El comienzo de la década de 1930 fue importante en una Colombia que, después de haber vivido violentas transferencias de poder, intentaba inaugurar pacíficamente un cambio de partido de gobierno, luego de años de hegemonía conservadora. En departamentos como Boyacá y Santander la transición despertó confrontaciones entre los partidos con alguna participación de la curia. En Norte de Santander se registraron también graves episodios de violencia, pero aunque al principio se pensó que se trataba de rencillas meramente partidistas, con el tiempo se estableció que era algo quizá más complejo.
Como las denuncias de violencia se multiplicaban en Ocaña, Salazar, Arboledas, Ábrego, Sardinata y El Carmen se mandó desde Bogotá un destacamento de la Policía Nacional. Para 1932, ante la falta de progresos significativos, este se reemplazó por un cuerpo más numeroso, integrado por el Resguardo de Aduanas, la Policía de Fronteras y 150 unidades de la Policía Nacional. La Policía de Fronteras no era ajena a la zona, pues la mayoría de los municipios afectados quedan al lado de Venezuela. Y el mentado Resguardo, un cuerpo armado cuya misión era la recolección de impuestos, era también un actor importante en el departamento ya que las preocupaciones de Norte de Santander en cualquier momento de la historia de la república han estado relacionadas con rutas rentables de contrabando.
Para 1930 la Asamblea Departamental pedía al Gobierno Nacional inversiones urgentes en la infraestructura de rentas, incluyendo el nombramiento de tres Visitadores Fiscales que ayudaran en la gestión de aduanas. Además, se le pedía al Ministerio de Gobierno ayuda en el manejo de contrabandistas, presos, prófugos y los reclamados por las autoridades judiciales. Así, según informes de inteligencia, el deterioro del orden público en 1932 tenía que ver con estas rutas de contrabando. El cambio de gobierno afectó el funcionamiento normal del entramado criminal y más que una batalla partidista (como la que se vería menos de dos décadas después), se vivía un enfrentamiento entre pequeños grupos por las rutas.
Como casi siempre, la fuerza pública encargada de cuidar el paso fronterizo estaba también involucrada en el negocio. Por ello el Ministerio de Guerra tuvo que intervenir desde Bogotá. “Prohíbese a los resguardos de rentas departamentales portar armas de precisión como grass, Mauser, carabina, etc.”, informó la prensa. En 1934, el presidente de la Asamblea de Norte de Santander afirmó que se vivía en algunos municipios una “verdadera industrialización del crimen para obtener grandes rendimientos”. Otro diputado explicó cómo “en algunos municipios está creada una vida anormal” y lamentó los altos costos económicos de la confrontación (“sumas que hubiera podido destinarse a la instrucción y a las obras públicas, si fueran otras las condiciones, en lugar de emplearse en el sostenimiento de cuerpos militares”).
Para entonces la plana mayor del departamento coincidía en algunas salidas a la crisis. Reconocían la importancia de hacer inversiones en carreteras, escuelas rurales e industrias. Además, sabían que era importante coordinar acciones con Venezuela. Estaban conscientes de que los contrabandistas se movían con la tranquilidad de quien “anda siempre armado y a quien la proximidad de la frontera ha podido llegar a hacer creer que los crímenes pueden fácilmente quedar impunes”. Y de que esta misma proximidad hacía que las víctimas de la confrontación y la criminalidad tuvieran que salir a refugiarse a Venezuela. La Asamblea, que pedía menos diagnósticos desde Bogotá y más acciones puntuales, proponía buscar la paz mediante un desarme general, en el que se colaborara con autoridades venezolanas.
Vías, escuelas, capacidad estatal al servicio de la tributación y coordinación con Venezuela siguen siendo urgentes, pese a que casi todo el contexto ha cambiado.
