En Colombia, como en casi todas otras partes, personas e instituciones piensan que el medio ambiente es un lujo y que el ambientalismo es una pasión destinada a clases sociales que cuentan con el tiempo y los recursos para “ser verdes”. Lo cierto, sin embargo, es que los barrios informales, las poblaciones campesinas, los pueblos indígenas y los sectores populares en general suelen ser los primeros en defender el entorno del cual obtienen su sustento. Son ambientalismos populares que no nacen de una moda verde, sino de necesidades urgentes: cuando el agua se contamina, el aire enferma o la tierra deja de producir, lo que está en juego es la salud, el trabajo y la continuidad de la vida misma. En el país este ambientalismo lleva décadas dando la misma pelea, preguntándose: ¿quién termina pagando los daños ambientales y quién se queda con las ganancias?
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Una de las promesas del Gobierno del Cambio fue la materialización de proyecto político tejido durante décadas por los movimientos ambientales del país. Más que las personalidades del presidente Petro y la vicepresidenta Márquez, esta promesa nació del recorrido de fracasos, aprendizajes y resistencias del ambientalismo popular colombiano. Se hicieron entonces, por primera vez, desde el estado, específicamente desde Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tres preguntas sobre (1) cómo organizar el territorio poniendo el agua en el centro, (2) cómo resguardar a las comunidades ante el avance de la crisis climática y (3) cómo cambiar un modelo económico y cultural que ha deteriorado la vida y fragmentado los territorios.
En esta época de balances y finales, vale la pena destacar ganancias puntuales y ejemplos concretos de este entusiasmo. Se reconoció, por ejemplo, el ejercicio de las autoridades ambientales indígenas mediante el Decreto 1275 de 2024, que abrió la puerta a reparaciones históricas, al autogobierno y la defensa integral de los territorios ancestrales. Desde el Viceministerio de Ordenamiento Ambiental del Territorio, que estuvo a cargo de Tatiana Roa, se trabajó de la mano con la política de Paz Total, avanzando en el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y como guardián de las selvas, con un énfasis especial en el trabajo con las Zonas de Reserva Campesina de la Amazonia.
Se propusieron también acciones prioritarias en el marco del Acuerdo de Escazú: la prevención de “zonas de sacrificio” (donde se concentran daños ambientales y riesgos para la salud con tal de sostener una actividad económica), la evaluación de los costos ambientales de los bienes que se producen y consumen, el fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental de Colombia y sobre todo medidas para frenar demandas judiciales presentadas para intimidar, cansar y silenciar a personas defensoras, periodistas u organizaciones mediante litigios costosos.
Y por último, el ministerio construyó de un sistema de diálogo sobre la marcha en que los conflictos socioambientales, que van a existir siempre, se discutieron de manera distinta. En distintos escenarios se reconoció a los pueblos y comunidades como interlocutores legítimos y fundamentales (diálogos con comunidades wayúu en proyectos energéticos, esfuerzos de trabajo conjunto en la reducción de la deforestación, mesas de diálogo sobre minería en el Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba).
Uno, dos, tres, cuatro pasos en la dirección correcta. Hacia una gobernanza ambiental distinta.
Adenda. Como un machetazo al sistema de diálogo y a todos los esfuerzos del ministerio se lee el comunicado del lunes de La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales explicando que, aunque el programa de aspersión aérea con glifosato quedó suspendido desde 2015, existe autorización para aspersión terrestre con glifosato, incluyendo la técnica EATBAND con drones. El ministro de Justicia Andrés Idárraga anunció el inicio de operaciones con drones y describió el esquema (vuelos a muy baja altura, alrededor de 1,5 metros del objetivo, para reducir deriva y afectar menos fuentes de agua y cultivos legales). Cualquier fumigación con químicos va en contra de las apuestas ambientales: no pone el agua en el centro, no resguarda a las comunidades ante el avance de la crisis climática y sobre todo no cambia el modelo económico y cultural que ha deteriorado la vida y fragmentado los territorios.
