El pacto del Frente Nacional fue diseñado para poner fin a la confrontación de los años 40 y 50, salir del gobierno militar del general Rojas y retornar al gobierno civil. Como los partidos habían vivido tensiones profundas y la confrontación armada rural había dejado un legado de alrededor de 200.000 muertes, el pacto consistió en un entramado de garantías mutuas. Aparte de la coordinación que permitió una rotación en puestos y cargos de elección popular, el Frente arrancó con el impulso de reformar el Estado y cambiar el rumbo del país. Entre los impulsos que el liberalismo trajo al pacto estaba la redistribución de la tierra cultivable, que otros liberales habían soñado e intentado sin éxito.
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El pacto del Frente Nacional fue diseñado para poner fin a la confrontación de los años 40 y 50, salir del gobierno militar del general Rojas y retornar al gobierno civil. Como los partidos habían vivido tensiones profundas y la confrontación armada rural había dejado un legado de alrededor de 200.000 muertes, el pacto consistió en un entramado de garantías mutuas. Aparte de la coordinación que permitió una rotación en puestos y cargos de elección popular, el Frente arrancó con el impulso de reformar el Estado y cambiar el rumbo del país. Entre los impulsos que el liberalismo trajo al pacto estaba la redistribución de la tierra cultivable, que otros liberales habían soñado e intentado sin éxito.
Además de todo lo anterior, el Frente fue desde sus inicios un tiempo de huelga, paros cívicos y revueltas ciudadanas. El primer paro del período fue organizado por el barrio Tunjuelito de Bogotá en 1958 para protestar por la construcción del relleno sanitario Doña Juana, cerca de sus residencias. Entre 1959 y 1963, paros cívicos reclamaron el alto costo de vida y el acceso a servicios públicos como el agua y la electricidad. Durante estos mismos años, simultáneos paros en los ingenios azucareros del Valle exigieron condiciones dignas y fueron declarados ilegales. El Estado autorizó el despido masivo de trabajadores y los bloqueos fueron reprimidos por el ejército. Tanta sería la violencia, que el periódico El Siglo, que nunca reconocía ningún tipo de represión, registró la muerte de dos trabajadores. Otra de las huelgas importantes fue la protagonizada en 1961 por los empleados de Avianca. La huelga fue reprimida cuando los empleados bloquearon la avenida El Dorado. Periódicos como La República vieron con angustia la solidaridad entre empleados y estudiantes, pues frente a una de las arremetidas contra los manifestantes, estos se refugiaron en la Universidad Nacional y junto con los estudiantes resistieron a la policía. En el 62 fueron importantes las huelgas de trabajadores y trabajadoras de Coltejer y Cementos El Cairo en Antioquia y de la fábrica de fibras sintéticas Celenease, en Yumbo, Valle del Cauca.
1963 comenzó con algunas propuestas en el Congreso y el Ejecutivo que entendían la precaria situación de los trabajadores y hablaban sobre la necesidad de subir los salarios mínimos. Pero, aunque había dentro del propio Gobierno impulsos de reforma, fueron más importantes las inercias a la hora de escuchar las demandas de sindicatos y otros grupos que salían a marchar. En febrero de 1963, obreros y obreras de la empresa de Cementos El Cairo (hoy Argos) declararon una huelga en búsqueda de mejores condiciones salariales. Como la huelga en Santa Bárbara, Antioquia, bloqueaba una vía de manera pacífica, el ejército intervino con gases lacrimógenos, empezó a disparar y asesinó a 12 personas, entre ellas una niña que salía del colegio. En los días que siguieron el gobernador de Antioquia respaldó las acciones de las Fuerzas Armadas y el diario La República las justificó. “De no haber habido una agresión inspirada por mano oculta, por la mano roja que viene operando en Venezuela y en todo el continente para cumplir consignas extrañas, el ejército no hubiera tenido que disparar”.
Al acabar el período presidencial de Valencia, en 1966, se emitió el Decreto 939 y los movimientos de huelga en el país comenzaron a ser reprimidos con mayor premura. Se autorizaron despidos masivos en Bavaria, Minerales Nacionales, Cauchosol, Pasteurizadora San Luis, Cementos Diamante y Ecopetrol. Al igual que con las protestas estudiantiles, el Gobierno empleó la justicia penal militar para juzgar a trabajadores involucrados. Todas las demandas laborales, estudiantiles y cívicas fueron recibidas no solo con violencia estatal, sino también con declaraciones oficiales muy parecidas, protocolarias, vacías de sentido y repitiendo que “acá no pasa nada”. En respuesta, uno de los editoriales de El Espectador afirmó que tal “fárrago de palabrería oficialesca nada remedia, nada corrige, nada proviene para lo venidero”. El escrito también vaticinó que dichas “lamentaciones” solo “contribuyen al desviamiento de la atención pública hacia los resultados de unos hechos penosos para que no se advierta que las causas de esos hechos están vivas y listas a provocar quizá peores”.