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El 20 de Mayo de 1964, colonos y campesinos (hombres y mujeres) de Marquetalia, al sur del Tolima, enviaron una carta de cinco páginas al presidente Guillermo León Valencia para exponer tanto la productividad de sus tierras como las precarias condiciones en que vivían: falta de vías, escuelas y servicios de salud, altos precios de bienes básicos y, sobre todo, el cerco militar que denunciaban a su alrededor. En aquel momento, Colombia seguía atravesada por remanentes de la violencia bipartidista y habían surgido autodefensas campesinas que buscaban hacerse a tierras para trabajar. Zonas como Marquetalia habían sido estigmatizadas como “repúblicas independientes”, en un clima marcado por la doctrina contrainsurgente estadounidense, que indicaba construir un enemigo interno al que se le debía exterminar.
“Nosotros” dice la carta “somos enemigos de la violencia, repudiamos la violencia, y luchamos contra la violencia, porque aquí en esta tierra de trabajo, tenemos nuestros hogares, nuestras esposas, nuestros padres y nuestros hijos, y tenemos también nuestra tierra, nuestros cultivos, nuestros ganados”. Campesinos y colonos piden al presidente “el restablecimiento de las escuelas ocupadas hoy por las fuerzas militares, la apertura de carreteras, caminos vecinales, puestos de salud”. Y le advierten también que no se debe “poner en manos de los mandos fascistas del Ejército la solución de un problema eminentemente político”.
La carta fue recibida en el Palacio de Nariño el 17 de junio. Para entonces Valencia ya había puesto en marcha el plan “Soberanía” que incluyó el asalto aéreo a Marquetalia. Este se convertiría luego en el mito fundacional de las FARC-EP. Para la Comisión de la Verdad, el mentado Plan, lanzado contra unas guerrillas que todavía eran un fenómeno localizado y residual, fue un error histórico: en lugar de atender un conflicto agrario, social y político, las élites civiles optaron por una salida contrainsurgente que criminalizó a los campesinos, los despojó de su condición de ciudadanos y abrió la puerta a cuatro décadas de guerra.
Hace algunos días, Daisy Toro, de 13 años, le contó al New York Times cómo el 3 de marzo vio dos aviones sobrevolando su casa, ubicada entre cultivos de coca y plátano en el Putumayo, y cómo días después, su familia encontró “la bomba”. Expertos citados por el periódico identificaron el artefacto como una bomba Mark-82 de fabricación estadounidense, común en operaciones aéreas. Una vez alertado al gobierno colombiano, el presidente Petro afirmó que Ecuador habría bombardeado territorio colombiano. El presidente Noboa lo negó.
Lo cierto es que en Ecuador la violencia está al alza. Siguiendo los ejemplos de Uribe Vélez (en Colombia) y Felipe Calderón (en México), Noboa ha adoptado una doctrina de guerra contra el narcotráfico, de la mano de Estados Unidos. El llamado Plan Fénix ha impuesto mano dura, dejando un legado de violencia. Datos oficiales reportaron 9.216 homicidios en 2025, un alza de 30 % frente a 2024. Una investigación de Reuters denunció que las muertes de personas privadas de libertad casi se cuadruplicaron en 2025, en medio de hacinamiento, abusos, falta de atención médica y expansión de enfermedades como la tuberculosis.
Para Human Rights Watch, la respuesta de Noboa no logró contener de forma duradera la violencia y sí vino acompañada de denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y presiones sobre la independencia judicial. Amnistía Internacional ha advertido que las desapariciones en operaciones de seguridad siguen impunes y ha cuestionado la opacidad de los operativos recientes (coordinados con el ejército de Estados Unidos).
El Profesor Oswaldo Zavala nos explica cómo el narcotráfico en América Latina depende de Estados Unidos porque allí se concentran el lavado de dinero, el tráfico de armas y las redes de corrupción que facilitan el negocio. “La razón de ser de un traficante latinoamericano es Estados Unidos” dice Zavala, “es el gran consumidor, donde hay una profunda corrupción policial, militar y política que permite que este mercado avance y la gran mayoría de las ganancias se queden allí”. Zavala y tantas otras estudiosas del fenómeno coinciden en que debe desmantelarse la guerra contra las drogas e imaginar otras salidas, pues la militar sólo nos ha dejado “un gran saldo de destrucción”.
En Colombia sabemos sobre el fracaso de las salidas militares azuzadas desde Washington. Es también esto lo que está en juego en las próximas elecciones. No se debe (como en 1964) poner en las manos de bombarderos la solución de problemas eminentemente políticos.
