La idea de convocar a una Asamblea Constituyente fue aprobada durante el gobierno de Virgilio Barco, en medio de una oleada de violencia y apoyada por la presión de los medios de comunicación, el movimiento estudiantil y algunos sectores progresistas partidistas. Tras el publicitado acuerdo de paz con la guerrilla del M-19, se creó una amplia coalición constitucionalista, que arrasó en las elecciones de 1990. Las elecciones a la Asamblea Constituyente de 1991 las encabezaron el Partido Liberal, el nuevo movimiento M-19 y el Movimiento de Salvación Nacional (conservador). La constitución resultante ha sido alabada como una democratizadora, que intentó un proceso de modernización de las instituciones, trató de constituirse en un pacto de paz y de inaugurar un período de menor corrupción y mejores partidos políticos.
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En las elecciones presidenciales arrasó César Gaviria, con 2′891.808 votos, quien tenía entonces la oportunidad de conducir al país por caminos distintos. Aunque el suyo es un período sumamente complejo, se podría pensar que estuvo en el origen de tres procesos claves de desinstitucionalización nacional. Estos, con el tiempo, profundizaron el conflicto armado y minaron no solo la confianza en la democracia, sino también la construcción misma del Estado colombiano.
El primer proceso es el de la comercialización de los servicios públicos. En el caso del agua, por ejemplo, se enfatizaron los objetivos comerciales sobre los sociales. La Constitución abrió la puerta a la participación del sector privado al someter los servicios públicos a la “competencia de libre mercado”, basada en el principio de “libertad económica”. La Ley 60 de 1993 autorizó que los municipios privatizaran el suministro de agua. La Ley 142 de 1994 exigió además que las ciudades que desearan conservar la propiedad pública de sus acueductos justificaran su elección. La ley también fijó límites al nivel de subsidio cruzado entre estratos socioeconómicos (en donde los más acomodados subsidiaban a los que no podían pagar), que venía operando con éxito desde los años 20. En un país que se seguía urbanizando, muchos hogares fueron desconectados del servicio.
El segundo proceso fue la normalización de los ejércitos privados. Más exactamente de las Convivir, una experiencia estatal que duró de 1994 a 1999. Contrario a lo que se podría pensar, las Convivir no fueron creadas por entidades gubernamentales regionales, sino por el Estado central, con el Decreto 356 de 1994, del gobierno Gaviria. Activadas en el gobierno Samper en 1995, siguieron vigentes durante el gobierno Pastrana. En el papel, las mentadas Convivir pretendían colaborar con la fuerza pública, en una suerte de trabajo en grupo entre civiles y actores estatales encargados de la provisión de la seguridad. Sin embargo, con ayuda de cuadrillas de narcotraficantes, algunas élites rurales y algunas empresas multinacionales se convirtieron en un cultivo del paramilitarismo. El gobierno Gaviria, elegido como pacificador, catalizó procesos de extrema derecha armada en departamentos como Antioquia.
El tercer proceso es el de desdibujamiento del Partido Liberal. El gobierno Gaviria fue de reestructuración económica: apertura, comercio exterior, inversión extranjera y coqueteos con el sector financiero. Por ello, se privilegió por sobre todo la estabilidad económica. Y fue en búsqueda de esta estabilidad que se entablaron negociaciones con Pablo Escobar, cabeza del cartel de Medellín, quien era la piedra en el zapato de la confianza inversionista y el deseo de apertura de los mercados. Aunque, como muchos recordamos, subió a la presidencia tras el asesinato de Luis Carlos Galán (quien se la jugaba por separar al liberalismo de las mafias y las costumbres clientelistas), Gaviria negoció con sus asesinos.
