El otro derrumbe

MIAMI. La frase que más se ha oído después del mortal derrumbe de un edificio en Surfside, una ciudad vecina de Miami Beach, es la siguiente: “Eso no puede pasar en Estados Unidos”.

Pero pasó y, a medida que se van extendiendo las labores de rescate y remoción de escombros, salen nuevos documentos a la luz pública. Uno de los más impactantes es el análisis que hizo la presidenta de la junta directiva del Champlain Towers South en el pasado mes de abril, menos de dos meses antes de la tragedia, en el que ponía el costo de reparaciones del inmueble, construido hace 40 años, en más de 15 millones de dólares. Y advertía que el deterioro de la edificación era “acelerado”.

Apenas empiezan las investigaciones para saber qué paso en realidad, pero el acumulado de daños que tenía esa estructura, la inestabilidad de las administraciones del edificio, sus peleas consuetudinarias y el hecho de que hay un marco legal muy débil, por lo menos en la Florida, para meter en cintura a esas juntas administradoras de conjuntos de apartamentos o casas con seguridad jugaron un papel fundamental en este desastre que todos los días produce desgarradoras historias de familiares o amigos de las victimas sepultadas en los escombros.

Hasta el 24 de junio, a la madrugada, la idea era que en la única potencia global, en la que se supone que casi todo funciona, los edificios no se desplomaban por errores de construcción, falta de mantenimiento o ineficiencia de las autoridades, como suele suceder en el “tercer mundo”, como también se ha repetido hasta la saciedad en estos días.

La verdad es que Estados Unidos no deja de sorprendernos. Otro de los estruendosos derrumbes, que aún no termina, es el de la transición pacífica del poder. Después del ataque al Capitolio del 6 de enero, en el corazón de Washington y de la democracia estadounidense, un partido —el Republicano— salió del clóset: donde es mayoría en los congresos estatales, ha legislado para restringir el voto de las minorías y sobre todo para quitarles poder a los secretarios de Estado, quienes son los que certifican las elecciones, y dejar esa potestad en manos de los congresistas. En ese sentido, fueron enormes las presiones del gobierno de Trump para que el secretario de Estado de Georgia no certificara el triunfo de Biden e incluso hiciera trampa y alterara los números.

Al momento de escribir esta columna, la Corte Suprema falló a favor de dos leyes electorales aprobadas por el Congreso de mayoría republicana de Arizona, consideradas por los demócratas y otras organizaciones populares como restrictivas de la participación electoral de negros e hispanos. En una votación 6-3, en la que la mayoría conservadora se impuso, los magistrados consideraron que esas nuevas iniciativas legislativas no violan la ley del derecho al voto de 1965, ni limitan la participación de las minorías.

Con semejante decisión se cumplen los peores presagios de quienes vieron con enorme preocupación las maniobras de un partido minoritario —inspirado en un populista con tendencias dictatoriales que insiste en la mentira de que le robaron las elecciones— para tratar de torcer la transparente voluntad popular expresada en las urnas el pasado 3 de noviembre. La reacción de los republicanos fue legislar basados en una mentira, y ahora el máximo tribunal de Estados Unidos parece darles la razón, a pesar de que fueron estos mismos magistrados quienes de manera unánime negaron las demandas de fraude electoral presentadas por los aliados de Trump.

Por lo tanto, el sistema electoral gringo, descentralizado y lleno de mecanismos que evitaban fraudes masivos, ahora se ve alterado por una serie de leyes, en 43 estados, que buscan sentar las bases para que una minoría pueda no sólo cuestionar una elección, sino torcerla a su favor a través de manipulaciones de la ley. Pero hay algo más grave: los duros debates políticos que se daban antes de Trump, en los que se confrontaban ideas sobre beneficios para los más pobres, reducción de impuestos y el papel geopolítico de Estados Unidos, han pasado de moda, ahora está en el orden del día la demonización de un partido, la legitimación de la franja lunática y racista por parte de los líderes republicanos, y la creencia de los votantes del partido derrotado de que Biden no es legítimo, y que para defender sus derechos es justificable la violencia, al estilo de lo sucedido el pasado 6 de enero. Ese día una turba exaltada por el presidente de ese momento y sus conmilitones asaltó el Capitolio con el objetivo de suspender el conteo de los votos electorales, por parte del vicepresidente, y la proclamación del nuevo mandatario de los estadounidenses. Antes del triunfo de Trump, en 2016, ese procedimiento ni siquiera era noticia, no aparecía en los medios, era un asunto meramente procedimental.

En un sistema bipartidista como el de Estados Unidos, es devastador que una de sus colectividades políticas haya decidido, por oportunismo y por un nocivo ejercicio del poder, convertirse en golpista, en defensora de una obnubilada minoría radicalizada que ya mostró su catadura violenta y su capacidad para desestabilizar un proceso electoral. Pero hay más: la Corte Suprema que avala esta operación nacional de restricción del voto es la misma que falló, de manera simultánea, que es legal que los donantes de campañas políticas no revelen su identidad. Mientras que Estados Unidos ha presionado, a las buenas y a las malas, al mundo entero para que luche contra el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en sus leyes internas permite que no se sepa de dónde salen los dineros de personas que no quieren dar la cara ni que se conozcan sus nombres.

Es el otro derrumbe, también “tercermundista”: la corrupción del sistema electoral, su debilitamiento por parte de uno de los dos principales partidos que conforman el sistema político gringo. La mentira como táctica y el desconocimiento del adversario como estrategia. La esperanza es que este país defienda su democracia de abajo hacia arriba, es decir, en las comisiones municipales, condales y en los congresos estatales (concejos y asambleas, traducido a la realidad colombiana), donde se puedan echar para atrás esas leyes reaccionarias.

La prueba de fuego son las elecciones de mitad de término de 2022. Entonces sabremos el impacto sobre la legitimidad del sistema de la llamada “gran mentira”. También será una prueba de fuego la capacidad que tengan las autoridades locales, estatales y federales para aislar la política partidista tanto de la investigación por el desplome del edificio de Surfside, como de las medidas para remediar los vacíos legales y normativos que pueden dar pie a tragedias que se habrían evitado con una oportuna intervención de los gobiernos locales cuando las juntas directivas de los condominios son un caos.