Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Tres semanas después del inicio de clases, muchos niños y niñas en los barrios y veredas de menores ingresos del país no han empezado a estudiar. Un colegio en Córdoba, por ejemplo, vio llegar a los profesores, pero no a los estudiantes. “Los educadores llegaron después de trasladarse desde Ayapel”, afirmó la prensa, “pero las veredas están lejos del corregimiento y los niños tienen que llegar al colegio por vía acuática”. El problema en este caso es de infraestructura vial y de drenaje a lo largo de periodos de lluvia. Según explicó un residente, “los terraplenes quedaron muy deteriorados, los caños tienen bastante agua y a los niños les toca atravesarlos para asistir a la institución”.
Cerca, en Sucre, los estudiantes llegaron a colegios que, vacíos (y sin mantenimiento) durante tanto tiempo, se deterioraron en los últimos años. Docentes y familias denunciaron la falta de agua en los colegios pues, mientras hay exceso de lluvia, por la falta de alcantarillas escasea el agua para lavarse las manos y limpiar los baños. A la vez, hay quienes circulan fotos de salones rotos y paredes descascarados en otros colegios del Caribe y reportes desde Villavicencio y Paipa describen aulas sin sillas, sin tableros y sin cupos. En ocasiones se denuncia también la ausencia de profesores suficientes.
Esta columna, sin embargo, no es sobre quienes imparten educación pública ni sobre asuntos relacionados con la Federación Colombiana de Educadores, FECODE (que han hecho parte de debates recientes sobre las condiciones del retorno a clases y figuran a menudo en medios). Es, en cambio, sobre la infraestructura que atañe a niños y niñas de colegios públicos y lo que esta nos dice sobre el estado del Estado y el futuro del país.
Las experiencias cotidianas del Estado en barrios y verederas a menudo están formadas por preocupaciones sobre el acceso a la educación pública básica. A merced de lluvia, brisa, falta de mantenimiento, desidia de gobiernos y caridades de Shakira, estas infraestructuras rara vez funcionan según lo previsto. Sin embargo, tanto la vulnerabilidad de la infraestructura educativa como los recursos para repararla o mejorarla se distribuyen de manera desigual y algunas comunidades particulares se ven en la necesidad de administrar este deterioro.
El mal funcionamiento de la infraestructura educativa, desde instituciones veredales hasta “mega colegios”, no es una forma de ausencia sino de participación estatal. Una acción directa mediante la cual funcionarios en tantos niveles demuestran el poco valor que se le asigna a la educación de algunos niños y niñas (o el poco costo político que significa). Esto es paradójico si se tienen en cuenta las ansiedades que rodean debates sobre menores de edad en otros ámbitos.
En lugar de preocupación, cuando se trata de la educación primaria de tantísimos, las noticias en Antioquia, Sucre, Meta, Tolima o Córdoba ponen al descubierto las formas en que se tolera el mal funcionamiento a través de los canales institucionales. Deficiencias en edificios, vías, equipos, transporte y talento retratan y refuerzan exclusiones desde muy temprana edad.
PAE, PAE, PAE se oye cada rato en radio. Esta semana que se acaba, la Alcaldía de Bucaramanga interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra la Unión Temporal Bucaramanga Escolar, por presuntas irregularidades e inconsistencias en el mentado PAE. El Programa de Alimentación Escolar debe brindar un complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes de todo el territorio nacional, registrados como estudiantes oficiales. Lo oímos a cada rato porque no cuesta nada arrebatarle pesos por aquí y por allá. Se abaratan los costos, de tal forma que al final no cumple con su objetivo de “aportar, durante la jornada escolar, macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) y los micronutrientes (zinc, hierro, vitamina A y calcio)”.
“Detectamos huevos podridos y en general todos los alimentos en mal estado por lo que pedimos respeto para con los 900 estudiantes de esta zona”, contó un miembro de la comunidad en Huila el pasado jueves. “Es muy triste y da rabia”, añadió, “pues era la primera entrega de alimentos del año”.
