En una sección cotidiana en que el líder de opinión Julio Sánchez Cristo le hace preguntas a su compañero de mesa de trabajo de nombre Pombo (¿o Pardo?) surge la duda por el número de bombardeos aéreos gubernamentales. Alguien les contesta con una cifra y Sánchez le contra pregunta: ¿se bombardearon lugares y objetos o personas? Le responden que fue un ataque dirigido contra bienes materiales y no contra personas. Sánchez y otros se indignan burlonamente. Se indigna también un coro de periodistas mujeres, todas más jóvenes que Sánchez.
La mañana transcurre y se habla de los supuestos privilegios de los que gozan los grupos armados que negocian procesos de paz con el Gobierno. Estos grupos, nos dicen, “no pertenecen a una comunidad Franciscana” y trafican con “granadas y oro”. Llaman al gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, quien afirma que con “esa gente” no hay que “contemporizar” y pide que “termine el cese al fuego en Antioquia y buena parte del país”. “Ojalá”, declara, “que le permitan a la fuerza pública actuar con contundencia”. Sánchez vuelve a indignarse y pide que cesen los privilegios contra estas bandas a las que se refiere como “FARC”, a pesar de que estas últimas están desmovilizadas y se juegan la vida por continuar en la vida civil.
Contundencia. Bombardeos contra humanos y no cosas. Tanto la mesa de trabajo radial, como su entrevistado, caen presos de una trampa nostálgica.
Desde los ochenta la ofensiva (solución militar) contra subversiva fue continua y creció de manera exponencial durante el gobierno Uribe Vélez (2002 - 2010) con la política de Seguridad Democrática y la inyección de inversión contraterrorista de los Estados Unidos. En este periodo el número de soldados en el Ejército aumentó casi un 40 % y se pasó de gastar nueve a aproximadamente veinte billones de pesos en seguridad. La cifra de bombardeos se elevó. El Ejército combatió con todas las herramientas a las guerrillas (más no a paramilitares ni a las bandas que les sucedieron).
A través de esa primera década de los 2000, los mapas del conflicto se hicieron cada vez más complejos y el número de confrontaciones fue cada día más elevado. En aquel entonces se contaban con entusiasmo las bajas de subversivos en combate, no para condenar la crudeza de la guerra, sino para celebrar el triunfo sobre el enemigo. De estos conteos nacieron las ejecuciones extrajudiciales contra civiles (hombres jóvenes de barrios y veredas pobres).
Pese a tantas muertes e inversiones, la estrategia de una guerra contra la guerra fracasó y dejó sólo una estela de muertes. Tras un proceso de paz saboteado por una mayoría de colombianos y colombianas que eligieron a Iván Duque, vivimos hoy entre llamados a revivir la estrategia bien resumida por aquel señor uribista: “No se va a negociar, plomo es lo que hay, plomo es lo que viene”.
Este reflejo guerrerista se espera del actual gobernador de Antioquia, orgulloso del proyecto de la seguridad democrática y militante del Centro Democrático. Pero resulta extraño que otros y otras pidan, desde Bogotá y con desparpajo, el bombardeo de personas. Quizás el pedido tiene que ver con el poco valor que, desde hace décadas, se les adjudica a las vidas de algunos en Colombia. Y es que, además de los billones, confrontaciones y bajas, el conflicto armado nos dejó como herencia ciertas enseñanzas durísimas. Nos enseñó, por ejemplo, a clasificar los cuerpos que pueden ser asesinados y los cuerpos que no. ¿Qué cuerpos pueden morir sin dejar huella en la república? ¿Qué muertes generan indignación y qué otras no cuentan, sino para celebrar victorias?
