En el 2000, el Banco Mundial delegó a algunos de sus investigadores una evaluación de sus actividades en el sector de industrias extractivas de gas, petróleo y otros minerales. El informe, que causó cierta polémica dentro de la institución, concluyó en primer lugar que la riqueza potencial de recursos rara vez ha desencadenado en un crecimiento económico sostenible. Así mismo, afirmó que la mayoría de los Estados ricos en recursos naturales sufren inestabilidad civil y conflictos violentos; que existe una correlación negativa entre la dependencia de la industria extractiva y el crecimiento económico, y que los contratos firmados entre gobiernos y empresas (en su mayoría transnacionales) bloquean a los países en trayectorias que no permiten una regulación ambiental y social en el futuro. Pese a la contundencia de estas realidades y al hecho de que el balance se hace desde la entraña de una institución poco crítica y muy poderosa, la política minera persiste.
En Colombia, varias poblaciones acostumbradas o cercanas a numerosos extractivismos han tenido claras estas conclusiones por décadas. En particular, los mecanismos de participación democrática introducidos por la Constitución de 1991 fueron aprovechados con fuerza desde 2006 en procesos para proteger las fuentes de agua, los territorios y la vida cotidiana de comunidades campesinas. La profesora María Cecilia Roa-García ha estudiado los procesos de consultas populares, desde el trabajo cotidiano de organizaciones locales y nacionales hasta los pormenores de las decisiones judiciales y el quehacer de los tribunales superiores. Roa-García explica cómo este proceso ha sido gradual y tiene cuatro fases.
A la fase inicial, que comenzó con un episodio de resistencia contra un botadero regional de basuras en Nemocón (Cundinamarca), le siguió un período de expansión en el que salieron adelante iniciativas contra proyectos mineros en Tauramena (Casanare) y Piedras (Tolima). La tercera fase, de consolidación, fue propiciada por la demanda que Mónica Flórez, en Pijao (Quindío), entabló en colaboración con Dejusticia y que culminó con la sentencia T-445 de 2016 del tribunal constitucional. Esta, que confirmó el derecho de los municipios a consultar con sus ciudadanos sobre la extracción de petróleo y la minería en sus territorios, abrió la puerta a un período de intenso cabildeo, de polifonías en el activismo y de consultas exitosas. A este le siguieron los años de reacción, de demandas entabladas por las mineras, reveses en varias sentencias y cambios en la composición de la Corte. La reacción introdujo una serie de retrocesos, que culminaron con la negativa a financiar más consultas, por cuenta del Ministerio de Hacienda, que argumenta no tener mayores fondos.
Una última fase en este proceso toma impulso en el presente. Esta es la inventada por las comunidades que, ante los bloqueos estatales y los argumentos de austeridad, han decidido hacer consultas autónomas. Pequeñas consultas en resguardos de Barrancas (Guajira) y en el municipio de San Lorenzo (Nariño) se han hecho mediante colectas independientes y sin fondos estatales. En el mes que comienza se organiza fuertemente el municipio de Mercaderes (Cauca) para votar no a la minería metálica de mediana o gran escala y a la exploración y explotación de hidrocarburos en la consulta del próximo 3 de agosto. Luego de cumplir todos los requerimientos para hacer una consulta popular en 2017, un tribunal del Cauca falló a favor de la pregunta propuesta y el alcalde convocó a votación para el día 4 de febrero de 2018. Poco después la fecha fue cancelada, pues la Registraduría Nacional dijo no tener presupuesto. Ante la desilusión, la comunidad persistió: “hemos continuado reflexionando y llevando a cabo acciones en defensa del agua y el territorio, con ejercicios que llevaron a la construcción de los mandatos comunitarios y ciudadanos por el agua”.
