En enero de 2019 la Defensoría del Pueblo informó sobre el reclutamiento acelerado de niños, niñas y adolescentes en el municipio de Calamar, Guaviare. Esto, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, el desorden provocado por la retirada de las Farc y la ebullición de nuevas y viejas cuadrillas armadas. Bandas recientes, conformadas por exguerrilleros, se peleaban con otras más por el control de los cultivos, la gente y la ley en la región. Al ensancharse las nuevas bandas, aumentaron todos los tipos de violencia y quienes les apostaron a las promesas del Acuerdo de Paz fueron asesinados o desplazados.
Amanecemos hoy con la certeza de que estos reclutamientos continuaron. Y con la certeza de que, pese a la claridad que se tenía sobre la situación, no fueron suficientes dos años enteros para proteger ni prevenir ni apoyar a las familias campesinas e indígenas que vieron partir a hijos e hijas. La alerta temprana de Calamar y las otras que han aparecido desde entonces dibujan los caminos por los que se va yendo el conflicto armado, pos-Acuerdo y casi tres años después del regreso del Centro Democrático al Gobierno.
Las últimas tres alertas publicadas por la Defensoría del Pueblo en enero y febrero hablan sobre algunas de las injusticias que sobreviven poblaciones específicas y describen las rutinas de actores más y menos viejos.
La primera alerta temprana, de enero 7, tiene que ver con una práctica antigua. La llamada “limpieza social”, o el asesinato selectivo de quienes no cumplan los códigos morales impuestos por los que controlan una región, ha sido (y sigue siendo) parte integral del repertorio de diferentes ejércitos. Hoy, además de disidencias de las Farc, son bandas de paramilitares y de narcotraficantes (conocidas como Sinaloa-La Mafia) las que llevan a cabo estos asesinatos en Putumayo, Caquetá y Cauca. “Como consecuencia de la imposición de pautas de comportamiento”, explica la Defensoría, “se ha conocido sobre ataques selectivos contra personas que hacen parte de poblaciones socialmente estigmatizadas (…) supuestos ladrones, consumidores y expendedores de sustancias psicoactivas, compradores de coca que no cuentan con el aval de los grupos armados”.
La segunda alerta, del 29 de enero, habla sobre violencia urbana y reclutamientos de menores en las calles sin trabajo estable ni horarios escolares de Buenaventura. Como se ha explicado en prensa y televisión, las tensiones se deben a peleas armadas entre bandas formadas por disidentes, miembros del Eln, pandillas y grupitos que se dividen o se juntan entre confrontaciones armadas. La Defensoría, que ha emitido ya varias alertas al respecto durante los últimos años, llama la atención sobre extorsiones, amenazas, desplazamientos forzados, violencia contra las mujeres, homicidios selectivos y secuestros. Al igual que en las alertas sobre Calamar, se describe “el reclutamiento o uso de niños, niñas y adolescentes”.
La tercera alerta temprana fue publicada hace un mes y narra el ataque contra quienes defendieron y defienden el Acuerdo de Paz en Teorama, Convención y El Carmen, en Norte de Santander: “Mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, población migrante, campesinos y campesinas, indígenas del pueblo barí y yukpa”. Líderes sociales que buscaban un horizonte distinto al del pasado reciente, juntas de acción comunal, autoridades tradicionales del pueblo barí, docentes, estudiantes, transportadores, mototaxistas, comerciantes, miembros de la misión médica, población desmovilizada y en proceso de reincorporación e integrantes del Partido Comunes son amenazados de muerte. Esto, en medio de la pelea entre Epl y Eln, que no sólo pretenden controlar la zona sino condenarla a las mismas rutinas violentas de siempre.
Control sobre la población, reclutamiento de menores y violencia contra defensores del Acuerdo de Paz parecieran caracterizar la cotidianidad de distintas regiones. Ante las nuevas normalidades el Gobierno de Duque propone como innovación volver a los bombardeos y el glifosato.
