En 2024, meses antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, todas las alarmas estaban encendidas ante la posibilidad de una segunda presidencia de Donald Trump.
Su agresividad racista era cada vez mayor, la amenaza de una deportación masiva, sin precedentes en la historia - como lo pregonaba a los cuatro vientos - era clara, sin matices, y la advertencia de que, si ganaba, dedicaría gran parte de su tiempo a vengarse de aquellos que lo denunciaron, lo investigaron, y lo llevaron a los tribunales, fue desestimada por los votantes que lo veían como el hombre de negocios sabio que iba a rescatar a la economía gringa de su supuesta decadencia.
Para empezar, la ha hundido gracias a la guerra con Irán. Hay una inflación galopante, una carestía insostenible para la clase media y trabajadora, y un desmonte de beneficios de salud que ha impactado, precisamente, a las familias de bajos recursos, muchas de ellas latinas, que votaron por el hoy presidente con la ilusión de tener más billete en el bolsillo. Hoy, no hay plata que alcance, con algo aún peor: la persecución antiinmigrante que ha golpeado a comunidades enteras procedentes de América Latina y el Caribe.
Trump ha sido, además, sinónimo de destrucción de instituciones, de programas nacionales e internacionales de ayuda concreta a los más necesitados, y de un desmonte profundo de todas las normas y regulaciones para el cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente. Y, por supuesto, el ataque a la educación superior y a la libertad de cátedra y de opinión, el intento de amordazar a los medios de comunicación, o de amenazarlos con el retiro de licencias, son parte del menú autoritario de todos los días en este país cuyas instituciones —sobre todo las cortes— están sometidas a una prueba de esfuerzo sin precedentes.
El nivel de ataque al derecho al voto y la manipulación de los distritos electorales para favorecer candidatos trumpistas y tratar así de evitar una posible debacle en las elecciones de mitad de término (de mitaca) de noviembre, han hecho que el sistema electoral pierda legitimidad en los votantes. Todas esas pretendidas reformas, con la disculpa de proteger la transparencia del sufragio, se basan en la gran mentira del inexistente fraude electoral de 2020.
Estaban prendidas, pues, todas las alarmas, y muchos pensaron que las palabras violentas y los gestos francamente fascistas, eran charlatanerías de un populista histriónico en trance de ganar las elecciones. Hoy sabemos que las amenazas eran reales y resultaron peores. Hay, por lo tanto, un porcentaje cada vez mayor de arrepentidos o decepcionados que nunca pensaron que un segundo mandato de Trump fuera esta furia desatada en el ámbito nacional e internacional.
En Colombia está sucediendo algo similar: las alarmas están al rojo vivo pero el miedo, el desespero, la frustración, el atavismo ideológico o el racismo, han enceguecido a un sector importante de los electores. Desde hace meses, desde que Abelardo de la Espriella anunció su estrepitosa candidatura, cada día se sabe más de sus actos de corrupción, de sus discursos autoritarios y de odio, de sus planes de destruir la institucionalidad y de su táctica de buen pícaro —copiada de Trump— de darle la vuelta a las documentadas denuncias contra él. Resultó ahora que Iván Cepeda es un bandido, un delincuente, un narcoterrorista, al que buscaría, si corona, castigar por sus delitos. Y los periodistas que han denunciado sus actos torcidos, sus complicidades con toda una gama diversa de malandros (narcos, paramilitares, estafadores) son, en el mejor de los casos, activistas, y, en el peor, “difamadores empedernidos”. La FLIC y la Asociación Colombiana de Medios de Información han denunciado los ataques virulentos contra la revista Cambio, por parte de De la Espriella y su abogado, por las denuncias que hizo sobre pagos del candidato por miles de millones de pesos a una empresa fantasma.
El líder de la extrema derecha ha dejado muy en claro su talante autoritario, su ignorancia profunda sobre los asuntos de gobierno y su tendencia a violar la ley de manera consuetudinaria. Está dispuesto a desmembrar al Estado y acabar con decenas de sus agencias con el argumento de que hay que ahorrar recursos y combatir el déficit fiscal.
Por consiguiente, no es el momento de promover el voto en blanco ni de abstenerse de ir a las urnas. Tampoco de normalizar a un “showman” incendiario que ha dicho y propuesto cosas que ni siquiera Uribe se atrevió a plantear, como abrirle las puertas a los gringos, de par en par, para que se conviertan en cogobierno en Colombia.
Insisto: las alarmas suenan por todas partes. Un voto por Cepeda, por un demócrata convencido, con una trayectoria de decencia y de lucha por los derechos humanos y por la paz, es un voto por la estabilidad de un país aún marcado por la violencia y, por lo tanto, con una preocupante fragilidad institucional. No es lo mismo un aspirante a dictador en Estados Unidos - con sólidos pesos y contrapesos de todas maneras vulnerados- que un autoritario en ciernes en Colombia. Es muy iluso pensar que no importa quién gane, el país, a fin de cuentas, seguirá su rumbo y encontrará su destino. Quienes piensan así no quieren ver ni entender que las señales de peligro son inminentes.
