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La crisis en Córdoba, uno de los departamentos más afectados por las lluvias en el país, se desencadenó tras el desbordamiento de los ríos Sinú y San Jorge, y el desborde del embalse de la Central Hidroeléctrica Urrá I. La Gobernación reportó al cierre de esta semana 170.013 personas damnificadas, 1.838 viviendas destruidas y daños en 143 colegios y 28 centros de salud.
Funcionarios, académicos expertos en hidrología y sustentabilidad nos explican las distintas causas de lo ocurrido. El gobierno departamental explica que se vieron ante un evento sin precedentes en términos hidrometeorológicos para la región: en los primeros siete días del mes cayó la lluvia esperada para todo febrero. Estas precipitaciones extraordinarias, asociadas a frentes fríos que llegaron al sur del Caribe, provocaron el desbordamiento del embalse de Urrá I e incrementaron drásticamente el caudal del río Sinú, generando inundaciones en cientos de kilómetros aguas abajo de la represa.
Voces expertas consultadas por El Espectador coinciden en que este evento invita a reconocer que, en un escenario de cambio climático de eventos extremos cada vez más frecuentes, es necesario revisar qué tanta seguridad ofrecen los embalses y admitir que, posiblemente, sea hora de ordenar algunos territorios, cediendo espacio a los ríos. Hay quienes señalan las deficiencias en la regulación estatal del flujo mínimo de agua que las hidroeléctricas deben garantizar en los ríos para preservar los ecosistemas. Quienes advierten la falta de coordinación entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales y el sector privado cordobés.
Por su parte, la Cámara de Comercio de Montería alertó sobre la paralización total de la actividad económica, con el colapso de las cadenas de abastecimiento, logística y producción (las pérdidas estimadas superan los COP 7,7 billones entre activos e ingresos empresariales proyectados para el primer semestre de 2026). Y están quienes nos recuerdan cómo la mentada represa se hizo posible en medio de la consolidación del Pacto de Ralito: cómo la arremetida paramilitar dejó un legado de 22 masacres y centenares de homicidios, entre ellos nueve líderes indígenas embera-katíos opositores al proyecto Urrá. Al problema histórico de concentración de tierras se agregó entonces el despojo violento y las ventas coaccionadas de tierras que beneficiaron a paramilitares y sus redes. Paralelamente, como nos ha contado el geógrafo Alejandro Camargo, en el Medio y Bajo Sinú, la construcción de terraplenes impulsada por el Estado y privados ha desconectado humedales y ríos para expandir la agricultura y la ganadería en zonas antes inundadas.
Causas históricas, soluciones a futuro basadas en proyecciones climáticas más complejas, intervenciones en la gobernanza del agua. Ante la abundancia de voces emitiendo diagnósticos, cabe dar el micrófono a las propuestas de los habitantes de la cuenca baja del río Sinú, que en 1993 conformaron la Asociación de Campesinos, Pescadores e Indígenas de la Ciénaga Grande del Sinú (Asprocig). Articulando organizaciones campesinas, pesqueras e indígenas, su estrategia se ha basado en una lección aprendida de luchas previas: la mejor forma de proteger la tierra era haciéndola productiva.
En su libro Voces campesinas, Tatiana Roa nos cuenta cómo en 2003, tras la inauguración de Urrá I, Asprocig convocó en Lorica una ceremonia para despedir y “enterrar” al bocachico en el cementerio central. “Fue un momento muy triste, como cuando te despides de un amigo”, explicó uno de los pescadores asistentes, “como desprenderse de algo que ha coexistido contigo, que te ha ayudado a crecer”.
Asprocig, narra Roa, trabaja desde hace 30 años en nueve municipios del Bajo Sinú y agrupa 96 organizaciones comunitarias. Su apuesta por lo local se expresa en más de 1.350 Agroecosistemas Biodiversos Familiares (Abif) y en Sistemas Socioecológicos Colectivos, que recuperan patio, parcela y saberes agrícolas zenúes. En un territorio con histórica concentración de la tierra, muchas familias tienen predios mínimos o patios, pero gestionan una “inmensidad de agua”. Frente a inundaciones y estiajes, reconstruyen diques abiertos y redes hidráulicas ancestrales, recuperando unas hectáreas, para sostener vidas.
Persisten amenazas: Urrá, la desecación de humedales y obras civiles por cuenta de terratenientes, violencias varias, la desconfianza de los gobiernos nacionales y locales de siempre, el desorden del Gobierno Nacional actual. Pero Asprocig persiste también.
