“¡A partir de este decreto todos los grandes proyectos de inversión del país pueden arrancar inmediatamente!” exclamó el ministro Rodrigo Lara en su Twitter. Y remató: “Con Fabio Arjona presentamos el borrador de decreto de Ambiente que permite que la consulta previa y el licenciamiento ambiental avancen al mismo tiempo”. El anuncio vino acompañado de un video de ambos hablando afuera de un avión. Rodrigo sonríe de medio lado y Arjona sí ríe con la boca abierta. Es un momento feliz.
Hace apenas dos meses, expertos consultados por distintos medios de comunicación describieron a Arjona, que durante 20 años fue vicepresidente y director de la ONG Conservación Internacional, como “pragmático”, “arriesgado”, “innovador” y "bien conectado”.
Tan pragmático y arriesgado que bajo su visión se está ejecutando el ataque más fuerte contra la consulta previa en nuestra historia reciente. Según un reportaje de la revista Cambio, la Directiva Presidencial 06 introduce varios cambios en la consulta previa. El principal está en lo que ocurre cuando no hay acuerdo con las comunidades. La directiva elimina el test de proporcionalidad, que durante los últimos seis años sirvió para definir qué medidas debía asumir una empresa o una entidad en esos casos. En su lugar, la Dirección de Consulta Previa reunirá a las entidades con competencia sobre el proyecto, les entregará el expediente (actas, posiciones de las comunidades y acuerdos parciales) y ahí terminará su papel. Esa reunión no reabre la consulta pues después cada autoridad decide por su cuenta. La directiva también ordena eliminar de los manuales internos cualquier referencia al procedimiento anterior. Además, la consulta podrá cerrarse cuando se consideren “agotadas de buena fe” las actuaciones razonables para lograr un acuerdo, aunque las comunidades no hayan dado su consentimiento.
Según informó el medio gobiernista Blu Radio, “la circunstancia de no haberse alcanzado un acuerdo o logrado el consentimiento no predeterminará, por sí misma, el sentido de las decisiones que corresponda adoptar a las autoridades competentes”. A esto se suma la propuesta del Gobierno de que el trámite de la licencia ambiental avance en paralelo a la consulta, sin esperar a que esta termine. Las empresas podrían radicar su solicitud de licencia y la autoridad podría empezar a evaluarla, aunque la consulta no haya comenzado o siga en curso. Todo esto, en un contexto de amenazas a comunidades, pues tanto Lara como el propio De la Espriella han insinuado regularmente que son palos en las ruedas de nuestro progreso. Hace menos de un mes Lara dijo en (otro) video que la consulta previa estaba siendo usada “para extorsionar” y citó una denuncia de Ecopetrol contra una comunidad de pescadores de Taganga por el proyecto de gas Sirius. Como la denuncia estaba basada en chismes, el Juzgado 801 Transitorio de Familia de Bogotá consideró que con eso acusó a la comunidad de un delito sin pruebas y le ordenó disculparse y retractarse públicamente.
Pero volvamos al ministro Arjona. Con su pragmatismo y sus buenas conexiones, Arjona es un claro exponente de una suerte de ambientalismo zombi. La idea parte de Eduardo Gudynas, quien describe el desarrollo sostenible como un concepto zombi: declarado muerto varias veces, sigue en pie, “muerto y vivo al mismo tiempo”. La profesora Jessica Hope explica cómo el mentado desarrollo sostenible se resiste a desaparecer mientras empuja a la sociedad hacia un apocalipsis capitalista. Se trata de un concepto zombi porque refuerza la lógica de mercado. Es decir que busca “vender la naturaleza para salvarla” y la trata como un recurso que hay que gestionar. Entre los temas que Arjona más promovió en Conservación Internacional estuvieron los bonos de carbono, uno de los mecanismos con los que se pone precio a la naturaleza para conservarla.
Arjona también fue descrito como “innovador”. Y ello pese a su monótono repertorio. En agosto una nota de La Silla Vacía contó cómo la trayectoria del ministro tenía “un lunar” en la represa de Urrá en Córdoba pues “habría subestimado estos efectos cuando fue gerente ambiental del proyecto”. La sentencia T-652 de 1998 (con ponencia de Carlos Gaviria) narra cómo “el procedimiento para la expedición de la licencia ambiental que permitió la construcción de las obras civiles de la hidroeléctrica Urrá I se cumplió en forma irregular, y con violación de los derechos fundamentales del pueblo Embera-Katío del Alto Sinú, pues se omitió la consulta que formal y sustancialmente debió hacérsele”. Concluye que los daños introducidos por la represa son “irreversibles”. Las obras, dice, “hicieron definitivamente imposible para este pueblo conservar la economía de caza, recolecta y cultivos itinerantes que le permitió sobrevivir por siglos”.