La Gobernación del Atlántico “impulsa modelo de protección costera con experiencias basadas en Puerto Mocho y Puerto Colombia”. La nota (del periódico El Heraldo) informa sobre cómo la Gobernación, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y la Universidad del Magdalena firmaron un convenio con la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (Fihac) para desarrollar un Sistema de Modelado Costero, “herramienta fundamental para la adaptación y el manejo sostenible de la zona litoral del Caribe colombiano”. Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, explicó que el convenio es “un paso fundamental para garantizar un Atlántico más resiliente y preparado frente al cambio climático”. La alianza, nos dice El Heraldo, continúa estudios ambientales e hidrodinámicos en las ciénagas de Mallorquín, Manatíes y Balboa y destinará 500 millones de pesos “para implementar una plataforma de modelado costero y bases de datos oceanográficos y climáticos para la autoridad ambiental del Atlántico”.
Se abren caminos y billeteras a un futuro de adaptación al cambio climático y cabe recordar experiencias del pasado reciente con un inicio similar. Hace más de cuatro años estudios se anunciaban y se compartía cierta preocupación sobre la situación de la ciénaga de Mallorquín (un humedal estuarino ubicado al norte de Barranquilla, donde se encuentran las aguas del río Magdalena y el mar Caribe) que se describía como fuente de contaminación y cuna de manglares degradados. Para entonces se habló de “cargas altas de contaminantes, coliformes totales y metales pesados” y se alertó sobre las consecuencias inexorables del cambio climático. Es decir: el aumento del nivel del mar, la erosión costera, los periodos de lluvia (y sequía) más intensos y el aumento en las temperaturas del agua (que llevarían a la pérdida de manglares).
Ante estos prospectos devastadores, aparecieron los planos del Ecopark Mallorquín que se presentó como un proyecto de recuperación urbana y ecológica centrado en la ciénaga de Mallorquín. Según la alcaldía, que es de los Char, hace tiempos, la intervención balancearía “la conservación del ecosistema (manglar, biodiversidad, capacidad de retención de agua) con el uso público, promoviendo senderos elevados para visitantes caminantes, espacios educativos, miradores y actividades náuticas sostenibles”. En un doble página, la Revista Axxis anunció que el diseño estaría a cargo de las firmas DEB y Mazzanti, “con una propuesta de barrera viva que protege el humedal frente a la expansión urbana, a la vez que permite el acceso bajo criterios de cuidado ambiental”. Axxis reveló que el Ecopark ponía “en tela de juicio la noción convencional de frontera”, ofreciéndola “ya no como un límite impenetrable, sino como un campo para la confluencia”. Y concluyó que la arquitectura de caminos (de Ecopark) “resguarda el ecosistema de la ciénaga para su recuperación ambiental y social, pero también la dispone como un lugar para el encuentro y el disfrute”.
Lo que ningún medio documentó en aquel momento fue el desplazamiento de quienes vivían en el mentado Park. El año pasado la Comisión Técnica de la Ciénaga de Mallorquín, conformada por el Ministerio de Ambiente, relató cómo en este humedal de 741 hectáreas se ubican grandes barrios, como La Playa y Las Flores, con cerca de 35.000 personas en condiciones de pobreza, asentamientos palafíticos y larga tradición pesquera. Pescadores, lideresas y habitantes denunciaron que no fueron informados ni participaron de manera relevante en la planificación y construcción de EcoPark. Muchos, dice el informe de la Comisión, tuvieron que informarse del proyecto a través de redes sociales, sin claridad sobre impactos en sus medios de vida. Como consecuencia del Ecopark se registró además el desplazamientos de familias en zonas como Puerto Mocho, la gentrificación y encarecimiento del suelo, así como la pérdida de actividades tradicionales como pesca artesanal, recolección de combustibles y pequeños cultivos caseros.
En un libro sobre los proyectos de adaptación al cambio climático en la región de Khulna (Bangladesh), la profesora Kasia Paprocki nos habla de cómo estos suelen operar mediante tres fases. Primero, se imagina una crisis: la región es pintada como un espacio de desastre climático inevitable, lo que legitima intervenciones urgentes y reconfiguraciones sociales y espaciales antes impensables. Segundo, este imaginario se traduce en experimentación: el territorio se trata como un “laboratorio” donde proyectos de innovación se valoran más por su atractivo para donantes que por su utilidad para las comunidades locales. Tercero, las experimentaciones cristalizan en procesos de desposesión de tierras y despojo de medios de vida.
