrontar de manera violenta a los uniformados, acciones a todas luces condenables. Pero los saqueos y el vandalismo estaban fuera del control de los organizadores del paro, y habría que preguntarse para quién trabajan esos provocadores. El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo sin mayores evidencias que había miembros del Eln, las disidencias de las Farc y el narcotráfico envueltos en los saqueos de almacenes, destrucción de estaciones de gasolina, ataque a edificios públicos, incendio de buses y de las estaciones de Transmilenio o el MIO en Cali.
¿Qué le puede prometer Duque a los organizadores del paro y a las fuerzas políticas alternativas? ¿Hasta dónde piensa ceder a las presiones de la extrema derecha que no quiere nada distinto a plomo? ¿Qué seriedad habrá en las pesquisas sobre los asesinatos de por lo menos 26 jóvenes? ¿Cuántos militares serán judicializados y condenados por esos crímenes? ¿Quién investigará la financiación y el origen de los saqueadores?
Pareciera, por sus efectos, que el saqueo fuera una táctica para deslegitimar las justas manifestaciones populares, y exacerbar la antipatía de las clases medias y los comerciantes hacia las marchas. Duque dijo que, sobre su escritorio, estaba la opción de la declaratoria de conmoción interior. Algunos congresistas del Centro Democrático la pidieron. Con seguridad estarán a la espera de los resultados de las reuniones que tenga Duque con los organizadores de la huelga y las llamadas, en tiempos igual de convulsos, “fuerzas vivas de la nación”.
En el ámbito internacional, la voz de Estados Unidos ha sido muy débil en la condena de los hechos de violencia en Colombia. La OEA y su secretario Luis Almagro, tan diligente cuando se trata de Venezuela, ha mantenido un silencio cómplice ante los desmanes protagonizados por la fuerza pública. Han sido la Unión Europea y las Naciones Unidas, más organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch, las que han mantenido una observación muy atenta de la crisis (con denuncias incluidas) en un país que siempre se ha mantenido en ebullición.
A Colombia le esperan doce meses muy difíciles, los más complejos de su historia reciente. El descontento popular es enorme. Los movimientos alternativos han ganado en fuerza y legitimidad. Los poderes tradicionales se sienten muy amenazados, es decir, el gran capital financiero e industrial, las economías ilegales (minería y narcotráfico), los caciques regionales, los influyentes señores de la tierra, el uribismo y sus diversas vertientes.
Y la peste sigue su curso, con más infectados y muertos. Y más ruina económica.
Mientras no haya una respuesta contundente para atender las necesidades de un pueblo golpeado por la pandemia y otros factores estructurales, la calle seguirá muy activa, con manifestaciones permanentes. La fractura social es profunda. Hay quienes buscan criminalizar la protesta para convertirla en blanco militar. Han tenido éxito en su empeño. Quieren exterminar a las “moléculas revolucionarias”, según termino importado por nuestro fascista de cabecera.
Estos dirigentes de la Colombia antediluviana tienen pánico. Están perdiendo las riendas del país. Ya sabemos que su respuesta, por el momento, es violenta. ¿Seguirán así o peor después de la cita con las fuerzas sociales y los diversos sectores políticos? ¿Habrá decisiones de fondo a favor de las mayorías? ¿Escucharán una propuesta como la de los rectores de las universidades públicas y privadas, en la que trazaron una ruta clara para empezar a salir del pantano? La manera arrogante y ciega como tramitaron la reforma tributaria, y el modus-operandi de la Casa de Nariño desplegado durante los días de las protestas callejeras, no invitan al optimismo.
