“Alas, cantos y colores” fue como se se bautizó el proyecto que unió datos históricos con información nueva para entender cómo “los cambios en el paisaje y el clima están afectando la diversidad y el estado de conservación de las aves” en el país. Financiado por el Estado colombiano con la participación de instituciones de investigación de Colombia y Estados Unidos, el proyecto capturó la imaginación de comunidades, líderes veredales, niños y biólogas de universidades urbanas. Varias de las familias que participaron y aprendieron buscando pájaros se recuperaban tras haber sido víctimas de desplazamiento forzado.
En su momento, todo el impulso por censar y contar las historias de las aves enmarcó las ilusiones de los Acuerdos de Paz y el llamado posconflicto. Fueron censados el atrapamoscas sepia, el saltarín rayado, el saltarín barbiblanco, la perdiz roja, la reinita rayada, la cotorra coroniazul, el carpintero castaño, el toche negro, el loro orejiamarillo... Este último era el pájaro preferido de Gonzalo Cardona Molina, coordinador de la Reserva Proaves Loros Andinos, asesinado en 2021. El cuidado de este pájaro en vía de extinción venía de la mano de caminar y observar y fue este el quehacer que hizo que bandas armadas en la cordillera Central lo consideraran incómodo.
Casi que por inercia burocrática, el Estado colombiano financió las actividades del proyecto “Alas, cantos y colores”, pero el gobierno del presidente Iván Duque tomó decisiones para retrasar la implementación de los Acuerdos de Paz. En palabras de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, “la implementación del Acuerdo ha ido peor de lo previsto y las oportunidades para romper el ciclo de violencia se están evaporando”. Esto se traduce en la emergencia de nuevos grupos y en la soledad de campesinos y comunidades indígenas a merced de violencias por rutas y tierras. Es también la soledad de personas con agendas ecológicas que atraviesan trochas y caminos para documentar la vida de ríos, bosques, humedales, páramos y manglares.
Fernando Vela Lozada, Yobani Carranza Castilla, Wilton Orrego León, Javier Parra Cubillos y Gonzalo Gardona Molina son apenas cinco de las personas asesinadas mientras cuidaban, caminaban y se aferraban a un pedazo de medio ambiente. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde la firma del Acuerdo de Paz hasta 2021 “un total de 611 líderes ambientales fueron víctimas de homicidio”. De acuerdo con Indepaz, 332 de ellos eran dirigentes indígenas; 75 eran afrodescendientes miembros de consejos comunitarios protectores del territorio; 102 campesinos eran defensores de sus regiones; 77 eran campesinos miembros de juntas de acción comunal y 25 eran líderes activistas ecologistas.
Fue en este despertar tan duro en la política de muerte, parafraseando a Francia Márquez, que se lanzó en días pasados el libro El camino a cero, escrito por Iván Duque. En redes sociales de la Presidencia se hizo publicidad en varios idiomas, usando imágenes de hombres indígenas caminando con mochilas, de páramos cundidos de frailejones, de niños sembrando árboles y de un lorito. En la propaganda, narrada con voz femenina, se recuerda que el gobierno Duque fortaleció el marco normativo moderno y protegió el 30 % de “nuestras áreas marinas y terrestres”. La propaganda termina anunciando que el Gobierno ha construido el camino a cero, para llegar a ser “Colombia carbono neutral”.
Mientras María Correa, jefa de gabinete de la Presidencia de Colombia, publicitaba el libro en redes sociales y se compartía el video, líderes ambientales en el Magdalena Medio y principalmente en el municipio de Puerto Wilches (Santander) hacían públicos los panfletos en que eran amenazados de muerte. Los líderes han hecho campaña en defensa del agua y contra el fracking en una región donde cada día hay nuevos grupos armados. El piloto para la extracción de petróleo mediante el fracturamiento hidráulico (fracking) se efectuará en los yacimientos no convencionales de Kalé y Platero, ubicados en Puerto Wilches.
