Sabotaje tipo exportación

MIAMI.- Por cuenta del actual gobierno, Estados Unidos ha pasado de ser el país que quiso mostrarse al mundo como la democracia modelo (e imponerla a punta de bala o de productos culturales), a la única potencia global convertida en la principal exportadora de un producto creado en los laboratorios del trumpismo: el sabotaje a las decisiones de los jueces o de los votantes en las urnas, cuando se trata de defender a autoritarios de extrema derecha.

Brasil acaba de recibir un castigo insólito: 50 % de arancel a los productos que ese país exporte a Estados Unidos. ¿La razón? El juicio a Jair Bolsonaro por su intento de golpe de Estado y el desconocimiento del triunfo electoral de Lula en 2022, bajo el argumento de que se había cocinado un enorme fraude electoral. Por supuesto, todo era falso, y por eso hoy enfrenta a los tribunales de justicia. Pero la retaliación no terminó ahí: sancionaron también a un magistrado de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, con dudosos argumentos sobre violación de libertad de expresión y hostigamiento.

Trump ha salido al rescate del expresidente golpista con los mismos argumentos que ha utilizado para deslegitimar los fallos de la justicia y los resultados electorales en Estados Unidos. Y frente a Colombia, la intromisión es igual de grotesca, aún sin consecuencias económicas. La bancada trumpista, cubanoamericana, del congreso ha salido en defensa de Álvaro Uribe, siguiendo la misma lógica del gran corrupto que ahora se anida en la Casa Blanca.

A la cabeza de esta operación de sabotaje está el secretario de Estado Marco Rubio. Y ahora, con el fallo en primera instancia en contra del expresidente Uribe, Rubio repite la misma retahíla de su jefe: jueces amañados que dictan condenas motivadas por razones políticas, e instrumentalizan la justicia para perseguir o acabar con los líderes de la oposición. Por supuesto, todo es una patraña creada desde el Palacio de Nariño (o la Casa Blanca) con fiscales puestos por Petro (o por Biden, o por Lula) que buscan destruir a un paladín de la democracia, llamado el Abraham Lincoln latinoamericano, según la afiebrada palabrería de uno de los congresistas trumpistas, de origen cubano, Carlos Giménez. Él, Mario Diaz Balart y María Elvira Salazar (estos dos últimos congresistas también) salieron en coro en defensa de Uribe con la misma partitura escrita por Trump desde 2020, cuando perdió las elecciones, no sólo en las urnas sino en los tribunales, porque ninguna de sus más de sesenta demandas de fraude fueron falladas a su favor. Dicha partitura se amplió con la serie de graves delitos que cometió el hoy presidente para tratar de torcer el resultado electoral que no lo favoreció.

El oportunismo de estos congresistas del sur de la Florida, que llegaron a Washington por los votos de los cubanos, nicaragüenses, colombianos, venezolanos y haitianos, es olímpico. Salen en defensa de Uribe con los mismos argumentos de un presidente autoritario que ha debilitado como nunca la institucionalidad estadounidense. Y al mismo tiempo se rasgan las vestiduras “denunciando” la dictadura en Venezuela, Cuba o Nicaragua. Juegan con los prejuicios, el dolor y las necesidades de sus votantes, y hoy les han dado la espalda a esas comunidades que los eligieron con la esperanza de que Trump mejoraría su situación económica y que deportaría “sólo” a los delincuentes y criminales que habían entrado por la frontera sur durante el gobierno de Biden.

Estos “luchadores de la libertad” son cómplices del racismo y la discriminación que guían la maquinaria de deportación indiscriminada que ha montado Trump bajo la excusa de que había que acabar con la invasión de locos y asesinos que tenían sitiadas a las principales ciudades del país. El argumento es una gran mentira porque, en realidad, lo que no quieren Trump y sus asesores que defienden la supremacía blanca, es la inmigración proveniente de América Latina o de África, sobre todo.

Están por lo tanto en una cacería de inmigrantes, con documentos o sin ellos, en una abierta violación de todas las garantías procesales. Y de esa cacería, repito, son cómplices por su silencio o inacción, Rubio, Díaz Balart, Giménez y Salazar.

De acuerdo con las últimas encuestas, sus electores, en un gran porcentaje, ya nos los quieren. Los venezolanos están desconcertados. Y ni hablar de los cubanos o nicaragüenses. Pero siguen montados en el discurso anticomunista, en la manipulación de sus votantes, tratando de salvar su pellejo. Por eso lanzan el anzuelo uribista a ver qué pescan. Estos supuestos representantes del pueblo en realidad no creen en la democracia, defienden a dictadores de extrema derecha, son aliados del sabotaje del sistema judicial y electoral de Estados Unidos, y ahora decidieron exportar su veneno para apoyar autoritarios y corruptos en Colombia o Brasil. Su modelo de justicia es El Salvador de Bukele. Ni más ni menos.

Saben en su fuero interno que la justicia en este país, en Brasil o Colombia, es independiente. Que en el caso de Uribe su enredo penal ha atravesado tres gobiernos distintos, con fiscales y jueces que no fueron nombrados por Santos, Duque o Petro. Y que en Colombia Uribe tendrá todas las garantías para apelar y llevar su causa a los máximos tribunales de justicia. Pero esos congresistas aliados de Trump están haciendo política de la peor manera posible.

Y Petro, por supuesto, no ayuda. Tenía que entrometerse y, a su manera, también enrarecer lo que había sido un triunfo limpio de la justicia colombiana. Vamos en que él y Uribe se darían cita en la JEP, sin tener en cuenta que en los acuerdos de La Habana quedó en claro que los expresidentes no podrían acudir a la justicia especial para la paz.

Llegar a la condena de un expresidente venal ha costado demasiado en Colombia. Asesinato de jueces, testigos y fiscales. Intimidación, exilio y destrucción de pruebas. La deslegitimación y el sabotaje pueden ser la antesala de una nueva ola de violencia contra los operadores de justicia. Ojalá evitemos regresar al pasado. En gran medida, está en las manos del gobierno de Petro que eso no suceda. Que exija respeto a las instituciones colombianas por parte de Estados Unidos, y que el presidente de los colombianos no sucumba de nuevo a su sed de protagonismo.