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9 Apr 2022 - 5:00 a. m.

El Ratón Mickey se volvió un peligro

Dicen que Disney es el lugar más feliz de la tierra. Bueno, con todas las prebendas que ha recibido por parte del estado de la Florida, desde 1967, sin duda esta poderosa empresa global debe sentirse en el paraíso.

En suma: las once mil hectáreas por donde se pasean el ratón Mickey y los demás personajes de los famosos parques de diversiones tienen su propio gobierno, sin interferencia del Estado. Esta poderosa empresa es el mayor empleador de la Florida. Además, por supuesto, uno de los donantes más generosos para las campañas políticas de demócratas y republicanos.

Pero sus privilegios parecen estar en peligro, porque el presidente de Disney, Bob Chapek, decidió cuestionar, muy a destiempo, una ley llamada por sus opositores como “prohibido pronunciar la palabra gay” que acaba de sancionar el gobernador del llamado Estado del Sol, el ultraderechista Ron DeSantis.

En realidad, la nueva normativa no menciona por ningún lado esa palabra, pero sí prohíbe la educación sexual y de género para los niños de kínder a tercero elemental, y deja abierta esa restricción para grados más avanzados, es decir, estudiantes de los últimos años de bachillerato. Eso que, en teoría, es razonable para niños de 5 o 6 años, puede convertirse en una herramienta de discriminación y de mayores dificultades para aquellos estudiantes que puedan estar atravesando por un complejo proceso de identidad de género.

Y lo peor: les otorga el derecho a los padres de familia a llevar a los tribunales a los maestros que, según los demandantes, incumplan con la ley.

Después de varias protestas de empleados de la comunidad LGTBQ y clientes de Disney, porque esta famosa marca de entretenimiento apoyó con varias donaciones a los congresistas que votaron a favor de esa ley, Chapek decidió apelar de manera directa al gobernador DeSantis para que no la sancionara. Cuando fracasó en su intento, dijo que suspendía todas las donaciones a los políticos que le dieron el sí a esa controvertida normal legal.

Claro, antes de esta pelea con un gigante de la comunicación y el entretenimiento en el mundo, el congreso floridano ya le había dado a Disney World, que funciona en Orlando, más de 500 millones de dólares en exención de impuestos.

Ahora, esta maquinita de hacer billetes que es la casa del ratón Mickey y Blancanieves, está enfrentada al gobernador y los republicanos. Y éstos, en retaliación, buscan quitarle todos los privilegios de los que goza desde hace 55 años, un idilio que parecía no tener fin. Apenas el año pasado, la casa creadora de Toy Story, donó a los congresistas y al gobernador de Florida más de 5 millones de dólares.

La derecha se ha radicalizado tanto en este país, que un gobernador decidió que podía darle buenos réditos políticos poner a Disney del lado de las “corporaciones de izquierda”, “liberales”, “defensoras de los gais”, y convertirla en su enemiga política: las buenas costumbres, la protección de la infancia contra los pedófilos “progresistas”, en oposición a toda esta gente del partido demócrata que busca “sexualizar” a los niños desde su más tierna infancia.

El punto es que esa ley que supuestamente defiende el derecho de los padres a que sus hijos tengan una “buena” educación, no tiene nada qué ver con ese objetivo. Prohíbe algo que no existe, que no forma parte del pénsum académico de ninguna institución pública de educación primaria en la Florida. Se trata, más bien, de poner de carne de cañón a los niños y jóvenes, y a la vulnerable comunidad LGTBQ, para alimentar a la base republicana más extremista con leyes inocuas, pero peligrosas y dañinas. El gobernador DeSantis está en plena campaña de reelección (los comicios de mitad de termino son en noviembre de este año) y se está proyectando, por su radicalismo y tendencias autoritarias, en una figura nacional de los republicanos para las presidenciales de 2024.

Leyes parecidas a la que tuvo luz verde en Florida, ya están recorriendo las curules de congresistas en otros estados también dominados por los republicanos. Pero hay más: se han aprobado normas estatales para que haya una censura directa en las bibliotecas escolares a ciertos libros que puedan ser considerados nocivos. ¿Quién decide eso? Las juntas escolares, o un ciudadano. Dichas leyes que le dan potestad a cualquier vecino de demandar a un colegio por tener un libro que considere poco apropiado. Y quieren hacer esas leyes extensivas a las bibliotecas públicas, lugares donde hay una inmensa pluralidad de títulos y tendencias. Es un tesoro de la democracia gringa, que buscan destruir.

Es una especie, entonces, de neofranquismo. Un grupo o partido se arroga el derecho de decidir qué es bueno o malo, qué es moral o inmoral, que debe ser enseñado y qué no. En el mismo congreso estatal de Florida, en la legislatura de 2022, aprobaron otra ley en la que se prohíbe la enseñanza de cualquier contenido que haga “sentir incómodo o culpable a un grupo racial específico”. Se refiere esa ley a que haya referencias al hecho histórico del racismo sistémico en la sociedad estadounidense, y se hable directamente del privilegio de los blancos y de la discriminación contra otros grupos raciales.

A eso le llaman la teoría crítica racial, la califican de marxistas, y la buscan desterrar de la educación en las escuelas públicas. Sólo que hay un pequeño detalle: esa teoría no se enseña en ningún colegio público de la Florida. Por lo tanto, el objetivo en realidad es “pasteurizar” la educación, prevenir cualquier posible “desviación” de un maestro o maestra que decida, por ejemplo, ponerle a oír a sus estudiantes de último año de bachillerato un capítulo del podcast 1619, un proyecto del New York Times, escrito y narrado por Nikole Hannah-Jones, en el que se cuenta el “pecado original” de la esclavitud en Estados Unidos y cómo, a su vez, la lucha de los afroamericanos por su libertad y derechos marcó, para bien, a la democracia estadounidense.

Un profesor, a la luz de la ley aprobada, puede ser demandado por atreverse a mostrarles a sus alumnos un hecho histórico innegable.

Y ni hablar del aborto. Estados Unidos está dando una reversa increíble. En 18 estados se han puesto serias trabas al derecho de una mujer de suspender su embarazo. Y la Corte Suprema podría tumbar la ley que legalizó ese procedimiento en 1973, y fue considerado un avance social.

A lo anterior se le agrega las leyes aprobadas en 19 estados que restringen y obstaculizan el voto, sobre todo de las minorías.

El neofranquismo es una ola que está corroyendo a la sociedad gringa, y lo peor, está siendo legitimada por las mayorías republicanas en los congresos estatales. Va más allá del tema político, y busca erigirse en dogma, en lo que es considerado “justo”, “saludable” y “correcto”. Lo divertido es que los sectores más conservadores acusan a los “liberales” de querer suprimir lo que no está de acuerdo con su ideología libertina.

Pero con la pandemia -convertida en instrumento de lucha por el poder por los sectores más recalcitrantes- el trumpismo y la derrota de su líder, la destorcida ha sido intensa. Esta mezcla de autoritarismo político, oscurantismo religioso y fanatismo ideológico está dificultando el ejercicio racional de la política. Y en el medio, la desinformación.

Estamos en un punto muy complicado: ya ni al ratón Mickey lo dejan en paz. Se volvió un sujeto peligroso.

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