En la década de los 30, las empresas de servicios públicos de Bogotá y Medellín emitieron regulaciones que promovían objetivos sociales y comerciales con el fin de construir infraestructura. La instalación de medidores de agua en hogares, comercios e industrias y la creación de tarifas basadas en el consumo fueron instrumentos claves en los esfuerzos por extender infraestructura a los barrios donde poblaciones con menores ingresos permanecían desconectados. La nueva regulación vino con la creación de un sistema preliminar de subsidio cruzado. Usando avalúos inmobiliarios, ambas ciudades cobraron tarifas por encima del costo total a usuarios con plata, así como a las oficinas estatales, los comercios y las industrias. Estos subsidiaban a arrendatarios y a hogares que no podían pagar tanto (y que estaban exentos de la medición de consumos). Subsidiaban también la construcción de plantas de tratamiento y acometidas, por ejemplo. A partir de entonces, varias formas de subsidio cruzado entre grupos con ingresos muy distintos se convirtieron en pilares centrales de la infraestructura en Colombia.
En diciembre de 1968, la Constitución fue reformada mediante el Acto Legislativo 1 de 1968, que creó un nuevo regulador nacional de tarifas de servicios públicos: la Junta Nacional de Tarifas. Esta recibió un mandato doble: garantizar la recuperación de costos y la supervivencia de las empresas y al mismo tiempo tener en cuenta “la capacidad financiera de los diferentes sectores sociales”. Algunos años después los estratos socioeconómicos reemplazaron a los avalúos como unidades básicas para organizar la redistribución. Los subsidios cruzados se nacionalizaron como una medida redistributiva, en medio de una enorme desigualdad, procesos acelerados de urbanización y la dependencia de todas las empresas de servicios públicos con respecto a préstamos e inversiones internacionales. La profesora Kathryn Furlong nos ha contado cómo el sistema de subsidios cruzados de Colombia se fortaleció a lo largo de los años 60 y 70 y medio sobrevivió durante la andanada de política neoliberal de los 90, pero fue debilitado tremendamente por la deuda de las empresas (desde EPM hasta Emcali, pasando por la EAAB).
La deuda que las empresas de servicios públicos fueron acumulando con bancos y entidades multilaterales para construir infraestructura (desde conexiones urbanas hasta represas) ascendió en proporciones absurdas con respecto a lo recibido originalmente. Esta capacidad de multiplicarse, explica Furlong, hace que el pago de la deuda se haga imposible hasta para las empresas de servicios públicos mejor administradas. Esto, debido a la devaluación del peso y los cambios en las tasas de interés. La presión de las entidades financieras internacionales también influyó en la conformación de estas grandes culebras: como lo explican algunas historias económicas del país, las devaluaciones del peso en 1963, 1965 y 1967 se hicieron por pedido expreso del Fondo Monetario Internacional. Otro elemento que saboteó los principios de los subsidios cruzados fue la desindustrialización del país, pues mucho de lo construido (en Medellín, por ejemplo) se basó en las facturas que entonces pagaban las industrias. Como nos cuenta el profesor Luis Vallejo, la participación de la industria colombiana en el Producto Interno Bruto tuvo su máximo valor en 1975 y se redujo fuertemente en los 90, debido, entre otras cosas, a las políticas del todavía tan influyente César Gaviria.
Entonces el sistema de financiación de infraestructura, que en algún momento combatía la desigualdad, hace agua, pues estas grandes deudas acaban por irse acumulando, gota a gota, en las facturas de la gente, incluso la que no puede pagar. Así las cosas, hay que concentrar la mirada en los planes alegres de adaptación al cambio climático, que incluyen la construcción de grandes infraestructuras, pues estos pueden ahondar las brechas.
