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El presidente Julio César Turbay tenía fama de corrupto, pero no tuvo tanto que ver en nuestra historia nacional de narcopolítica. De hecho, el sociólogo Álvaro Camacho nos cuenta cómo, aunque el narcotráfico aún no era un tema central de controversia durante el gobierno Turbay, a nivel internacional se estaba gestando un proceso que más tarde transformaría la política y la violencia en Colombia: durante el gobierno de Turbay, y por medio de su embajador en Washington, Virgilio Barco, se negoció el Tratado de Extradición de 1979. Paralelamente, como nos han contado numerosos libros y telenovelas, fueron ascendiendo rápido los narcotraficantes y algunos entre ellos quisieron intervenir directamente en la política electoral.
Carlos Lehder fundó en Armenia el Movimiento Latino Nacional (MLN), que tuvo su pequeño apogeo entre 1982 y 1984 cuando eligió dos diputados a la asamblea y once concejales en Quindío. Lejos de ser un pie de página sin importancia, el MLN difundió ideas que luego harían carrera en el paramilitarismo y la política electoral. En palabras del profesor Francisco Gutiérrez, “Lehder fue uno de los padres fundadores del lenguaje del exterminio, de la justificación de la masacre y la limpieza social”. Por su cuenta, Pablo Escobar promovió “Medellín sin tugurios” y logró llegar a la Cámara de Representantes infiltrando el Nuevo Liberalismo.
Como nos han contado numerosos libros y telenovelas, El Nuevo Liberalismo era de centro izquierda y proponía traer de vuelta la “moral” a la política. El líder del movimiento, Luis Carlos Galán, se comprometió en una lucha contra la intromisión del narcotráfico en el Estado y esto le costó la vida (fue asesinado en 1989). Esta saga de 10 años nos dejó, muy a grandes rasgos, dos legados principales. El primero, la guerra contra las drogas como la conocemos: en que se abrió la puerta para la intervención cómoda de los Estados Unidos en la política de seguridad colombiana. La segunda que, en una suerte de compromiso moral póstumo con Galán, se les dio un cheque en blanco a sus sucesores en la historia electoral colombiana.
A falta de Galán, gobernó César Gaviria. En su gobierno crecieron las ofensivas guerrilleras, las protestas regionales y las demandas de la población urbana que reclamaban frenar la violencia del narcotráfico. Gaviria dio bandazos, se fue a veces de frente contra los narcos, a veces de ladito (con diálogo). Al final, con ayuda de gringos y paramilitares, su gobierno combinó formas de lucha contra Escobar. Se alejó así del sueño galanista de moralizar la política. Durante este gobierno (1990–1994), Estados Unidos nos dio asistencia financiera, equipos, aeronaves, entrenamiento y se dio un giro hacia erradicación/aspersión aérea. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la aspersión aérea sobre cultivos de coca arrancó en 1994 (iniciando en Meta), durante el último tramo del periodo de Gaviria.
Ha pasado tantísimo desde entonces: la pelea Samper-Pastrana, el apogeo paramilitar, Uribe Vélez, la Seguridad Democrática, el Plan Colombia, los asesinatos extrajudiciales, el ascenso de Juan M. Santos, la firma de Acuerdos de Paz con la Guerrilla de las FARC-EP, el periodo presidencial de Duque que derrapó en el estallido social y los últimos cuatro años de la izquierda en el poder. Aunque ha cambiado casi todo, es posible que como tributo a esa década traumática de los ochenta veamos una sucesión de hijos Galán, Gaviria que, tarde o temprano, han llegado o llegarán al poder local, regional y nacional (Carlos Galán, Juan Manuel Galán, Claudio Galán, Simón Gaviria, María Paz Gaviria); esto sin contar al propio Gaviria padre, que dirige sin carisma al Partido Liberal.
Cabe desear en este 2026, que hasta ahora comienza, que Colombia deje de votar por ellos. La deuda histórica está saldada. Quizá pasando esa página podamos inaugurar un cambio en la política de drogas.
