Dos verdades van en carriles opuestos: los que estuvieron al margen de la ley – guerrillas y paramilitares – y reconocen o están en proceso de reconocer sus graves delitos, y los que dentro de las instituciones, desde la Presidencia para abajo (pasando por brigadas, cuarteles, ministerios, partidos políticos, grandes conglomerados económicos y poderosos dueños de la tierra) parecen negarse a enfrentar sus propias miserias y tener el valor civil de reconocer ante el país su enorme cuota de ignominia.
En una carta dirigida al padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, dos antiguos enemigos a muerte, cada uno forjado en esa pavorosa historia de sangre y fuego, Rodrigo Londoño (excomandante de las extintas Farc) y Salvatore Mancuso (ex comandante de las antiguas Auc), están de acuerdo en que la Comisión convoque a una reunión con la presencia de medios nacionales y extranjeros y organizaciones de derechos humanos tanto de Colombia como de otros países. El objetivo, como lo escribió Londoño, es “… emplear tal escenario para dar a conocer la mayor cantidad posible de verdades sobre el conflicto, verdades contrastables, algunas ya conocidas y otras no tanto. Aspiramos a hacerlo sin tapujo alguno. Colombia merece saber de los autores y alcances de numerosas atrocidades cometidas en su geografía”.
Al final de la misiva, quien en el monte se hacía llamar “Timochenko”, o “Timo”, denuncia que Mancuso ha sido objeto de varias amenazas, “hasta el punto de haberse publicado una falsa noticia sobre su muerte”, y pide al padre De Roux que interceda para proteger la vida del exparamilitar. Que estos dos guerreros puedan encontrar puntos de acuerdo, que estén dispuestos a seguir dando la cara ante un país sitiado sin tregua por la violencia, es de un valor inconmensurable para la reconciliación.
En el vento propuesto por Londoño estarían presentes exguerrilleros y Mancuso, ellos se sienten obligados a “armar el rompecabezas de la tragedia, a establecer sus causas, a develar todo lo que ocultan, a indicar quiénes son los cómplices escondidos”.
Esa obligación tal parece que no la sienten los otros actores de nuestro conflicto armado. Continúan la manipulación, el ocultamiento y el muñequeo para que la justicia, que dicen defender, nunca llegue a sus orillas. Los paniaguados de Uribe, dentro y fuera del gobierno, con o sin los instrumentos que les da el Estado, buscan que el señor caído de El Ubérrimo, al final, salga libre de toda culpa.
No les quedará nada fácil como bien lo demostró un documentado artículo de La Silla Vacía en el que muestran cómo cualquier decisión que tome el fiscal, sea para pedir la preclusión del caso del expresidente y exsenador o para acusarlo, desatará un largo proceso judicial que, sin duda, se extenderá y será explosivo insumo para el debate presidencial que se avecina.
Si el antiguo brazo armado del sector más violento del establecimiento colombiano – esa mezcla devastadora de narcos, caciques electorales y terratenientes – empieza también a contar su historia y a señalar con nombre propios a sus cómplices y financiadores, semejante revelación lastimará y pondrá contra las cuerdas a esa coalición de derecha que busca el uribismo, sin la presencia (cada vez más nociva) de su caudillo histórico.
Quedará claro que, al final, la tal impunidad para las Farc que denunciaban a los cuatro vientos, y las proclamas de que ellos – los patriotas del centro democrático - sí querían la paz “pero no a cualquier precio”, no eran más que frases de utilería: detestan la JEP porque no están dispuestos a decir la verdad, no quieren reparar a las víctimas, ni evitar que se repita la barbarie.
Pero esta vez, señores, la cosa será a otro precio. Su propio líder, su gran timonel, los ha despojado de cualquier autoridad moral, si es que alguna vez la tuvieron. En medio de la campaña electoral veremos el espectáculo de un expresidente sub-judice, que trata de salvarse con argumentos cada vez más endebles, con la ayuda de unos funcionarios públicos que, sin pudor, buscan torcer las evidencias y manipular la justicia. Mientras tanto, por el carril de la JEP, transita un país que trata, a través de una amarga verdad, darse una segunda oportunidad.
Sin proponérselo, víctimas de su propio invento, los defensores de oficio de Uribe entrarán a la lucha por la presidencia y las mayorías en el Congreso con descomunales pies de barro. Si se empecinan en ponerles palos en las ruedas a la verdad y la justicia, sobre todo cuando ya ha dado frutos de transparencia, sabremos que no sólo se niegan a reconocer su responsabilidad histórica, sino que continúan patrocinando e instigando a los ejércitos de la muerte, desde la sombra, o la luz del día, bajo la égida de un poder que no parece reducir su crueldad. Como lo informó El Espectador, “van 164 masacres desde que se firmó el Acuerdo de Paz”. ¿Quiénes las inspiran, apoyan y planifican? Más temprano que tarde lo sabremos. A pesar de sus instigadores.
