La palabra “libertad” ha sido durante mucho tiempo utilizada para justificar las agendas políticas de los poderosos. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial y del florecimiento del fascismo, Theodor Adorno observó que “la gente ha manipulado tanto el concepto de libertad que finalmente se reduce al derecho de los más fuertes y ricos a quitarles a los más débiles y pobres lo que todavía les queda”.
Se coarta, por ejemplo, la libre empresa con la reforma tributaria. Se ataca también la libertad o independencia del sector minero. “Pasamos del miedo al pánico”, anunció en su columna María Isabel Rueda y denunció el maltrato al sector petrolero, “con las confusas fórmulas de regalías y gravámenes”. Rueda se lamenta por “el impuesto mínimo sobre las utilidades de las empresas … el impuesto al patrimonio … la no devolución del ICA” y la “expropiación”. Anuncia que, sin libertad, serán “menos competitivos quienes venden mucho” y se promoverá el “anticrecimiento”.
Néstor Humberto Martínez escribe lamentaciones parecidas. Los nuevos impuestos a los más ricos, dice, “desanimarán nuevas inversiones en el país, golpearán el mercado ... chuparán al sector productivo”. La libertad, por el contrario, es la que promueve el Banco Mundial: “Generar inversiones adicionales y mejorar la productividad y la asignación de capital”.
El editorial de la revista Semana nos habla, por su parte, de un sacrificio de la libertad. “Gustavo Petro logró su objetivo”, titula, “empresas tendrán que meterse la mano al bolsillo”. Concluye que, por todas estas restricciones al libre movimiento del mercado y de los empresarios, la situación se ha vuelto “alarmante … la recesión es inevitable, la deuda pública se elevó a niveles históricos, la inflación está desbordada y el dólar ya pasó la barrera de los $5.000”.
Algo similar ocurre con las medidas tomadas para hacer frente a la crisis climática y combatir la pérdida de biodiversidad. “El movimiento ambientalista es, en mi opinión, la mayor amenaza para la libertad y la prosperidad en el mundo moderno”, señaló célebremente Myron Ebell, funcionario del Gobierno Trump y líder del Instituto de Empresas Competitivas. En semanas recientes se han hecho afirmaciones similares desde tribunas de opinión destacadas. Un Vargas Lleras histérico habló de una “dictadura” legislativa a favor del ambientalismo, de un “paquetazo legislativo” que abrió las puertas al amenazante Acuerdo de Escazú, “al que muchos parlamentarios se habían opuesto anteriormente”. Vargas repite y repite cómo se verán afectadísimos los sectores productivos. Estos, según describe, sufren y sufrirán “los tropiezos en la aprobación de miles de proyectos hoy en trámite de consultas previas y licenciamientos ambientales que (con Escazú) se harán francamente imposibles”.
Ambos tipos de reforma (redistributiva y de cuidado de la naturaleza) se asumen como cadenas que atan e impiden “la libertad” de aquellos que no están acostumbrados a dar explicaciones. “Los mercados son, en general, muy sensibles”, afirmó el columnista de El Tiempo Carlos Caballero Argáez. Por esto es mejor dejarlo libre, pues al emprender medidas como “la indefinición sobre la exploración de petróleo, la absurda idea de cobrar el impuesto de renta sobre las regalías” se estaría jugando “con pólvora”. Y en una columna vecina, Mauricio Vargas dijo sin tapujos que el presidente Petro “amenaza a industriales y banqueros”, tuitea restringiendo “el mercado de capitales, lo que disparó el dólar y, con ello, la inflación”. Vargas enumeró las graves amenazas que acarrea la transición energética justa que planea el Ministerio de Minas y celebró con prosa varonil: “En buena hora, ministra y viceministra optaron por cerrar la boca unos días”.
La palabra “libertad” ha sido durante mucho tiempo utilizada para justificar las agendas políticas de los poderosos. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial y del florecimiento del fascismo, Theodor Adorno observó que “la gente ha manipulado tanto el concepto de libertad que finalmente se reduce al derecho de los más fuertes y ricos a quitarles a los más débiles y pobres lo que todavía les queda”.
Se coarta, por ejemplo, la libre empresa con la reforma tributaria. Se ataca también la libertad o independencia del sector minero. “Pasamos del miedo al pánico”, anunció en su columna María Isabel Rueda y denunció el maltrato al sector petrolero, “con las confusas fórmulas de regalías y gravámenes”. Rueda se lamenta por “el impuesto mínimo sobre las utilidades de las empresas … el impuesto al patrimonio … la no devolución del ICA” y la “expropiación”. Anuncia que, sin libertad, serán “menos competitivos quienes venden mucho” y se promoverá el “anticrecimiento”.
Néstor Humberto Martínez escribe lamentaciones parecidas. Los nuevos impuestos a los más ricos, dice, “desanimarán nuevas inversiones en el país, golpearán el mercado ... chuparán al sector productivo”. La libertad, por el contrario, es la que promueve el Banco Mundial: “Generar inversiones adicionales y mejorar la productividad y la asignación de capital”.
El editorial de la revista Semana nos habla, por su parte, de un sacrificio de la libertad. “Gustavo Petro logró su objetivo”, titula, “empresas tendrán que meterse la mano al bolsillo”. Concluye que, por todas estas restricciones al libre movimiento del mercado y de los empresarios, la situación se ha vuelto “alarmante … la recesión es inevitable, la deuda pública se elevó a niveles históricos, la inflación está desbordada y el dólar ya pasó la barrera de los $5.000”.
Algo similar ocurre con las medidas tomadas para hacer frente a la crisis climática y combatir la pérdida de biodiversidad. “El movimiento ambientalista es, en mi opinión, la mayor amenaza para la libertad y la prosperidad en el mundo moderno”, señaló célebremente Myron Ebell, funcionario del Gobierno Trump y líder del Instituto de Empresas Competitivas. En semanas recientes se han hecho afirmaciones similares desde tribunas de opinión destacadas. Un Vargas Lleras histérico habló de una “dictadura” legislativa a favor del ambientalismo, de un “paquetazo legislativo” que abrió las puertas al amenazante Acuerdo de Escazú, “al que muchos parlamentarios se habían opuesto anteriormente”. Vargas repite y repite cómo se verán afectadísimos los sectores productivos. Estos, según describe, sufren y sufrirán “los tropiezos en la aprobación de miles de proyectos hoy en trámite de consultas previas y licenciamientos ambientales que (con Escazú) se harán francamente imposibles”.
Ambos tipos de reforma (redistributiva y de cuidado de la naturaleza) se asumen como cadenas que atan e impiden “la libertad” de aquellos que no están acostumbrados a dar explicaciones. “Los mercados son, en general, muy sensibles”, afirmó el columnista de El Tiempo Carlos Caballero Argáez. Por esto es mejor dejarlo libre, pues al emprender medidas como “la indefinición sobre la exploración de petróleo, la absurda idea de cobrar el impuesto de renta sobre las regalías” se estaría jugando “con pólvora”. Y en una columna vecina, Mauricio Vargas dijo sin tapujos que el presidente Petro “amenaza a industriales y banqueros”, tuitea restringiendo “el mercado de capitales, lo que disparó el dólar y, con ello, la inflación”. Vargas enumeró las graves amenazas que acarrea la transición energética justa que planea el Ministerio de Minas y celebró con prosa varonil: “En buena hora, ministra y viceministra optaron por cerrar la boca unos días”.