MIAMI. - Para que nada cambie en un país, sobre todo en Venezuela o Cuba, no hay mejor ingrediente que las sanciones. Ponen a sufrir aún más si es posible a sus pueblos, agudizan la crisis social y política, endurecen las posiciones de hecho intransigentes de sus dirigentes, y apuntala el autoritarismo. Es la receta perfecta del inmovilismo.
Al respecto, hay un informe de Naciones Unidas que ha volado por debajo de los radares de los medios de comunicación, incluidas por supuesto las redes sociales: la profundización de la crisis en Venezuela a causa de las devastadores sanciones impuestas por el gobierno de Trump, y que han continuado en la presidencia de Biden.
Uno de los objetivos de tales castigos ha cumplido su tarea con precisa eficiencia: terminar de llevar al colapso a una economía que ya venía muy mal. Y de paso profundizar - si cabía más – la debacle social y el padecimiento para todos los sectores, chavistas o antichavistas. Se suponía que el desespero del pueblo ante una situación extrema llevaría a una especie de insurrección popular, por una parte, y a la caída del inquilino de Miraflores, por el otro. No hubo revuelta, tampoco los militares dieron el golpe de gracia para sacar al llamado “usurpador”.
Y Trump perdió las elecciones con todo y su frase hueca de que “todas las opciones están sobre la mesa”, que repitieron hasta la saciedad los opositores a Maduro, con la ingenua ilusión de que Washington se encargaría de resolverles el problema (por la vía rápida de la intervención militar) que ellos no pudieron solucionar en casa. Al final, como se dijo una y otra vez, lo del hoy expresidente no era sino una estratagema para conquistar el voto venezolano del sur de la Florida (en eso fue exitoso) con una ingeniosa puesta en escena que incluía enviado especial y palabrería sin dientes del almirante Craig Faller, el mandamás del Comando Sur.
De todo ese sainete quedan dos cosas, una real y otra de ficción. La de verdad: Las sanciones que han lacerado de manera indiscriminada, de pies a cabeza, al tejido social venezolano, según lo informó la relatora especial de Naciones Unidas “sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos”. Y la de mentiras: Juan Guaidó y su poder de baquelita, que se sostiene mientras la comunidad internacional no apoye o estimule una salida realista, viable, al empantanamiento político que vive Venezuela, en un infinito circulo vicioso de elecciones que convoca el gobierno pero que sabotea la oposición con el argumento de que no hay garantías ciertas, verificables, y, por consiguiente, el juego ya está decidido de antemano. El chavismo, entonces, llega solo a una contienda que por supuesto gana por sustracción de materia y se convierte en fuerza hegemónica. Acto seguido, la oposición considera ilegitimo el resultado, hasta la próxima elección donde se repite la misma canción, como en un disco rayado. (A propósito: los que nacieron cuando Chávez ganó la presidencia, en 1999, no entienden esa expresión).
Alena Doujan, la relatora especial de Naciones Unidas, estuvo en Venezuela entre el primero y el 12 de febrero del año en curso. Habló con todo el mundo: organizaciones cívicas y de oposición, sindicatos, gremios de la producción, oficinas y ministerios del gobierno, iglesia católica, víctimas de violaciones de derechos humanos, partidos políticos de todo el espectro ideológico venezolano, maestros, trabajadores de la salud, profesionales independientes, investigadores.
En el reporte, Doujan señala lo siguiente: “El declive de la economía comenzó en 2014 con la caída de los precios del petróleo. Entre otros factores que afectan a la economía de Venezuela, se han citado la mala gestión, la corrupción y los controles estatales de precios. Las sanciones unilaterales impuestas cada vez más por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han agravado los problemas mencionados. Se ha informado de que los ingresos del Gobierno se han reducido en un 99% y que el país vive actualmente con el 1% de sus ingresos anteriores a las sanciones”.
Más adelante el informe explica que “Venezuela se enfrenta a la falta de maquinaria necesaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas. Los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal ascienden a 6.000 millones de dólares. Se informa de que la compra de bienes y los pagos de las empresas públicas están bloqueados o congelados”.
Hay dos conceptos que contiene el relato de Doujan relacionados con la soberanía y los bienes del estado convertidos en objeto de represalia contra gobiernos autoritarios o dictatoriales. “El propósito anunciado de la campaña de “máxima presión” -cambiar el Gobierno de Venezuela- viola el principio de igualdad soberana de los Estados y constituye una intervención en los asuntos internos de Venezuela que también afecta a sus relaciones regionales. Refiriéndose a las normas consuetudinarias sobre la inmunidad de los bienes del Estado, el Relator Especial recuerda que los activos del Banco Central y los bienes utilizados para las funciones públicas pertenecen al Estado de Venezuela y no a su Gobierno o a cualquier individuo.”
Los efectos de las sanciones, al final, son humanitarios: una degradación acelerada de las condiciones de vida de una población ya, de hecho, sometida a grandes sacrificios. No es que antes de Trump y sus presiones económicas, políticas y diplomáticas los venezolanos vivieran en el paraíso. Todo lo contrario: de un largo purgatorio pasaron al infierno de no tener recursos para comprar equipos médicos, repuestos para el mantenimiento de los sistemas de electricidad, gas, agua, transporte público, telecomunicaciones, lo que agudizó sin límite la crítica situación en escuelas, hospitales y otras entidades públicas.
Ante semejante desolación, a la que se le añade un salario mínimo que pierde su valor todos los días y, por lo tanto, cubre apenas el 1% de la canasta familiar, no hay más salida para muchos que dejar su país, y convertirse en migrantes, en refugiados, con un impacto indiscutible para toda la región.
Pero una cosa es la realidad y otra la percepción. Si usted le pregunta a un venezolano promedio de Miami cómo vio el gobierno de Trump, le responderá que es el único que “ha hecho algo por Venezuela”. La Unión Europea impuso esta semana más sanciones lo que produjo, como reacción de Miraflores, la expulsión de su embajadora en ese país.
¿Por qué siguen empecinados en el cambio de régimen, después de siete años de una intensa y fracasada campaña por sacar del poder al chavismo? ¿Por qué insisten en una formula que no ha movido un milímetro el poder absoluto de la nomenclatura cubana?
Hay ya circulando una propuesta del influyente Cuban Study Group en el que pide al gobierno de Biden un nuevo intento de normalización de las relaciones de este país con la isla, bajo varias condiciones y medidas recíprocas. “Los fracasos de la actual política de Estados Unidos hacia Cuba son más evidentes con la pandemia. El brote del Covid 19 en la primavera pasada, puso en caída libre a la de hecho esclerótica economía cubana”, dice el análisis de esa organización cubanoamericana.
De acuerdo con el documento del CSG, Estados Unidos mantuvo las prohibiciones de venta de equipos médicos y endureció las sanciones “hasta el punto de cerrar los canales normales del envío de remesas”, lo que agravó el costó humanitario de la peste. Sin embargo, en Miami ha sido una mina de oro electoral defender toda clase de sanciones para la “dictadura de los Castro”, y convertir el coco del comunismo en un rentable espantapájaros para atemorizar votantes marcados por el resentimiento o los prejuicios ideológicos. “Hay muy poca evidencia de que la política de cambio de régimen, bajo cualquier administración de Estados Unidos, haya castigado a alguien distinto a la sociedad civil, el sector privado y la ciudadanía en general”, enfatiza el estudio del CSG. Y remata: “Tal política no ha avanzado la causa de la democracia en Cuba de una manera discernible”.
El debate apenas empieza. Los sectores más conservadores insisten en que nada hay que hablar con Venezuela o Cuba distinto a lograr el desplome de sus gobiernos. Cualquier diálogo o negociación será para tramitar la salida de Maduro o de la dirigencia actual de la isla. ¿Piensan lo mismo Biden y sus asesores especializados en América Latina? Lo veremos en próximas columnas.
