DURANTE MÁS DE DOS DÉCADAS, ORGAnizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, siempre coincidieron en pedir lo mismo, basadas en indicios, evidencias y testimonios de testigos de matanzas y crímenes selectivos: depuración de las Fuerzas Armadas. ¿La razón? Era claro que había complicidades institucionales con los escuadrones de la muerte.
Por esas vueltas raras que da la historia, le ha tocado al presidente Álvaro Uribe Vélez, acaso el mandatario que más ha despertado confianza y simpatías dentro del estamento militar, llamar a calificar servicios a 27 oficiales, entre ellos tres generales. En otras épocas, semejante medida habría provocado el famoso “ruido de sables”, intensos conflictos entre el poder civil y el militar, de los que no estuvieron a salvo varios mandatarios, en diferentes épocas de la guerra en Colombia.
¿Ha resultado más contundente Uribe que sus antecesores en lidiar con el alto mando? No. Podríamos decir que este gobierno es víctima de su propio invento: la seguridad democrática, una bien aceitada maquinaria de propaganda, que en lo externo se ha encargado de vender la idea, con relativo éxito, de que Colombia tiene bajo absoluto control a los factores endémicos de violencia, mediante una terapia de choque que respeta, en lo esencial, las garantías constitucionales.
Eso, por supuesto, se convirtió en una historia difícil de digerir. El primer campanazo, que generó serios cuestionamientos, fue la parapolítica y el hecho claro de que los aliados de Uribe en el Congreso, a quienes les debía la Presidencia, estaban acusados de tener nexos con los paramilitares. Por su parte, el Partido Demócrata, en Estados Unidos, con una información de primera mano dada por organizaciones independientes como Human Rights Watch, se opuso a aprobar el TLC en medio de serias sospechas de que la labor del Gobierno colombiano, para evitar más asesinatos de sindicalistas, no llegaba al fondo del problema. Y como para que no quedaran dudas de la situación enrarecida, se multiplicaban las denuncias de que había una ola imparable de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, a manos de agentes del Estado y estimuladas por la necesidad de mostrar “resultados” en la lucha contra el “terrorismo”. Informa el diario New York Times, que el 47 por ciento de los casos de “falsos positivos” reportados en 2007, fueron de unidades militares financiadas por el Tío Sam.
Una prueba fehaciente de los ojos del mundo puestos sobre Colombia, fue la imagen de CNN que mostraba a un soldado disparando contra la protesta indígena. El Gobierno se quedó sin argumentos.
Entre las ejecuciones extrajudiciales de hoy, y el exterminio de un partido de oposición, no hay mucha diferencia. Ni Barco, ni Gaviria, ni Samper, ni Pastrana, para nombrar sólo los más recientes, tomaron cartas en el asunto para purgar a la institución castrense de sus unidades más comprometidas en la guerra sucia. Ahora lo hace Uribe, en medio de un escándalo monumental, y de revelaciones interminables de oficiales involucrados con narcotraficantes y grupos paramilitares emergentes, a los cuales el Gobierno se niega a llamar por su nombre.
¿Hasta dónde va a llegar esta depuración? ¿Actuarán con transparencia los organismos de control para evitar que se imponga, como en el pasado, la impunidad y el silencio? Por ahora estamos en la sanción moral. Lo que piden las familias de las víctimas es que haya castigo de verdad, el de la justicia operante. Les preocupa que semejante remezón no sea más que pirotecnia para el consumo externo.
