Crisis reveladoras

En los años 90 la profesora Jacqueline S. Solway nos explicó que las sequías podían estudiarse como crisis reveladoras. Estos son momentos paradójicos, pues por un lado salen a la luz las desigualdades estructurales y se hace evidente el deterioro de la cotidianidad de algunas poblaciones. Pero por otro, permanecen ocultas estas mismas condiciones, que son atribuidas por muchos a la “crisis” y no a problemas y fracturas más profundos. Estos tipos de crisis interrumpen la rutina convencional lo suficiente como para permitir que los distintos actores (estatales, movimientos sociales y poblaciones locales) se embarquen en procesos de cambio. O los aceleren.

Las interrupciones en el suministro de agua potable son quizás unas de estas crisis reveladoras en la historia urbana reciente. El fracaso del Proyecto Barranquilla, que el Banco Mundial implementó en la Barranquilla de los 80, tardó en sacar a flote los clivajes más profundos de la ciudad. Aunque desde el Concejo se afirmó que se trataba de un impasse pasajero, generado por la corrupción de la empresa, después de un tiempo quedó claro que el problema era mucho más hondo. Un problema que tenía que ver con la falta de medidas redistributivas en una ciudad que a la vez era foco de prosperidad y construcción suntuosa, y de llegada de cientos de familias desplazadas por el paramilitarismo en el norte del país.

Fue cuando la ciudad se volvió incapaz de tratar el agua por completo y todos los barrios quedaron sin servicio, que las desigualdades brutales se volvieron prioridades. El río Magdalena, la única fuente de agua de la ciudad, pasaba por un momento de gran contaminación. Esto significó una necesidad cada vez mayor de más y mejores productos químicos (cada vez más caros) que la empresa de servicios públicos ya no podía costear. A principios de la década de 1990, la contaminación del río alcanzó niveles elevados y el gobierno central comenzó a discutir la posibilidad de dictar normas más estrictas para protegerlo. “El problema del Magdalena”, afirmó un editorial del Diario del Caribe, “es de dimensiones colosales, generado por la indolencia y apatía de todo el país… Estudios recientes reportan que el agua del río tiene altos niveles de hierro, aceites, detergentes, coliformes, insecticidas, mercurio, fosfatos, cloruros, arsénico, manganeso y plomo”.

La empresa pública, que ya estaba en la quiebra, se había quedado sin plata para más químicos. Industrias importantes, como Bavaria y Dupont, usaban el río como cloaca sin muchas consecuencias. Una madrugada la planta de tratamiento amaneció llena de pececitos muertos, la ciudad sin agua salió a protestar y gobiernos locales y nacionales sometidos a la presión extendieron redes, invirtieron en infraestructura de tratamiento, reforzaron las reglas de contaminación industrial e hicieron de la ciudad un lugar menos vertical.

Cuatro décadas después, con una empresa de agua privada (la Triple A) y un gobierno local que han privilegiado el crecimiento económico sin pensar en la redistribución, la ciudad vive una crisis de agua. Muchos barrios en el área metropolitana, que incluyen a Soledad y Galapa, denuncian que reciben por el grifo un agua turbia “con mal sabor y olor”. En esta coyuntura, el Concejo prepara nuevamente un debate a la empresa de agua y desde el gobierno local se le exige que rinda cuentas ante la ciudad. Aunque es cierto que la Triple A tiene problemas financieros, operativos y de mantenimiento de la infraestructura, hoy como ayer estamos ante una crisis reveladora de desigualdades y dificultades más complejas.

En la ciudad conviven la prosperidad y la gran infraestructura con la pobreza, la falta de oportunidades en la legalidad y el racismo. Y hoy como ayer el país no da cuenta de la contaminación del río Magdalena ni castiga a los culpables. El miércoles el municipio de Santa Rosa del Sur, en Bolívar, declaró la alerta luego de conocerse una emergencia ambiental tras la presunta caída de canecas de cianuro al río Magdalena. Hoy como ayer el río amaneció lleno de pececitos muertos.