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Trabajos académicos de Socorro Ramírez y Juan Tokatlian narran cómo, a partir de los años 70, cuando comenzó a crecer la exportación de marihuana desde Colombia hacia Estados Unidos y más tarde se intensificó el negocio de la cocaína, el enfoque predominante de gobiernos gringos frente a Colombia fue insistir de manera continua en la eliminación de los cultivos y en el freno a las redes de distribución y contrabando.
Durante la presidencia de Ernesto Samper la relación con Estados Unidos se tensó. Tras denuncias de que su campaña recibió platas del cartel de Cali, el gobierno Clinton endureció su postura: descertificó a Colombia, le quitó la visa a Samper y ejerció todo tipo de presiones para promover la erradicación de cultivos de coca mediante la fumigación aérea.
Pero la relación se hizo mucho más fácil con la llegada de Andrés Pastrana a la Presidencia.
Pastrana prometió un “Cambio para construir la paz”: la paz negociada, el fin de la violencia como condición para mejorar la vida y reducir la pobreza, fortalecer la democracia y el Estado, reconstruir el tejido social con énfasis en educación y salud. En la práctica, Pastrana buscó congraciarse con Estados Unidos a como diera lugar y el plan sufrió cambios radicales tras ser debatido y corregido por el gobierno Clinton y la bancada Republicana del Congreso. De un plan inicial orientado a “construir paz” se fue aterrizando una agenda de modernización y reestructuración de las Fuerzas Armadas y la Policía para reforzar la seguridad, y una estrategia antinarcóticos en coordinación con otros países para intervenir la llamada “cadena de las drogas”.
De prometer un “Cambio por la Paz” pasó Pastrana (sin oponer resistencia) a permitir la implementación del Plan Colombia. De acuerdo con un recuento hecho por el sociólogo Álvaro Camacho, Estados Unidos asignó a Colombia US 862,3 millones. De ese total, US 519,2 millones (60 %) se destinaron a nueva asistencia para las Fuerzas Militares y US 123,1 millones (14 %) a la Policía Nacional. El monto restante, de US 218 millones, se orientó a iniciativas de desarrollo alternativo, apoyo a población desplazada, reforma y fortalecimiento del sistema judicial, y programas de promoción de los derechos humanos. Este diseño ayuda a explicar el paso de un enfoque de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo a una estrategia militar para enfrentar a la insurgencia. La asignación de capital puso a las Fuerzas Militares en el centro de Colombia. Y Estados Unidos impulsó la idea de la “narcoguerrilla”, afianzando la militarización de la política antinarcóticos.
Aquí, en este comportamiento a la vez imperceptible, pusilánime y peligroso del entonces presidente, están las semillas de tantas cosas. Desde la campaña paramilitar aupada desde el Estado hasta la saga uribista, con todo y los asesinatos extrajudiciales de civiles para inflar los resultados operacionales de las Fuerzas Militares.
La mayor parte de la ayuda militar que negoció Pastrana se concentró en financiar tres batallones antinarcóticos (incluyendo la asistencia técnica de hasta 500 contratistas estadounidenses) y en la entrega de helicópteros Black Hawk y Huey.
No tengo ninguna duda de que Ghislaine Maxwell dijo la verdad cuando contó que viajó con Andrés Pastrana a Colombia: que ambos son pilotos de helicóptero, que se hicieron amigos y que en ese viaje ella voló un Black Hawk. Si Pastrana (que es hijo de otro muy mal expresidente) dio carta blanca para que volaran por los cielos de este país glifosato y municiones gringas, ¿por qué no iba a dejar volar a una proxeneta de la clase alta inglesa?
“Tengo... fotos” relató Maxwell en 2003, “yo con el presidente de Colombia que me invitó y organizó todo el convite, incluyendo los terroristas corriendo por ahí para que yo les apuntara, yo haciendo un ‘backflip’ en el helicóptero, yo volando sobre la Amazonía a 3 pies por encima del dosel a 200 Mph… tengo 2 balas reales de 7 pulgadas de largo que me dieron como recuerdo en mi oficina en casa”.
