En su libro Bandoleros, gamonales y campesinos, Gonzalo Sánchez y Donny Meertens nos hablan de un tipo específico de bandolerismo, que describen como “tardío”. A diferencia de los bandoleros de los años cincuenta, que surgieron de guerrillas partidistas, defendían algún bando y tramitaban algún desagravio, los bandoleros tardíos “no presentaban motivación que se derivara de traumas sufridos en la Violencia”. Así, mientras que hombres cómo alias Desquite, o alias Venganza se armaron como retaliación, bandoleros tardíos como alias el Mosco persiguieron un “estímulo económico inmediato”.
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Alias el Mosco y su cuadrilla operaron en la zona cafetera de la Hoya del Quindío, limítrofe con el norte del departamento del Valle. Trabajaban para autores intelectuales (en su mayoría políticos urbanos), se les remuneraba por trabajos puntuales y se movilizaban en carro a través de toda la región. El alias de “Mosco” hacía referencia a “la forma habilidosa como obraba, una que, tan pronto estaba en un sitio, amanecía en otro”. Según Sánchez y Meertens, los trabajos puntuales consistían mayormente en asesinatos y despojos de tierra. Los autores intelectuales les suministraban las armas y la munición. Y la cuadrilla empleaba toda una red de “auxiliadores, choferes y estafetas… por lo menos cincuenta personas en servicio permanente, estafetas, encargados de llevar armas, municiones, vestuario, dinero, mensajes, etcétera”.
Los bandoleros tardíos podrían caracterizarse como mercenarios. Es decir, como grupos temporales en donde se hace un reclutamiento clandestino o ilegal y donde cada quien trabaja por un beneficio individual. Grupos –como los existentes a través de la historia Europea entre los siglos XVI y XVIII– en los que cuadrillas de hombres combatieron para el mejor postor. Algo distinto es lo que sucede hoy, pues aunque se hable de mercenarios colombianos en Sudán, Somalia, Ucrania, o Haití, algo va de la cuadrilla de alias el Mosco, a los grandes empresas de seguridad militar privada, como las gringas Academi (antes Blackwater), DynCorp, el Grupo Wagner (de Rusia) o el Global Security Service Group (de Emiratos Árabes Unidos).
El mercado moderno de la fuerza no es temporal, ni depende de un líder. Se trata más bien de estructuras legales y corporativas permanentes, con cientos de empleados y contratistas que se concentran en entrenar a combatientes y en asistencia puntual de misiones militares. Durante el apogeo de estas empresas, tras el 11 de septiembre de 2001, el New York Times explicó cómo estaban siendo subcontratadas para todo, “desde pelar papas hasta reparar motores de aeronaves”. A través de las últimas décadas, las mentadas empresas participaron cada vez más en combates, interrogatorios y detenciones, suministro de inteligencia militar y espionaje.
Así, cientos de exmilitares colombianos trabajan (algunos tienen cargos directivos) en empresas de seguridad militar privada. Su participación en estas actividades no puede ser “prohibida”, como sugirió el presidente Gustavo Petro, porque se trata de una actividad legal y contractual. Lo que no quiere decir, sin embargo, que sea una actividad legítima. Estas empresas de seguridad privada operan fuera de la estructura de mando militar, no están sujetas a una cadena de mando ni se rigen por el Derecho Internacional Humanitario. Normas y regulaciones varían de un contratista a otro, y por esto hay reclutamiento engañosos y promesas de salarios incumplidas para los colombianos. Esto sin hablar de los desmanes en que participan en los lugares en que operan. Empresas de seguridad privada chinas han sido acusadas de proteger intereses económicos chinos en África. Compañías transnacionales, como Shell, que operan en zonas de conflicto, dependen de estas empresas, que además de proveer seguridad a sus operaciones, han sido acusadas de intimidar a los trabajadores y a las poblaciones locales. Y, sobre todo, empresas de seguridad militar privada participan (sin mucha regulación) en crímenes de guerra. En 2007, contratistas de Blackwater mataron a 17 civiles iraquíes desarmados, en lo que conocemos como la masacre de Nisour Square. Al subcontratar seguridad, Estados y grupos económicos usan intermediarios privados como escudos para evadir responsabilidades.
