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Celebran varios medios de comunicación la llegada próxima del fracking a Colombia. Esta llegaría, según los cálculos, de la mano de un cambio de Gobierno. En Portafolio, Ricardo Ávila se regocija: “La gran mayoría de los precandidatos presidenciales tanto en la derecha como en el centro (...) han anunciado que le darían luz verde al fracking en caso de llegar a la Casa de Nariño”.
Ávila hace cuentas felices con los 4.600 millones de barriles de petróleo que podrían escurrírsele al subsuelo del valle del Magdalena Medio y vaticina que “el viento está cambiando de dirección dentro y fuera de Colombia”. Pone como ejemplo la explotación del área de Vaca Muerta, en Argentina, “que ahora es la columna vertebral de una verdadera revolución energética y que recibe inversiones del orden de los 10.000 millones de dólares anuales”. Cita al exministro de minas González Estrada, que rechaza la ideología de quienes se oponen y con una seguridad estridente compara el fracking con la vacuna contra el COVID-19: “Partimos de una premisa sin fundamento. Es como si en la época de la pandemia hubiéramos desechado el uso de las vacunas (...) antes de ensayarlas”. El fracking es, a ojos de González (y de Ávila), un remedio que hay que aplicar para prevenir la enfermedad.
La comparación es imprecisa y sobre todo injusta. Las y los activistas luchan en contra de la introducción del método (la inyección a alta presión de fluidos, arena y químicos en el subsuelo para liberar depósitos de petróleo y gas) porque saben que abrirá la puerta a heridas y dolores en el ecosistema. Saben, además, que estas heridas y dolores empiezan por el suelo, afectan al acuífero y terminan, tarde o temprano, en la sangre y los genes de la gente.
En diciembre pasado, un informe del Stockholm Environment Institute (que no es precisamente un movimiento de izquierda) afirmó que en la cuenca de Vaca Muerta, donde hay más de 3.000 pozos de fracking cerca de fuentes de agua, hay posibles filtraciones de químicos y metales pesados. Explicó que el fracking y la quema de gas liberan metano, compuestos orgánicos volátiles y partículas finas, que pueden generar asma, enfermedades cardiovasculares y síntomas neurológicos leves en la población expuesta. Documentó que los residuos líquidos son mal monitoreados, lo que genera riesgo de exposición química crónica para trabajadores y comunidades.
En 2022, un estudio de la Escuela de Salud Pública de Yale mostró que los niños que viven cerca de pozos de fracking en Pennsylvania tienen entre dos y tres veces más probabilidades de desarrollar leucemia infantil que aquellos que viven más lejos, mientras que una investigación de la Escuela de Salud Pública de Harvard (publicado en la revista Nature Energy) encontró que las personas mayores que residen cerca de estas instalaciones presentan mayor riesgo de muerte prematura. Además, el compendio 2024 de Physicians for Social Responsibility y Concerned Health Professionals of New York recopiló 2.239 estudios en revistas indexadas que documentan daños de salud asociados al fracking, la mayoría publicados desde 2018.
Las y los activistas que luchan en contra de la introducción del fracking en el Magdalena Medio saben en carne propia, que la salud humana y la del ecosistema están íntimamente conectadas. Esto no es nuevo: ya en los noventa, durante su lucha contra la exploración de Occidental Petroleum (OXY), el pueblo U’wa nos repitió que el bienestar de las personas es inseparable del bienestar de la tierra. Los habitantes de ecosistemas heridos por la minería del oro (en Chocó, sur de Bolívar o el nordeste de Antioquia), el níquel (en Córdoba), el carbón (en la Guajira y el Cesar) o la refinación y petroquímica (en Santander y Bolívar), conocen y anticipan los resultados de nuevas aventuras. Viven en paisajes que han sido dañados, pero insisten en cuidarlos y permanecer.
