En la última quincena fue desalojada la población del barrio Las Orquídeas de Cali, compuesta por alrededor de 75 familias.
Las familias viven allí hace más de cinco años. Algunas ya han sido obligadas a irse de un departamento, municipio o barrio. Una, dos, tres y cuatro veces. Todas reclamaban una negociación antes de ser obligadas a abandonar lo construido. Por consiguiente, buscaron llegar a un acuerdo sobre un subsidio. El municipio les ofrecía 200 mil pesos en cheque después de desalojar (con “compromiso” verbal de otorgarles otros cheques iguales durante cinco meses). Los habitantes sabían lo obvio: que el acuerdo era injusto y sospechoso en su continuidad. Pese a la intervención de organizaciones civiles y contratistas de la Secretaría de Salud, el Esmad de la Policía fue sacando gente a la fuerza. Una de las organizaciones acompañantes describió la situación de angustia de un muchacho que sufrió convulsiones, y la de una joven que tuvo una crisis nerviosa.
El País de Cali informó: “desalojan a 15 familias del barrio Las Orquídeas por invasión de vía pública”. Lo que es impreciso, pues la “vía pública” no está sino en los planes de darle más longitud a Metrocali. Por estar encima de los planos de otra infraestructura pública apresurada pero inexistente (un anexo al puente de la Santa Laura), fue desalojada este miércoles la comunidad del barrio El Oasis compuesta por alrededor de 38 familias. Las familias ya han sido desalojadas de otras partes: algunas hasta fueron desplazadas desde el interior de proyectos de interés social. Funcionarios del Gobierno afirmaron que “inicialmente se les darán unos minutos a quienes quieran salir voluntariamente y se les ayudará con el traslado de enseres a cualquier lugar del área metropolitana”.
“La Nueva Ley de Infraestructura nos permite comprar o expropiar en tiempo récord predios que impedían avanzar en obras que el país requiere”, informó ese mismo día el vicepresidente Vargas Lleras. Vía Twitter también celebró: “en Montebello, #Antioquia, construimos 32 de las 12.609 #CasasGratis”. Desalojos, Esmad, celebración y obras que el país requiere: todo coexiste en la alianza para la prosperidad. Para hacerse a la casa vicepresidencial, además de figurar en una lista, debe renunciarse a cualquier demanda y por sobre todo no intentar entablar negociación, mucho menos si es colectiva. Se da la casa a un individuo y su familia nuclear, sin miramientos por la localización ni la cercanía a las redes y solidaridades previas. Se espera agradecimiento sin reparos y una cierta lealtad de acatamiento y voto.
Comunidades que quedan por fuera de las ciudadelas y hayan construido algo sin las listas ni los pactos entran en dos categorías. O pasan a ser zonas de riesgo o se convierten en barreras para algún progreso. No pueden estar afuera, no se permiten las transacciones. Esa premisa, la de la quietud y el agradecimiento, está en el corazón del modelo: fijar en un sitio y una lealtad a una población “flotante” y condenar el movimiento (físico y social) por fuera de estos canales.
La ciudad, sin embargo, es dura. Y comunidades sin certezas económicas encontrarán las maneras de rebuscarse y de escurrirse de la regulación, de negociar lealtades fluidas y de corto plazo según la ocasión. La falta de flexibilidad del esquema, que no tiene en cuenta barrios y comunidades establecidas y que además intenta organizar ciudadelas aleatorias desde cero, apunta hacia algún tipo de insuficiencia. Un estilo nacional de gobernar la ciudad que pretende robarles a sus barrios informales su historia y capacidad para organizarse es como mínimo un mal augurio.
En la última quincena fue desalojada la población del barrio Las Orquídeas de Cali, compuesta por alrededor de 75 familias.
Las familias viven allí hace más de cinco años. Algunas ya han sido obligadas a irse de un departamento, municipio o barrio. Una, dos, tres y cuatro veces. Todas reclamaban una negociación antes de ser obligadas a abandonar lo construido. Por consiguiente, buscaron llegar a un acuerdo sobre un subsidio. El municipio les ofrecía 200 mil pesos en cheque después de desalojar (con “compromiso” verbal de otorgarles otros cheques iguales durante cinco meses). Los habitantes sabían lo obvio: que el acuerdo era injusto y sospechoso en su continuidad. Pese a la intervención de organizaciones civiles y contratistas de la Secretaría de Salud, el Esmad de la Policía fue sacando gente a la fuerza. Una de las organizaciones acompañantes describió la situación de angustia de un muchacho que sufrió convulsiones, y la de una joven que tuvo una crisis nerviosa.
El País de Cali informó: “desalojan a 15 familias del barrio Las Orquídeas por invasión de vía pública”. Lo que es impreciso, pues la “vía pública” no está sino en los planes de darle más longitud a Metrocali. Por estar encima de los planos de otra infraestructura pública apresurada pero inexistente (un anexo al puente de la Santa Laura), fue desalojada este miércoles la comunidad del barrio El Oasis compuesta por alrededor de 38 familias. Las familias ya han sido desalojadas de otras partes: algunas hasta fueron desplazadas desde el interior de proyectos de interés social. Funcionarios del Gobierno afirmaron que “inicialmente se les darán unos minutos a quienes quieran salir voluntariamente y se les ayudará con el traslado de enseres a cualquier lugar del área metropolitana”.
“La Nueva Ley de Infraestructura nos permite comprar o expropiar en tiempo récord predios que impedían avanzar en obras que el país requiere”, informó ese mismo día el vicepresidente Vargas Lleras. Vía Twitter también celebró: “en Montebello, #Antioquia, construimos 32 de las 12.609 #CasasGratis”. Desalojos, Esmad, celebración y obras que el país requiere: todo coexiste en la alianza para la prosperidad. Para hacerse a la casa vicepresidencial, además de figurar en una lista, debe renunciarse a cualquier demanda y por sobre todo no intentar entablar negociación, mucho menos si es colectiva. Se da la casa a un individuo y su familia nuclear, sin miramientos por la localización ni la cercanía a las redes y solidaridades previas. Se espera agradecimiento sin reparos y una cierta lealtad de acatamiento y voto.
Comunidades que quedan por fuera de las ciudadelas y hayan construido algo sin las listas ni los pactos entran en dos categorías. O pasan a ser zonas de riesgo o se convierten en barreras para algún progreso. No pueden estar afuera, no se permiten las transacciones. Esa premisa, la de la quietud y el agradecimiento, está en el corazón del modelo: fijar en un sitio y una lealtad a una población “flotante” y condenar el movimiento (físico y social) por fuera de estos canales.
La ciudad, sin embargo, es dura. Y comunidades sin certezas económicas encontrarán las maneras de rebuscarse y de escurrirse de la regulación, de negociar lealtades fluidas y de corto plazo según la ocasión. La falta de flexibilidad del esquema, que no tiene en cuenta barrios y comunidades establecidas y que además intenta organizar ciudadelas aleatorias desde cero, apunta hacia algún tipo de insuficiencia. Un estilo nacional de gobernar la ciudad que pretende robarles a sus barrios informales su historia y capacidad para organizarse es como mínimo un mal augurio.