“Esto no puede pasar en una democracia”

“Esto no puede pasar en una democracia”, es una de las frases más socorridas desde el momento en que todo el mundo supo que en la noche del martes 8 de septiembre, en Bogotá, un hombre desarmado fue víctima de abuso policial y rematado a golpes en un CAI.

Las protestas por el asesinato de Javier Ordóñez se dieron de inmediato. Unas pacíficas, otras violentas, en diferentes puntos de la ciudad. Y tuvieron un solo objetivo: atacar los Centros de Atención Inmediata de la policía, algunos de ellos escenario, en otros momentos, de violaciones, atropellos y desmanes de oficiales en servicio. También fueron incendiados varios buses de Transmilenio, y cuando aún las llamas no se habían sofocado, ya estaba la explicación perfecta sacada de la manga del ministro de Defensa: fue una acción concertada, como un relojito, por parte de diversos grupos -anarquistas, terroristas – que esperaban el momento preciso para dar el salto y golpear a las fuerzas del orden. Y de ñapa también dijo el avezado funcionario que los horrores sucedidos eran una bien orquestada campaña internacional contra los cuerpos de policía del mundo.

Entre las noches del 9 y 10 de septiembre, hubo por lo menos doce personas muertas a tiros y 58 heridos con armas de fuego. Y cuando la alcaldesa Claudia López se reunió con el presidente Duque, le presentó más de cien abusos de autoridad sucedidos en un lapso de 48 horas.

Hay videos que muestran la manera como agentes de la policía, con sus armas desenfundadas, disparan a un blanco específico, a los manifestantes, como si fuera el único recurso que tuvieran para contener el descontento y la ira popular. “Esto no puede pasar en una democracia”, insistieron varios analistas como dando por sentado que, en Colombia, hay democracia pero pasan cosas que tal vez no concuerdan con ese generoso concepto con el que hemos adornado al país en casi un siglo de violencia.

Antes del crimen del abogado, que se ganaba la vida como taxista, la noticia diaria eran las masacres, en diferentes sitios del país, la mayoría de ellas con víctimas muy jóvenes.

Podría uno hacerse la pregunta al revés: ¿No será que los que están organizados, entrenados y con buena financiación, legal e ilegal, son los que desde el Estado o por fuera del mismo, disparan a discreción para intimidar y destruir el tejido social que, precisamente, genera los liderazgos que buscan el relevo de una clase dirigente corrupta y criminal?

La policía abrió fuego con demasiada facilidad, fueron muchos agentes que enfrentaron a la población a bala limpia, sin ningún miramiento o temor. Apretaron el gatillo casi con la certeza de que, al final, nada les pasará, porque ya comprobaron, en tiempo real, que tienen a un presidente cómplice, que incluso se disfraza de patrullero para que el mensaje quede claro: “no se preocupen muchachos, aquí no va a pasar nada. Yo soy uno de ustedes”.

Duque ya demostró, con el arresto domiciliario del ciudadano Uribe – como lo llamó su abogado- que en Colombia no hay división de poderes. El presidente, así haya masacres, corrupción o abusos de autoridad, absuelve de antemano, no sin antes calificar de “gallarda” la conducta de los sospechosos o incriminados, y exigir sin que le tiemble un músculo, respeto y que no se estigmatice a los miembros del ejército, de la policía, o a su jefe y mentor, el preso de El Ubérrimo.

“Esto no puede pasar en una democracia”. De acuerdo: si existiera. Los organismos de control están en manos de aliados políticos del inquilino de la Casa de Nariño. La Fiscalía se encuentra en el ojo del huracán con el caso del caudillo y máximo jefe del Centro Democrático. Nada parece indicar que el Congreso, con sus mayorías gobiernistas, asumirá una reforma a fondo de la policía. Ni trabajará para desmontar la máquina de exterminio que funciona sin parar en todo el país.

Tampoco hay voluntad política en la Casa de Nariño. Allá administran con gran dedicación la inoperancia de la justicia, la violencia desatada, la impunidad con fachada de legalidad. Y en medio de este remedo, crecen la inconformidad y la rabia. Los mismos de siempre lo saben, y buscan sofocarlas a sangre y fuego.

Con seguridad habrá algún chivo expiatorio, un policía preso, o dos, mientras la OEA de Luis Almagro, por ejemplo, mirará para otro lado, y organizaciones internacionales como Human Rights Watch, o Amnesty International denunciarán con nombres y apellidos y pruebas al Estado colombiano, sin que los grandes centros de poder muevan un dedo para que esa supuesta democracia ejemplar asuma en serio sus responsabilidades y culpas.

Llegarán las elecciones en 2022. Dicen que se van a parecer a las de 2018. Es decir, un continuador de la obra y milagros de Duque (inspirado por el reencauchado señor caído de El Ubérrimo), y una supuesta franja alternativa agobiada por la división, las ambiciones de poder y los odios personales. Y ganará, a menos que pase algo extraordinario, alguien parecido al actual mandatario o, con toda seguridad, peor. “Esto no puede pasar en una democracia”, afirmarán los arúspices, y ahí sí tendrán razón.